Coronavirus
Colectivos sociales denuncian la falta de intérpretes en el sistema sanitario

“Manifestamos nuestra preocupación por la inexistencia de servicios de intérpretes en el ámbito sanitario, que garanticen el derecho a la salud y a la vida, de centenares de personas”, reclaman en un comunicado desde la Red Interlavapies, la Red Solidaria de Acogida (RSA) y la Asociación Valiente Bangla, esta última que nuclea al colectivo bangladesí, uno de los que más estaría padeciendo esta situación.

Al respecto, señalan que “la imposibilidad de comunicación con el personal que atiende las líneas telefónicas asignadas para diagnosticar posibles contagios e informar sobre las indicaciones y tratamiento a seguir, es un grave obstáculo” y recuerdan que “es obligación de las autoridades competentes que nadie quede afuera de la resolución de esta crisis”.

Las alarmas saltaron el pasado 26 de marzo, cuando un vecino y empresario del barrio de Lavapiés, oriundo de Bangladesh, fallecía en su domicilio tras reiteradas llamadas al teléfono especial dispuesto por la Comunidad de Madrid y al número 112, ocasiones en las que habría tenido que recurrir a la ayuda de familiares ante la dificultad para hacerse entender.

En la web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se encuentran traducciones en árabe, inglés o francés, que resultan insuficientes para esta población específica. Por ello, desde el inicio de la pandemia desde Valiente Bangla grabaron vídeos y podcast de audio para que se difundan entre la comunidad, con la intención de paliar el déficit que denuncian. Además de ofrecer sus teléfonos personales para cualquier necesidad de comunicación del personal médico.

“Pero la comunicación con el personal sanitario no puede recaer en los familiares o amigos, ni en las asociaciones de las comunidades migrantes, porque esto supone un sobrecargo de trabajo y una responsabilidad emocional excesiva en estos momentos”, advierten desde las entidades denunciantes, que demandan la contratación de intérpretes profesionales.

En tal sentido, desde las organizaciones que el martes lanzaron la campaña “¿Cómo quieres que me cuide, si quien me cuida no me entiende?” informan que hasta el 18 de marzo, es decir una semana después de que el brote de la covid19 se declarara pandemia y ya decretado el estado de alarma, funcionaba en el distrito Centro “un servicio de intérpretes que podía ser demandado por cualquier persona para requerir una traducción en un centro sanitario o cualquier otra gestión relevante para la que la barrera idiomática fuera un impedimento”.

El mismo estaba activo desde hacía al menos dos años y el gobierno del Partido Popular decidió no renovarlo. Un recorte que ha dejado uno de los barrios con mayor población migrante sin una prestación que las organizaciones consideran “vital” y que exigen recuperar. Así lo han peticionado en sendas cartas enviadas este miércoles al Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento.

Esta misma semana, la sección Salud de inmigrantes y minorías étnicas (MEM) de la Sociedad Europea de Salud Pública (EUPHA) emitía una declaración en la que llamaba a la “reducción del impacto de la crisis del coronavirus en colectivos olvidados” y advertía que “la cadena de medidas de prevención es tan fuerte como su eslabón más débil, y no incluirlos conllevaría mayores desastres. Ignorar u olvidar a estos grupos no solo les puede costar la vida, sino que, sin duda, tendrá, un impacto negativo en el control de la pandemia”.

“Las recomendaciones oficiales deben traducirse a todos los idiomas relevantes y se debe alentar la participación de los migrantes. A pesar de la crítica sobrecarga de los servicios de salud, la competencia cultural y la sensibilidad a la diversidad en la prestación de servicios de salud son imprescindibles. Para la difusión de información, se deben usar los canales de comunicación apropiados incluyendo a la sociedad civil, las ONG e instituciones relacionadas con los migrantes, pero para ello es necesario disponer de fondos suficientes”, destacaba la entidad.

La pandemia no detiene la exclusión

Desde el Gobierno se ha reiterado tanto que España ha recuperado el sistema de sanidad pública y universal con el Real Decreto Ley 7/2018 que una parte importante de la sociedad lo cree. La versión, sin embargo, está alejada de una realidad donde se sigue excluyendo a diferentes grupos de vecinas y vecinos a quienes ni en tiempos de pandemia se las reconoce el derecho a la asistencia sanitaria gratuita.

Tras casi un mes de estado de alarma, ninguna autoridad ha dado órdenes claras tendentes a revertir la situación, a pesar que uno de los grupos que padece la exclusión sanitaria es el de ascendentes de ciudadanos comunitarios de la Unión Europea, hombres y mujeres de la tercera edad que no tienen acceso al sistema público de salud.

Así lo denunciaba el 16 de marzo pasado la organización Médicos del Mundo, que pedía “se garantice la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa”.

La ONG médica agrega a las ascendentes reagrupadas, a las personas sin hogar. “La mayoría no acceden habitualmente a los centros de salud, sino que son atendidas a través de los servicios de urgencias en una situación grave o extrema”, asegura, y agrega que “un 24,3% de las personas sin hogar de nacionalidad española y un 75,7% de otras nacionalidades no tenía tarjeta sanitaria, según el Instituto Nacional de Estadística”.

Asimismo, destaca que desde la entrada en vigor del Real Decreto, desde la red REDER que integra, han documentado entre la población migrante “1.890 casos de exclusión sanitaria, incluyendo los de 60 mujeres embarazadas, 122 menores de edad o 90 personas que requerían asistencia de urgencias, todas ellas por no poder documentar que viven en España el mínimo de tres meses que se les exige”. Un número que, sospechan, puede ser mucho mayor.

Desde hace ocho años son innumerables los protocolos e instrucciones que se anteponen a la necesidad de personas que llegan a un centro de salud o un hospital y se van con un “no” como respuesta, con independencia de la enfermedad o gravedad de su dolencia. Es la institucionalización de un racismo que a veces se deriva del espíritu de la propia ley y otras, del simple arbitrio de quien tiene el poder administrativo de permitir o no el acceso a un derecho que debería ser incuestionablemente universal.

En el caso de Madrid, esta exclusión se potencia con la prohibición de atención a toda persona que no lleve al menos 3 meses empadronada en la Comunidad. Como ha sacado a la luz la Plataforma Yo Si Sanidad Universal, desde 2017 el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) imparte cursos al personal administrativo que alientan la exclusión, incluso a mujeres embarazadas y menores de edad. Así, personas que quizá llevan muchos años viviendo en España, al mudarse a Madrid, se quedan sin cobertura sanitaria hasta tres meses después de la fecha de empadronamiento. Con la pandemia, no ha habido ninguna indicación que ordene suspender esta orden.

Sobre estas limitaciones, la EUPHA dice que “es esencial incluir a todos los MEM de Europa en las medidas de protección, campañas de información y prestación de servicios de salud que se están llevando a cabo actualmente” y solicitan “la suspensión temporal de cualquier política que pueda excluir a los migrantes el acceso a estas medidas”.