Coronavirus
La pandemia social: el “fracaso victorioso” de la élite de poder española

Ground zero. Los estadounidenses se referían con este término, “zona cero”, al escalofriante solar sobre el que, antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se habían erigido las majestuosas torres del World Trade Center neoyorquino. Este cementerio simbólico de los casi 3.000 asesinados por la locura del islamismo radical parecía haber olvidado la primera zona muerta: las explanadas de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki sobre las que un gobierno norteamericano puso una sangrienta conclusión a la Segunda Guerra Mundial.

España tiene también su “zona cero” tras esta primera fase de la pandemia covid-19. Residencias privadas con cadáveres de ancianos apilados frente a la incapacidad de un modelo concesionario, en ocasiones, de concepción criminal. Decenas de miles de trabajadores sanitarios, de obreros de la salud y del cuidado, protegiéndose precaria y vergonzosamente de uno de los virus más agresivos. Familias obligadas a permanecer en inmuebles que ya no pueden pagar y a los que apenas pueden traer comida…

Se trata de una humillación histórica, de un fracaso que estaba por llegar y que el coronavirus ha acelerado de manera sobresaliente. Un suspenso generalizado a las formas de administración de los recursos que tenían sus principales pilares en la racionalidad tecnológica, en el sofisticado cálculo de riesgos y en la confianza en una especie de “dejar hacer”.

El momento de hablar del ‘estado del Estado’

Cuando concluya la fase del “chivo expiatorio” —la peste china, el genocidio del 8M, la pandemia socialcomunista…—, llegará el momento de reflexionar sobre la impotencia que la humillación sufrida nos sugiere, sobre la incapacidad del Estado para resolver nuestros problemas y sobre las causas de todo ello.

Esta crítica, para ser realistas, exige partir de una noción de Estado bien distinta a la mayoritaria, que prefiere concebir al mismo como un conjunto de instituciones de naturaleza exclusivamente pública. El Estado que ha fracasado remite a una realidad más compleja. Como ejemplo ilustrativo, el sociólogo Rafael Fraguas se ha referido recientemente al “Estado del capital” como a una relación de intercambio entre unas instituciones públicas para las que la denominada “razón de Estado” justifica las acciones más duras —en una era de la vigilancia en plena intensificación— y un mundo de los negocios en el que la especulación financiera viene siendo durante décadas el inevitablemente nuevo modo productivo.

No podemos ignorar que nuestra extrema fragilidad tiene mucho que ver con la existencia de una relación pornográfica entre el Estado y las grandes corporaciones

Por mucho que se quiera culpar a un gobierno que comete errores cada semana, no podemos ignorar que nuestra extrema fragilidad tiene mucho que ver con la existencia de una relación pornográfica entre el Estado y las grandes corporaciones. Se trata de un eterno intercambio y un denso mapa de posiciones interconectadas que remiten a una comunidad elitista en la que la conciencia de clase atraviesa de manera transversal las instituciones de diverso cuño, y en el que las necesidades de la mayoría de la población quedan en un segundo plano.

Este mapa elitista produce una serie de condiciones que ahora llamamos estructurales, pero que tienen un carácter histórico y social, es decir, que se han venido construyendo en las anteriores etapas más o menos turbulentas de nuestra evolución como democracia o, antes, como “democracia orgánica”.

Las redes de poder y el poder de las redes

Algunos nombres y apellidos describen a los actores históricos del guión arriba resumido y sirven como ejemplo de lo que ha ido ocurriendo durante las décadas previas. En los años 70, el ingeniero industrial Claudio Boada presidía el Instituto Nacional de Industria (INI), con el tecnócrata José María López de Letona al frente del Ministerio de Industria.

Una de las empresas del mastodonte público era la malagueña Intelhorce, una textil que, tras un fuerte saneamiento, contaba con importantes expectativas de beneficios y también con la envidia de numerosos empresarios del sector privado. Intelhorce fue privatizada por Boada en 1971 y vendida a precio de saldo al industrial Jaume Castells, un excompañero de facultad de Boada que estaba al frente del Banco de Madrid, controlado por el denominado ‘Clan del Pardo’, abanderado por el yernísimo, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde.

Las cosas no marcharon bien, pero no pasó absolutamente nada. Boada, una vez cesado del INI, gestionó Intelhorce desde el sector privado, como vicepresidente del Banco Madrid, entidad a la que había llegado gracias su amigo Castells. La empresa malagueña quebraría y volvería a ser absorbida por el sector público; Boada presidiría el Banco de Madrid, sucedido posteriormente por su exjefe, López de Letona, que reflotaría dicho banco bajo la supervisión del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que, casualidad o no, era primo hermano de la esposa del exministro de Industria.

Boada pasaría también por la presidencia de Ford España, una gran empresa cuya fábrica en Almusafes se había establecido en sus tiempos como presidente del INI. Uno de sus hijos, Claudio, preside actualmente el fondo Blackstone, después de haber ejercido cargos relevantes en otro gigante: Lehman Brothers.

Estas puertas giratorias se producen para regular la entrada y la salida de exministros, de técnicos cualificados, de altos funcionarios y de grandes fortunas de una enorme y compleja organización que podríamos denominar el “Estado subsidiario”, encargada de socializar las pérdidas derivadas del hundimiento de grandes proyectos privados y que, sin embargo, contribuye a privatizar las ganancias de las aventuras empresariales que salgan bien.

Un fracaso irónicamente victorioso

Los tiempos actuales siguen siendo fértiles para estas redes, para este armatoste público-privado separado de todo control democrático: abogados del Estado en excedencia que asesoran a grandes bufetes jurídicos para litigar contra las instituciones en materias que estos mismos regulaban públicamente unos años antes: un secretario de Estado de Hacienda que, procedente de la auditora PriceWaterHouseCoopers —enfangada en el escándalo de elusión fiscal ‘Lux Leaks’—, decreta una subida de IRPF e IVA en plena crisis en nombre de la austeridad; un ministro de Defensa que procede de numerosas empresas armamentísticas y que, en el ejercicio de su cargo público, aprueba concesiones de contratos para entidades privadas que había presidido previamente; una directora de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Sanidad que procedía de un departamento de parecida nomenclatura en la multinacional Coca-Cola; un exministro de Justicia que, cuando no gobierna, ocupa posiciones de altísima responsabilidad en la patronal del juego online…

Parece que España no tiene un Estado democrático que la proteja, que el sesgo clasista de sus altísimos funcionarios convierte los años de servicio público en un periodo ventana para el posterior salto a la empresa privada

Parece que España no tiene un Estado democrático que la proteja. Que el sesgo clasista de sus altísimos funcionarios convierte sus años de servicio público en un periodo ventana de adquisición de contactos y conocimientos para el posterior salto a la empresa privada. Que existe una descomunal falta de patriotismo entre nuestros gobernantes y dirigentes, aún más descarnada en una derecha más y menos integrista que se camufla con una bandera de significado privatizado. Que la bajísima autoestima tras la dictadura nos hizo concebir la asimétrica Unión Europea como un refugio y mal menor que nos protegería de un inasumible retorno al pasado, pero que, en cada periodo crítico, nos multiplica la factura y nos amenaza con la quiebra. Que unos tribunales de Justicia adormecidos no han sancionado todavía como supuestos criminales a aquellos consejeros regionales de Sanidad que, primero, promueven privatizaciones y concesiones amistosas a empresas que, después, acaban gestionando directamente.

Que, en resumidas cuentas, subsidiar la persecución del beneficio empresarial y político a corto plazo nos priva de recursos fundamentales que, en determinados periodos críticos, provocan muertes perfectamente evitables. Se trata de un fracaso en toda regla que estará ausente en las discusiones parlamentarias y, por supuesto, en todas las campañas internautas artificialmente orquestadas contra este Gobierno. La élite de poder continuará enroscada en nuestro Estado, como esencia de un modo de dominación que ninguna alternativa política termina de cuestionar explícitamente. La democracia, cuando está sana, debe permitirse hablar de sus enemigos. Otra tarea pendiente que bien podríamos retomar durante este mismo estado de alarma.