Opinión
Mediterráneo Central: La vergüenza de Europa y el chantaje de Trípoli

El buque alemán Alan Kurdi llevaba ya una semana a la espera de un puerto donde desembarcar a las 150 personas supervivientes rescatadas el pasado 6 de abril, cuando el barco humanitario Aita Mari aparecía en las aguas del Mediterráneo central. En su camino de regreso a Bizkaia, el buque navegaba con una tripulación mínima, sin socorristas ni médicos a bordo; sin embargo, la tripulación decidió responder a una llamada de auxilio, inexplicablemente ignorada durante seis días.

En la patera, se encontraba un grupo de personas, entre ellas dos niños y una mujer embarazada, exhaustos y semi-conscientes, después de una semana en agonía en medio del mar, sin comida ni agua. Los nueve marineros del barco vasco, junto con los supervivientes, han permanecido una semana varados en las aguas entre Malta y Lampedusa sin permiso para atracar, culpables de haber salvado la vida a cuarenta y tres seres humanos.

Las personas rescatadas por los dos buques humanitarios han sido finalmente trasladadas a un barco italiano de pasajeros el pasado fin de semana. A bordo del ferry, tendrán que esperar todavía 14 días de cuarentena antes de tocar tierra firme. Esta nueva estrategia implementada por el gobierno italiano es una de las medidas que sigue el cierre de los puertos de la península suscrito el pasado ocho de abril, cuando bajo el pretexto de la crisis sanitaria, los países ribereños cerraron sus puertos. Entre las dos costas atrincheradas, sin embargo, se quedaban cientos de personas a merced de las olas.

Las autoridades libias declaran no tener el puerto bajo control a causa de los bombardeos. Un acto sin precedentes, acompañado de una inusual —y sospechosa— permeabilidad de la frontera marítima

Para complicar ulteriormente el panorama, ante el cierre simultáneo de los puertos de Italia y Malta, el 9 de abril las autoridades libias pusieron en marcha un plan sin precedentes: por primera vez, el gobierno de Trípoli cerró su puerto, impidiendo el atraque a sus mismas patrulleras. Las autoridades libias declaran no tener el puerto bajo control a causa de los bombardeos. Un acto sin precedentes, acompañado de una inusual —y sospechosa— permeabilidad de la frontera marítima, donde los supuestos Guardacostas libios parecen de repente incapaces de contener a los barcos que huyen del país, en guerra civil desde 2014.

Como se sabe, desde 2017 los gobiernos europeos han estado financiando y entrenando a las milicias en apoyo del gobierno de al-Sarraj con el objetivo —logrado— de promocionarlas como Guardia Costera Libia en el registro de la OMI (Organización Marítima Internacional), bajo el acuerdo de que esta última intercepte las pateras que huyen de la costa africana y los devuelva a Libia.

El 11 de abril pasado, con puertos cerrados y patrulleras amarradas, las autoridades libias declaran que “obligadas a hacer frente a los ataques del ejército del general Haftar, Trípoli se encuentra incapaz, con los recursos actuales,  de controlar la salida de las embarcaciones de los migrantes”, una declaración que sugiere una invitación a aumentar la financiación europea destinada a las milicias de Trípoli.

El mismo día que los refugiados rescatados por Aita Mari dejan la costa de Tripolitana, zarpa también una segunda patera. El 10 de abril un avión de Frontex identifica el bote, y las 60 personas hacinadas a bordo. Desde entonces, Malta, Italia y las otras instituciones europeas presentes en el Mediterráneo central estan informadas del caso, y de su estado de emergencia vital. Pero no ponen en marcha ningún plan de rescate, en abierta violación del derecho internacional del mar.

En la noche del 14 de abril, los náufragos llevan una semana en el mar cuando las autoridades maltesas, por fin, lanzan la alerta a través de NAVTEX. La tarea de rescatarlos se asigna inicialmente al barco mercante Iván, que navega hacia el bote; sin embargo, las olas de dos metros y el borde demasiado alto del barco no permiten el rescate. Siete personas fallecen esa noche, tratando de llegar al carguero; sus cuerpos desaparecen en el mar, y en el silencio de las instituciones.

La alerta de La Valletta desaparece de las comunicaciones del SAR esa misma noche, aunque ningún rescate tuvo lugar. Que ha pasado con las sesenta persona a bordo de la patera? Ni siquiera las autoridades italianas parecen ser conscientes de la suerte del bote, tanto que lanzan —en vano— varias misiones de reconocimiento aéreo. El martes por la noche, las autoridades maltesas declararon que no hay más casos abiertos en la zona SAR bajo su responsabilidad, sin emitir ninguna información sobre la suerte de los sesenta náufragos.

ACNUR informará más tarde que 51 náufragos fueron llevados a Trípoli, junto con cinco cadáveres. Los supervivientes, entre ellos una niña de menos de un año, esperarán más de 12 horas en el muelle de Trípoli, agotados, antes de ser trasladados a un centro de detención. El coronel Abdelsamad, jefe de operación de la supuesta guardia costera libia, informará que la devolución en caliente fue coordinada por La Valletta.

Tras lo que parece una devolución en caliente acordada entre La Valleta y Trípoli, Malta solicitaba a Bruselas un paquete de 100 millones de euros lo antes posible para Libia, así como más recursos para sus guardacostas

El día siguiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Malta publica una solicitud dirigida a Bruselas para que la Unión proporcione a Libia “hoy, no mañana” un paquete de 100 millones de euros lo antes posible, así como más recursos a los guardacostas libios “para permitir las actividades de control fronterizo y garantizar que Trípoli pueda ser declarada un refugio seguro para que los migrantes desembarquen”. Esta propuesta, en medio de la mayor crisis sanitaria que nuestras generaciones recuerden, sugiere un acuerdo tácito con las autoridades de Trípoli, que, sospechosamente justo estos días, muestran de repente toda su incapacidad tanto para contener el flujo migratorio como para controlar su puerto principal.

El brote del covid-19 se ha convertido no sólo en un pretexto más para normalizar la práctica de la no asistencia en el mar, cerrar las fronteras y dar una vez más la espalda a los fugitivos invisibles del Mediterráneo central, sino también en el terreno perfecto para el chantaje libio a Europa. Con el objetivo de potenciar las fuerzas desplegadas en el conflicto civil contra el general Haftar, Trípoli está extorsionando a la Unión Europea para conseguir nuevos fondos,  bajo la amenaza de un flujo incontrolado de seres humanos a través del Mediterráneo. Una lección bien aprendida por Erdogan, cuyos barcos y aviones teledirigidos patrullan ahora las costas libias al oeste de Trípoli.

Con el pretexto de la crisis sanitaria, las autoridades europeas siguen ignorando la obligación legal —y moral— de salvar vidas. Sin embargo, a pesar de cualquier pandemia, las víctimas del conflicto libio siguen zarpando rumbo a Europa en busca de los derechos humanos más básicos; es la vida de estas personas, una vez más, la moneda de cambio del cínico chantaje político de Trípoli a Europa.