Coronavirus
Las auxiliares de atención a domicilio, infectadas, contagiando o al paro: “Somos un peligro para los ancianos”

Se hacen llamar “las nadie” y así se sienten, invisibles, al tener que realizar su labor del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) en Madrid y buena parte de la comunidad autónoma sin seguir los protocolos establecidos por la ley para frenar el coronavirus cuando trabajan directamente con los grupos de más riesgo, como son ancianos solos. “Somos un peligro para los mayores y dependientes, para nosotras y para nuestros familiares”, aseguran.

Las auxiliares de atención domiciliaria son la mayoría mujeres que recorren entre cuatro y seis casas al día moviéndose en transporte público. Se sienten desprotegidas y denuncian que su actividad puede verse en pocos días tan afectada de mortalidad como ha ocurrido con las residencias de ancianos. Buena parte de la plantilla está contagiada y de baja, no cuentan con el material y los equipos EPI adecuados, tal como indica la ley en la actual situación, y el que les van facilitando es insuficiente. Tienen un alto riesgo de contagio aseando, haciendo compra y comida a los más vulnerables, mayores y dependientes, grupo de población de alto riesgo ante el covid19, que además ha comenzado a darse de baja del servicio ante el terror al contagio.

“Lo más grave —dice Lola, representante sindical de Clece— es que las empresas han decidido que los servicios que se están dando de baja no se van a cobrar. Muchas auxiliares se van a quedar sin comer, sin pagar la luz y el gas, mientras sus empresarios —en este caso de Florentino Pérez— anuncian donaciones a bombo y platillo”, explica en referencia a la donación de material médico que hará el Real Madrid, como anunció Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, vía Twitter.

Las empresas que gestionan las ayuda a domicilio están incumpliendo el protocolo y exponiendo así al contagio a sus trabajadoras y a las personas a quienes atienden

En la Comunidad de Madrid hay 15.000 auxiliares de ayuda a domicilio y unas 12.000 trabajan en el municipio de Madrid, según estiman las diferentes fuentes sindicales consultadas. Y lo hacen con contratos de 30 horas semanales entre 740 euros y 870 euros brutos, según los servicios diarios que atiendan. Como ha ocurrido con las residencias de ancianos y otras instituciones, estas empresas tampoco han sido previsoras. Según denuncian trabajadoras y comités de empresa, tampoco están cumpliendo las normas una vez establecido un protocolo concreto para su actividad ante la grave incidencia de la pandemia en Madrid. Para colmo, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid amenazan con no abonar los servicios que no se realicen, lo que puede ser la ruina para muchas de estas trabajadoras.

Ana, nombre ficticio por miedo a un despido, es auxiliar ya experta de Asispa, una de las tres empresas concesionarias del servicio en Madrid, y relata cómo “la gestión de los últimos 15 días, especialmente en  la capital, ha sido caótica desde que se produjo al primera muerte y lo sigue siendo”. Desde primeros de marzo, las empresas trasladaban a sus trabajadoras un mensaje de absoluta tranquilidad: “Dicen que no hay por qué alarmarse en absoluto, que no hay peligro ni riesgo, que lo tienen todo controlado, que no había mayores o profesionales relacionados con el servicio contagiados. Y todas estábamos muy preocupadas porque trabajamos con gente muy mayor”.

PROTOCOLOS QUE NO SE CUMPLEN

En la segunda semana de marzo, cuando en Madrid los casos y las muertes comenzaron a crecer de manera exponencial, “nos indicaban que continuáramos trabajando con nuestras batas de algodón, con los guantes [un EPI obligatorio siempre en este servicio], pero sin mascarillas ni ninguna otra barrera”, dice Ana. A partir del día 9, las empresas se reunieron con sus comités de prevención y determinaron que se dejaban de utilizar los guantes de limpieza y usarían solo los de látex y nitrilo, que según Carmen López, representante sindical del sector en UGT Madrid, “son los más seguros y caros, por lo que las empresas siempre ponen excusas para comprarlos”. “El protocolo está bien, guantes no nos faltan, pero sí el resto —explica—. Ya de por sí es inadecuado llevar la misma bata de algodón de una casa a otra sin pandemia. El problema es que no estamos previniendo. El personal que está cuidando mayores y dependientes no cuenta con las medidas adecuadas para cortar la propagación del virus”.

El día 12, la Comunidad de Madrid dicta el decreto por el que establece las medidas de ayuda a domicilio frente al virus, por el cual las auxiliares deben acudir a los domicilios con batas, guantes y mascarillas desechables, es decir, un EPI completo para cada usuario o domicilio, y no reutilizar material. Hasta ese día no existía obligación de tener ese equipo, salvo un mínimo previo para tratar casos de infecto-contagiosos, como tuberculosis, pero no se disponía de los mismos. Algunas reaccionaron buscándolo incluso entre fabricantes extranjeros, como nos cuenta Lola sobre la tercera concesionaria madrileña, Clece, que comenzó dando bajas retribuidas, pero ya no lo hace.

“Las compañeras que acudían por la tarde apenas contaban con material y algunas recibieron batas no desechables, usadas y con manchas hasta de sangre”

En otras empresas, a  las trabajadoras les indicaron que no eran necesarias las mascarillas y que no se disponía para repartir ni siquiera del material para infecciosos. A partir del día 17, se decretan servicios mínimos en la Comunidad de Madrid, por los que se debe realizar solo aseos, compras y preparación de comidas; nada de limpiezas. Al día siguiente en las sedes se comenzó a repartir material, “pero llegó a las compañeras que van a primera hora de la mañana; nos facilitaron una mascarilla por usuario para dejarla en cada casa visitada, a lo cual nos negamos para evitar contagios entre nosotras. Muchas veces nos cambian de servicio y de domicilios según bajas o necesidades. Las compañeras que acudían por la tarde apenas contaban con material y algunas recibieron batas no desechables, usadas y con manchas hasta de sangre”, explica Ana.  

Ya con el estado de alerta decretado, convocaron a todas las auxiliares para el reparto de material, y en algunas sedes se aglutinaron tantas auxiliares a la misma hora que llegó a acudir la policía advirtiendo de la ilegalidad de aquella aglomeración de personas —más de 100— sin distancia ni medidas de seguridad en plena calle. Habitualmente, al tratarse de distritos tan grandes, el material entre las auxiliares se distribuye en rutas con furgonetas, un servicio que algunas de las empresas han dejado de realizar. Sigue faltándoles material, sobre todo mascarillas desechables y batas.

Contagios, bajas y paro

Pero casi tan grave como su salud o la de los usuarios es que el miedo de estos últimos las deja sin ingresos si el Ayuntamiento de Madrid insiste en no pagar los servicios no prestados, como indica en el pliego al que se concurrió. Entre un 30% y un 40% de los beneficiarios del servicio están renunciando al mismo. “Nos ven como un peligro, sin medidas preventivas, y prefieren que no vayamos”, lamenta Ana. Carmen López va más allá: “Entre que los servicios de limpieza no se hacen y las bajas que aumentan, esto puede ser desastroso para las empresas y para el empleo de muchas de las compañeras que se están quedando en casa con vacaciones forzosas. Nos da mucho miedo que no paguen la concesión, porque no somos culpables de esta situación especial de pandemia”.

Lola Juárez asegura que ya hay en Clece 1.500 trabajadoras en su casa “multadas” con vacaciones forzosas y sin saber si van a cobrar a final de mes. “Esto es un servicio público que tiene ese presupuesto ya aprobado. Han mantenido estos días una reunión entre Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y patronal, y las primeras han dicho que no iban a pagar. Nos han dejado en manos de los empresarios, sin equipos preventivos ni sueldos. Hay un virus peor que el coronavirus: el capitalismo egoísta. Podían habernos facilitado las mascarillas antes y no regalarlas ahora a la Comunidad de Madrid. No las compraron con anterioridad porque se trataba de invertir y gastar”.

Ante la inquietud de las trabajadoras, fuentes municipales aseguran a El Salto que “el Ayuntamiento de Madrid está estudiando la manera de evitar ERTE a toda costa, ciñéndose siempre a lo que dicta la normativa, y quiere que el contrato se pague en la totalidad tal y como estaba previsto”.  El Consistorio se muestra también incapaz de atajar la crisis en materia de obtención del material necesario. “El coronavirus ha pillado desprevenido a todo el mundo, no solo a las empresas. Dada la situación actual, el Ayuntamiento tiene una imposibilidad absoluta de conseguir los EPI, y ni el propio Ministerio de Sanidad ha dejado claro cómo solucionarlo”, explican desde el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Desde esta área  reivindican que sus trabajadores tengan el material de protección necesario para realizar su trabajo y agradecen a las empresas que estén donando lo que tienen para tratar de ayudar. “La colaboración público-privada en estos momentos resulta fundamental para que superemos todos juntos esta crisis sanitaria”, indican.

A principios de esta semana había ya unas 100 compañeras positivas de baja por coronavirus en Asispa, 170 en Sacyr Social y unas 90 en Clece

No hay EPI ni casi de dónde sacarlas, así que según la estimación de las representantes de las trabajadoras, a principios de esta semana había ya unas 100 compañeras positivas de baja por coronavirus en Asispa, 170 en Sacyr Social y unas 90 en Clece. “Lo que nos aterra es el número que se alcanzará en un par de semanas más. Estamos convencidas de que hay muchas compañeras contagiadas que no lo saben, tenemos riesgo de contagio y de contagiar”. Según Ana, hay usuarios a los que se han llevado las urgencias delante de compañeras y la empresa les ha dicho que continúen con su jornada normal, y que llame luego al 900. Otros riesgos  asociados, dice esta trabajadora, es el uso del transporte público o andar a deshoras por las calles semidesiertas. “Recientemente a otra compañera la quisieron agredir en el metro, por ejemplo”, asegura Ana indignada.

Profesionales y entidades critican que Madrid movilice personal de los centros de salud a Ifema

Alberto Azcárate

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En medio de la crisis que la pandemia está ocasionando en la atención sanitaria de la región, la Consejería de Sanidad deriva personal de atención primaria al gran hospital de campaña instalado en la Feria de Madrid. La Plataforma de Centros de Salud y la FRAVM muestran su oposición.

En las oficinas de coordinación  de alguna de estas empresas tampoco se han tomado medidas preventivas, trabajan a menos de un metro de distancia y sin más barreras, “cada día se dan de baja dos compañeras”. Igual ocurre con los y las oficiales de teleasistencia “que han trabajado con positivos en coronavirus, han atendido a otros usuarios con normalidad anterior a la pandemia sin que nadie haya avisado a esos usuarios sanos del posible contagio”.

Servicio totalmente privatizado

El Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) en la ciudad de Madrid depende de tres empresas que se hicieron con la última licitación del servicio: Asispa, que nació en los años 80 como una asociación especializada en el sector; Clece —del grupo ACS, que preside Florentino Pérez— y Sacyr Social —antigua Valoriza, del grupo Sacyr-Vallermoso, cuyo mayor accionista es el multimillonario Demetrio Carceller, nieto del ministro de Industria franquista del mismo nombre—.

En Madrid trabajan con el pliego de condiciones prorrogado hasta el 30 de junio Clece en Retiro, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Villaverde, Villa de Vallecas, Viválvaro y San Blas. Asispa atiende en Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Ciudad Lineal, Hortaleza y Barajas. Sacyr Social se hizo con el bloque tres del pliego, que incluye los distritos Centro, Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Latina y Carabanchel. El Ayuntamiento ha sacado un nuevo pliego y todavía no saben qué empresas continuarán con el servicio a partir del verano.

En el resto de la Comunidad de Madrid, el servicio de dependencia se lo reparten entre Sacyr Social y Quavitae —con origen en la Fundación Mapfre, recientemente fusionada con Domusvi— principalmente, aunque hay excepciones como Aralia, en Alcalá de Henares. En España siguen estando presentes otras grandes, como Eulen, Ingesan (OHL), Grupo Claros —cubre la zona dur, Extremadura y parte de Castilla-La Mancha—, con un origen social o cooperativo, como el de Asispa, propio del sector social de cuidados. 

Asispa se creó en su día como una asociación sin ánimo de lucro, especializada en asuntos sociales, y trabaja fundamentalmente en Madrid, y en algunas zonas del sur de España. “Antes era la mejor empresa, por su carácter social, pero para sobrevivir ha aprendido de las constructoras para poder competir, y saca beneficio aprovechándose de las trabajadoras, como las otras empresas”, nos asegura Ana, empleada de muchos años.

Todas estas empresas licitan a la baja las ofertas de las instituciones, por lo que la calidad del servicio queda relegada a un segundo término. “Dicen que no hay dinero ni para sueldos ni para material, pero es porque no renuncian a sus ganancias. Clece y Sacyr, por ejemplo, con origen en grandes constructoras, se metieron en este negocio en la crisis cuando estalló la burbuja inmobiliaria”, nos explican las representantes consultadas.

Carmen López recuerda que el servicio no es ni la sombra de lo que era en los 90. “Creíamos que con la Ley de Dependencia, que iba a generar muchos puestos de trabajo, cambiaría. Pero el SAD no está bien; los usuarios son un número, no personas. No se ve como un servicio social, sino como un mero negocio. Se prima el coste cuando antes se primaba la calidad, aunque la Administración sabe perfectamente que siempre es a costa de los empleados”.

Mientras el Consistorio insiste en la importancia del SAD ante la pandemia y en que se ha “volcado con ellas para trasmitirles seguridad”, esta no aparece por ningún lado ni en materia sanitaria ni laboral, según las trabajadoras. Ante los graves problemas surgidos estos días, y los ya graves que sufrían con anterioridad, empresas y Ayuntamiento de Madrid, donde este servicio está más precarizado, se culpan unas a otro y viceversa. 

Sacyr Social, una de las tres concesionarias en Madrid, ha asegurado a este periódico que “está solicitando a la Administración que provea de los EPI necesarios para prestar el servicio en las condiciones de seguridad que Sanidad ha establecido”, pero mientras tanto continuará prestando el servicio en las mejores condiciones posibles, y suma a sus trabajadoras como merecedoras del aplauso diario de las 20h.

Sobre el resto de condiciones laborales cuestionadas por este periódico, no ofrecen ninguna valoración. Clece remite al Ayuntamiento de Madrid en relación a la falta de material, y transmite sus quejas por los continuos cambios de criterio de las administraciones. Además, culpan a la Administración de los precios de los pliegos y recuerdan que llevan “tiempo abogando por la dignificación de esta profesión”.

Asispa, por su parte, no ha comentado ninguna de las cuestiones planteadas desde El Salto. 

Las kellys de los cuidados

“Nadie sabe que existimos, nadie nos ve, nadie nos tiene en cuenta, pero estamos ahí para todos; para cuidar, para asear, para cocinar, para hacer la compra y para hacer la limpieza de las casas”. Así lo se sienten las auxiliares del SAD, una profesión vocacional y muy feminizada, que no está agradecida por los usuarios, sus  familias, las instituciones  ni el común de la sociedad. Sus trabajadoras se sienten muy humilladas por los bajísimos sueldos, por sus pésimas condiciones de trabajo y por las situaciones injustas e incluso dantescas que se encuentran al desarrollar su labor.

El SAD es un servicio que lleva más de 30 años y en el que sus trabajadoras han retrocedido en derechos laborales y en reconocimiento social. Está destinado a personas que por su edad —mayores de 65 años—, enfermedad o discapacidad, tengan dificultades para realizar las tareas cotidianas, tanto cuidado e higiene personal como las tareas del hogar.

En España hay más de un millón y medio de personas dependientes, cerca de 250.000 están en lista de espera para ser valoradas por la Ley de Dependencia. El tiempo medio de espera para recibir el servicio es de 476 días en los casos de discapacidad, según datos de la Plataforma por la Remunicipalización de Servicios Públicos. Al servicio se accede a través de los centros de Servicios Sociales de cada distrito o localidad, y el único requisito es haber residido cinco años en España y estar empadronado donde se solicita. Solo en Madrid hay más de 85.000 usuarios  y el Ayuntamiento tiene licitado el servicio por 657,5 millones de euros al año. 

Las auxiliares de ayuda a domicilio fichan en el domicilio de la persona dependiente, y los tiempos de traslado de un domicilio a otro no se cuentan como trabajo

Muchas de las 15.000 auxiliares del SAD de la Comunidad de Madrid tienen un contrato temporal y el 70% a tiempo parcial, aunque con disponibilidad durante todo el día, con horarios partidos, continuos desplazamientos y muchas horas extras. Fichan en el domicilio de la persona dependiente, y los tiempos de traslado de un domicilio a otro no se cuentan como trabajo. El precio hora cobrado es, según convenio, entre 7,20 y 8,91 euros, la mitad del que ofrecen las empresas en la licitación del concurso (entre 15,76 y 16,32 euros diarios). Con ese margen se adquieren medios (guantes, batas y ya), se paga a las coordinadoras y jefes y se logra el beneficio de las empresas, que para que sea mayor “tiran a la baja los sueldos y los materiales”, dicen las representantes de las trabajadoras.

Son estas las que deben pagar las llamadas de teléfono que deben realizar obligatoriamente a las empresas, que las presentan como “chicas para todo” sin delimitar en los pliegos municipales cuáles son las labores concretas de su trabajo profesional. Muchas están operadas de varias hernias (levantar a los usuarios pesen lo que pesen es parte de su trabajo) y tienen todo tipo de dolencias surgidas por su dura labor cotidiana, que no están reconocidas como enfermedades profesionales, pero las mutuas, como hay muchas bajas, les exigen testigos en casos de accidentes laborales. No se les reconoce un plus de peligrosidad y no se aplican protocolos de prevención de riesgos, ni siquiera en el caso del covid19, implantado por las administraciones, por falta de previsión y de costumbre.

En el caso de acudir a domicilios de personas “grandes dependientes”, solo acude una auxiliar en lugar de dos, como debería ocurrir y, en general, y ni siquiera durante la pandemia, reciben información de las posibles enfermedades infecto-contagiosas de usuarios y usuarias. La inspección de trabajo apenas existe; los inspectores insisten en que no se puede entrar en casa de particulares porque no son un centro de trabajo, y las administraciones insisten en que estas corresponden a las empresas. La culpa de que no haya inspecciones no es de nadie, al parecer.

La Administración no vigila, las empresas se aprovechan

Todas estas pésimas condiciones derivan, según Carmen López, Lola Juárez y el resto de representantes y auxiliares consultadas, del hecho de que los ayuntamientos no tienen el control directo del servicio y, aunque son conscientes, no les importa que las condiciones laborales se degraden. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, se escuda en que los sueldos del SAD están fijados por convenio colectivo e insiste en que el Departamento de Mayores “está comprometido con la calidad del servicio, ya que mide y audita el servicio mediante una empresa externa con cuestionarios de satisfacción”. Las auxiliares saben de esa encuesta de satisfacción, pero no les soluciona sus problemas.

“Estamos teniendo jornadas de 11 horas al día si hay muchas compañeras de baja —cuenta Meni, otra auxiliar que cubre barrios del sur de Madrid—. Nos varían la jornada sobre la marcha, no podemos conciliar y nos cambian de casas para que no se encariñen con nosotras, no sabemos por qué. Hay usuarios que están en buenas condiciones de salud y que rechazan que les aseen, les hagan compra o comida porque lo único que quieren es que se les limpie la casa, mientras otros se quedan sin un servicio de cuidados que sí necesitan”. Esta trabajadora asegura que en este momento acude dos horas al día a la casa de una mujer que “solo quiere que le haga la limpieza, incluso tirándome de rodillas al suelo, y no quiere ni que le compre en la farmacia ni que la asee porque lo hace su hija”.

También se quejan de sufrir vejaciones por parte de usuarios y sus familiares. Según Paula Collado, trabajadora social municipal que conoce muy bien las delimitaciones del servicio, “las auxiliares no son chachas ni asistentas; en el servicio entra la limpieza, pero a veces se pretende que realicen esas labores en profundidad. Tampoco tienen por qué aguantar insultos o faltas de respeto, ni soportar manifestaciones racistas, que las hay, porque se trata de una profesión en la que trabajan muchas mujeres inmigrantes”. 

Según el área municipal, el pliego recoge las tareas genéricas, y las específicas las determinan los trabajadores de los servicios sociales. “Si un usuario se niega a recibir un cierto servicio y pide otra cosa que no viene recogida en ningún punto, los trabajadores podrán hablar con los coordinadores y estos se lo trasladarán a los servicios sociales para que tomen medidas”. Servicio que no se hace, servicio que no se paga, así que, ante la impasividad de los responsables: “Si hay que ir a una casa solo a limpiar mierda de años, intoxicarte con lejía por deseo expreso de la usuaria, o con el tabaco de un fumador, o pasar por domicilios donde hay chinches y cucarachas, no queda más remedio que hacerlo”, nos relata Meni.

 “Nosotros siempre reivindicamos que hay mucho abuso en tareas y que en los pliegos de condiciones de las instituciones se debería especificar y que no se incluyan. Hemos recogido en enero, antes de la pandemia, 3.310 firmas que se han entregado al Ayuntamiento. Es la segunda vez que lo pedimos. Solo queremos de verdad que se puedan dar las prestaciones que realmente son necesarias”, explica Carmen López.