Obsolescencia programada
Obsolescencia de productos: derecho a la información para influir en el mercado

El Consejo Económico y Social Europeo (CESE) aprobó en el 2013 el Dictamen CCMI 112 sobre Duración de la vida de los productos e información al consumidor, en él se establecen Conclusiones y Recomendaciones. Sin ánimo de exhaustividad, solo a efectos informativos, transcribo algunas de ellas. El CESE:

• Aboga por la prohibición total de los productos cuyos defectos se calculan para provocar el fin de la vida útil del aparato.
• Recomienda a las empresas que faciliten la reparación de sus productos. Ello deberá efectuarse en torno a tres ejes, siendo el primero la posibilidad técnica, a continuación deberá mantenerse la posibilidad de que los consumidores puedan aprovisionarse de piezas de recambio durante un periodo de cinco años, a partir de la adquisición. Por último, al comprar un producto, se debería proporcionar un manual en el que se detallen las posibilidades de reparación y las instrucciones para realizarla.
• Fomenta las iniciativas voluntarias de certificación.
• Anima a los Estados a tener en cuenta los parámetros de lucha contra la obsolescencia programada en el marco de su política de contratación pública. Dado el volumen de la contratación pública en los Estados miembros de la Unión Europea (16 % del PIB) las autoridades públicas desempeñan un papel importante y éstas, por otra parte, han de ser ejemplares.
• Considera que la mejora de la calidad y de la sostenibilidad de los productos manufacturados generaría empleos duraderos en Europa y debe, por tanto, fomentarse.
• Propone ampliar el dispositivo de garantías vinculado a la compra mediante una garantía mínima de funcionamiento, de manera que las reparaciones se hagan a cargo del fabricante.
• Recomienda acelerar la investigación y las realizaciones en torno a tres ejes que constituyen frenos a la obsolescencia programada:
       1.El diseño ecológico de los productos.
       2.La economía circular.
       3.La economía de la funcionalidad.
• Preconiza un etiquetado sobre la duración de vida o el número estimado de utilizaciones de los productos para que el consumidor pueda escoger en el momento de la adquisición con pleno conocimiento de causa. Aboga por experimentar voluntariamente con un etiquetado en el que figure el precio por año estimado en función de la vida útil para fomentar la adquisición de productos sostenibles.
  

El etiquetado de los productos es fundamental para que los consumidores puedan ejercer, de forma adecuada, su influencia en el mercado. La información es absolutamente necesaria para los ciudadanos, a fin de eliminar la asimetría de información que se produce en el mercado entre empresas y consumidores. Las empresas no facilitan la reparación de los productos y a veces lo impiden técnicamente. Es fundamental que al comprar un producto se informe de las posibilidades de reparación y se den instrucciones para realizarla. 

Con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ODS 12 establece la necesidad de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Estos Objetivos, aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015, fijan los grandes bloques (objetivos) y las metas que se tienen que conseguir en cada uno de ellos para lograr su concreción hasta el año 2030. 

Muchas de las metas que se establecen en el ODS 12 tienen relación directa o indirecta con aspectos relacionados con la obsolescencia de los productos, por ejemplo: para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. 

Diferentes iniciativas, a nivel europeo y también a nivel mundial, están empezando a plantear nuevas formas de producción, comercialización y finalización de la vida útil de los productos fabricados, en una sociedad que no puede permitirse el lujo de seguir inundando de residuos el planeta, así como de extinguir las fuentes de materias primas para su elaboración. Es cierto que, salvo la Ley Francesa de 2014, las medidas que se están adoptando no son coercitivas, pero también es cierto que, desde la sociedad civil, junto a órganos de representación cualificados como el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) y Naciones Unidas a través de diferentes proyectos e incluso con las metas establecidas en el Objetivo 12 y otros Objetivos en menor medida, han abierto un camino por el que es absolutamente necesario que las empresas transiten, sobre todo si quieren tener continuidad en el mercado. 

Un nuevo tipo de consumidor está surgiendo y esta vez no desparecerá, como ha ocurrido durante estos años de crisis económica. Esto se debe a que ahora se han interiorizado de forma colectiva, recogiendo el trabajo realizado desde hace muchos años por organizaciones de la sociedad civil, algunos aspectos de consumo responsable que harán avanzar esas políticas en el mercado. Esto quiere decir que las empresas deben ser capaces de mejorar su producción, comercialización y servicio posventa para enfrentar ese desafío porque las que se sitúen en primera línea de salida serán las que serán más favorecidas por los consumidores, a la hora de elegir los productos o servicios que deseen comprar o contratar. 

Esta vez no es un fantasma que recorrerá el mundo, sino miles/millones de personas que con su forma de consumir y comprar, podrán inducir a cambios a este sistema económico obsoleto que sigue vigente y toda la gente conseguirá con sus opciones de consumo mejorar esta sociedad imperfecta en la que nos ha tocado vivir. Será para mejorar, no hay duda. Por eso, los aspectos relacionados con la obsolescencia programada, la obsolescencia indirecta, la obsolescencia por incompatibilidad o la obsolescencia psicológica son prioritarios para mejorar nuestro consumo, nuestro planeta, y para establecer relaciones diferentes entre los agentes presentes en el mercado. 

Concluyendo, en el mundo están cambiando la tecnología, la innovación, la sensibilización ciudadana, todo ello facilita herramientas a los ciudadanos para poder intervenir de forma eficaz en el mercado. Es nuestro derecho utilizarlas, es nuestro deber consumir de forma responsable y sostenible y exigir información, a través del etiquetado de los productos o servicios, para poderlo hacer. 

Recordemos, junto a Antonio Machado, que «hoy es siempre todavía».