Pablo 'Pampa' Sainz

En acatamiento a un decreto de la Alcaldía de Rivas Vaciamadrid, la empresa responsable del servicio eléctrico desconectó de la red a doce parcelas señaladas por un informe policial como posibles focos de cultivos ilegales. La operación, sin embargo, no sirvió para restituir el servicio a las familias afectadas.

Las familias damnificadas por los 101 días sin luz habían avisado de que este recurso no funcionaría, ya que no quieren abandonar sus casas. Y como en una crónica de un fracaso anunciado, el centro no disponía de gasóleo suficiente para el generador que debía calefactar el recinto.

La falta de suministro eléctrico impidió descongelar la comida de catering que se sirve y obligó a 54 niños y adolescentes a comer y cenar bocadillos fríos. El servicio fue restablecido a primera hora de este domingo, 10 de enero.

Las familias de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, que desde hace 98 días son condenadas a vivir sin suministro eléctrico, rechazan los planes de traslado de emergencia improvisados por el Ayuntamiento de Madrid ante el temporal Filomena. “Se nos está dando un tratamiento indigno”, acusan desde el tejido social del barrio.

Más de 300 personas han llevado su protesta a las puertas de la empresa responsable de suministrar energía eléctrica a los sectores 5 y 6 que llevan 94 días sin luz. Desde la compañía argumentan que "son las administraciones las que deben dar la orden”.

La tradicional protesta transcurrió con cierta normalidad aunque no pudo cumplir su cometido de terminar frente al Centro de Internamiento de Extranjeros al ser bloqueada sobre la Avenida de los Poblados, a unos 200 metros del final del recorrido. 

El Colectivo Caminando Fronteras denuncia que en 2020 en el intento de llegar al Estado español por vía marítima han fallecido 2.187 personas. De acuerdo al monitoreo realizado “es uno de los peores y más mortíferos años”. Desde la organización piden al Estado español poner en marcha las medidas necesarias para “garantizar el derecho a la vida”.

Según la Plataforma CIE No en este momento tres personas estarían “en celdas de aislamiento”, sin ser trasladadas a dependencias sanitarias. La reapertura del Centro de Internamiento madrileño se produjo el pasado 6 de octubre pese a que informes internos advertían de “un importante riesgo de propagación” en especial en caso de que algún interno contrajera el coronavirus.

La Marea Blanca ha logrado reunir a miles de personas en lo que es una de las manifestaciones más importantes en Madrid, desde el inicio de la pandemia. La defensa de una Sanidad Pública y Universal ganó la calle en una manifestación donde no faltaron los gritos de “Ayuso dimisión”.

Convocadas bajo el lema “Madrid pasa hambre”, entidades sociales,  asociaciones vecinales y personas provenientes de diferentes barrios se concentraron a las puertas del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social de Madrid para denunciar la inacción del Ayuntamiento ante el aumento de la precariedad y el hambre.

La sentencia es fundamental no solo para quien la ONG ASNUCI había interpuesto la demanda, sino para el colectivo de personas migrantes temporeras que, durante su residencia permanente o temporal en el municipio, se ven obligadas a vivir en infraviviendas y poblados chabolistas.

El Ministerio de Interior reactiva los dispositivos de detención, encierro y expulsión de personas migrantes. El vuelo a Nuadibú, previsto para el 10 de noviembre, llega siete meses después de que el cierre de fronteras abortara la política de deportaciones.

La comunidad bangladesí y la campaña #IntérpretesYa, que desde abril impulsan la Red de Intérpretes Mediadoras de Lavapiés, denuncian “la política de parcheo, incompetencia y segregación” de la Comunidad de Madrid y cuestionan que el nuevo sistema “no da respuesta a la necesidad apremiante de la tarea de mediación entre los centros de salud y las comunidades migrantes”.

De aquí a finales de año un centenar de niños, niñas y adolescentes cumplirán los 18 años y saben, por la situación de otros muchos que a lo largo del año han alcanzado la mayoría de edad, que sin estar debidamente documentados se los condena a situación de calle y a no poder pasar a la península.

Más de un millar de intervenciones telefónicas han facilitado el entendimiento entre el personal médico y sus pacientes. Los colectivos sociales del barrio exigen a la Comunidad de Madrid la creación de un servicio público “para que ninguna persona quede excluida de la atención sanitaria”.

En la isla de Lesbos, Grecia, la vida es una pausa para las miles de personas que llegan en busca de un futuro mejor y siguen presas de las políticas migratorias de la Unión Europea. Perimene –espera— es la palabra más repetida entre las solicitantes de protección internacional que sobreviven al campo de refugiados más grande de Europa.

La medida de internamiento en el Centro de Madrid se produce pese a que un informe privado de los responsables policiales reconoce los riesgos de transmisión del coronavirus, “especialmente” para los internos, precisamente lo que hace una semana atrás denunciaron más de 200 organizaciones sociales que pedían su cierre definitivo.

Tras el incendio en el campo de refugiados de Moria, el más grande de Europa, 13.000 personas esperan una solución a su situación.

Trasladadas a un nuevo campo bajo la amenaza de ser este el único modo de continuar con sus procedimientos de asilo, las personas que sobrevivieron al incendio de Moria tienen por delante un horizonte duro, privadas de libertad, de bienestar y también de derechos.

En lo que denominan una “escalada de movilizaciones”, las primeras acciones tendrán lugar el martes 15 de septiembre con concentraciones a las puertas de cada centro de salud, y el lunes 21 ante la sede de la Consejería de Sanidad. De no haber avances, podrían ir “a paros parciales o totales”.

A diez días del cambio político que ha experimentado la localidad de la sierra norte, la “sorpresa” sigue siendo el denominador común entre sus habitantes, ante el paso de un gobierno tripartito progresista a otro conservador liderado por el PP en coalición con PSOE, con la complacencia de Unidas Izquierda Unida Podemos (UIUP).

Desde hoy el aislamiento será en grupos de hasta 25 personas en ocho localizaciones diferentes y por un lapso de diez días. Si no hay nuevos positivos en esas unidades de confinamiento, recibirán el alta. El Ayuntamiento ofreció destinar un pabellón para aquellos que decidan quedarse a hacer la temporada del campo en la región.

La plataforma ciudadana ha vuelto a denunciar, frente a la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, la gestión de la desescalada en las residencias. “Están haciendo políticas restrictivas de libertades”, denuncian.

La sentencia es un paso fundamental para quienes solicitaban protección internacional en Ceuta y Melilla y por decisión de los sucesivos Gobiernos, se les impedía el paso a la península. 

Para la entidad médica las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha “no garantizan la seguridad sanitaria” promulgada por el Ministerio de Sanidad.

La Comunidad de Madrid ha hecho público el nuevo convenio firmado con la iglesia. Por la asistencia anual de 53 capellanes a tiempo completo y 20 a tiempo parcial se pagarán de las arcas públicas el total de 937.187 euros sin incluir las compensaciones.

Las protestas originadas por las condiciones de insalubridad que sufrían unas 400 personas en su confinamiento obligado por un brote de coronavirus, han forzado a las autoridades municipales y de Castilla La Mancha a su realojamiento. A seis días de detectados los positivos, los temporeros esperan que hoy, 22 de julio, comience su traslado.

En solo cinco días, el incendio de tres poblados chabolistas habitados por trabajadoras migrantes del campo, ha dejado a más de 400 personas si techo. El fuego no solo ha destruido sus casas, sino también documentación vital para sus aspiraciones de regularización. Algunas fuentes sospechan que los incendios podrían ser intencionados.

Terminado el Estado de alarma, la progresiva apertura de las fronteras internacionales abre la puerta a que los CIE recuperen su funcionalidad. Este es un recorrido de los momentos más oscuros en sus 35 años de historia.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en Argentina endurece hasta el 17 de julio la cuarentena obligatoria para reducir el crecimiento de los casos de contagio y muerte por coronavirus y evitar el colapso del sistema sanitario. 

Colectivos migrantes y racializados salieron a la calle en todo el Estado para conmerorar el 20J, Día internacional de las personas refugiadas.

Personal sanitario rindió un emotivo homenaje a las y los profesionales médicos fallecidos durante la pandemia. Desde el Comité de Huelga MIR anunciaron que de no mediar un acuerdo, a partir del 13 de julio iniciarán una huelga indefinida.

Las organizaciones que trabajan en el apoyo y acogida a las personas solicitantes de asilo sospechan de la velocidad con la que se estarían analizando miles de expedientes. Si, como sucedió en 2019, solo el 5% de estas resoluciones son positivas, una gran mayoría se quedará fuera del sistema de protección.