Campesinado
#QuédateEnCasaNoEnSilencio #17Abril2020

Nos encontramos en un momento vital para reflexionar sobre las implicaciones de nuestro modo de vida a distintos niveles. En medio de una crisis sistémica, que agredía directamente a las personas y al entorno, surge una pandemia que amenaza con ser resuelta bajo las mismas lógicas que han tenido graves repercusiones negativas en la organización económica, política y social de estados, comunidades y pueblos.

A propósito de la situación de desamparo político que está viviendo la pequeña producción y el comercio local y de cercanía en nuestro país, resulta imperante llamar la atención sobre los problemas estructurales y profundamente arraigados que afectan al campesinado, con mayor incidencia en países, interesadamente llamados, “en vías de desarrollo”.

A nivel mundial, la estrategia adoptada para contener la pandemia se ha orientado hacia medidas de distanciamiento social, restricción de la libre movilidad y cese de la actividad económica. En América Latina, sin embargo, estas restricciones acarrean serias consecuencias. Según la OIT[1], datos recientes en América Latina y el Caribe ponen de manifiesto que el trabajo informal es de 53,8%, incluyendo tanto la actividad agrícola y como la no agrícola, con ocupaciones generalmente asociadas a condiciones precarias, falta de reconocimiento de derechos y desprotección social. Las restricciones para enfrentar la pandemia suponen dejar de tener ingresos para muchas familias que venden su producción directamente en las calles.

Este es el caso de las comunidades del Sur de Yucatán, con un 90% de la población indígena Maya. Varias familias productoras se han organizado en torno a un objetivo común: que su trabajo en la milpa contribuya a luchar por la soberanía alimentaria de sus comunidades.

Sus cultivos, ecológicos, se venden todos los martes en mercados locales de Mérida. Ahora, con la nueva situación sanitaria, la afluencia del medio de trasporte público que utilizan para trasladar la producción hasta la capital del estado, se ha reducido drásticamente. La comunicación y coordinación entre familias es aún más difícil, ya que en muchas de las comunidades no hay red telefónica y el acceso a internet es prácticamente nulo. La producción se echa a perder porque, para suplir las demandas de los consumidores de la ciudad, se cultivan productos que no son habituales en la dieta de las comunidades.

La reforma agraria, impulsada por los gobiernos revolucionarios mexicanos, que buenamente proponía el reparto de tierras entre el campesinado, ha venido configurando, en sus sucesivas reformas, la estructura de la propiedad de la tierra en México y también supone un elemento de inestabilidad para muchas de las familias del Sur de Yucatán. Según Torres-Mazuera [2] existe un desajuste que ha venido siendo heredado desde la primera Ley Agraria entre las costumbres y prácticas sociales entorno a la tenencia, uso y trasferencia de la tierra.

La técnica de cultivo de la roza-tumba-quema tradicional maya resultaba incompatible con la forma de tenencia ejidal, que establece límites territoriales precisos y derechos exclusivos a un grupo de personas identificadas como ejidatario. La milpa no asignaba derechos específicos sobre un terreno especifico a nadie, a diferencia del uso ejidal, en el que cada miembro tiene derecho a usufructuar individualmente las propiedades de la corporación. Hasta la década de los años 60, no hubo problema para que los milperos pudieran elegir tierra, sin embargo, con el crecimiento de los ejidos, empezaron las disputas.

La falta de regulación, en cuanto a la explotación del bosque y la inexistencia de sanciones, ha conllevado la privatización del ejido. Fue el inicio de la trasformación productiva, la creación de las sociedades de producción rural y la consolidación de los ejidatarios como grupo de poder en a nivel local.

Una estructura de propiedad (y poder) heredada hasta hoy, como cuentan algunas vecinas de una comunidad maya del Sur de Yucatán: “Mi padre fue a una reunión de ejidatarios y le concedieron un permiso de 8 mecates (alrededor del 30 % de una hectárea de terreno) y ahora se lo han quitado, cuando lleva 45 años trabajando, porque el comisario ejidal se le ocurrió agrandar el pueblo para agrandar carreteras”.

Esta estructura ha propiciado, en parte, la entrada de producción a gran escala y de inversores extranjeros, con altos costes ambientales y sociales, pues ha diluido el tejido comunitario local, el respeto por las formas de producción tradicionales y por la conservación del territorio.

Este es un ejemplo que se repite a lo largo del mundo.

Hoy 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, debemos visibilizar que muchos de los productos que consumimos están ligados indirectamente con procesos de acaparación de tierras e instauración de monocultivos o cultivos comerciales, de inversión extranjera, expulsando a campesinos y campesinas de sus territorios. Pero también debemos hacer constar que con nuestro consumo podemos favorecer otro modelo de agricultura y alimentación. Tal día como hoy, reivindicamos el derecho a la tenencia de la tierra, el derecho de los pueblos a ser guardianes de su soberanía alimentaria.

[1] Organización Mundial del Trabajo (OIT). 2018. Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama estadístico.

[2] Torres-Mazuera, G. 2015. Las consecuencias ocultas de la enajenación de tierras ejidales: proliferación de disonancias normativas. Desacatos, (49), 150-167.