Coronavirus
¿Tenemos que paralizar la producción?

Italia, el país europeo más afectado por el covid19, decidía el sábado dar un paso más en las medidas de excepcionalidad ante la extensión de los contagios, y decretaba la paralización de toda la industria y actividad económica no esencial. Una medida difícil pero que también encuentra crecientes apoyos políticos y sindicales. El país transalpino es el espejo en el que a día de hoy se mira España.

En los últimos días en las redes sociales se palpa la indignación con las imágenes de vagones de metro abarrotados con personas que van a trabajar. Muchas personas denuncian en sus cuentas personales el contrasentido de estar vigilando las calles con la policía o el Ejército mientras se permite mantener la industria a pleno rendimiento. El president de la Generalitat Quim Torra lleva días pidiendo el cese de toda la actividad económica no imprescindible, pero ahora también lo está reclamando el gobierno de Murcia, del PP. Pablo Casado ha respaldado esta petición y ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la evalúe. También los líderes de Más País y EH Bildu han reclamado este fin de semana cerrar más centros de trabajo para combatir así la pandemia.

Las filtraciones apuntan a que el vicepresidente Pablo Iglesias está pidiendo a Pedro Sánchez reducir la actividad laboral al mínimo imprescindible

Es probable que el Gobierno, que ya ha anunciando nuevas medidas preventivas, adopte en el próximo consejo de ministros nuevas restricciones en la aplicación de la cuarentena, entre las que podría estar ordenar el cierre de la industria no esencial. Las filtraciones apuntan a que el vicepresidente Pablo Iglesias está pidiendo a Pedro Sánchez reducir la actividad laboral al mínimo imprescindible, una medida a la que se resiste la vicepresidenta económica Nadia Calviño, quien se opone considerando que la economía española sufre ya una “ralentización importante” y que nuestro país ha aprobado con el estado de alarma el “catálogo de medidas de contención más restrictiva del entorno europeo”.

Uno de los servicios que Italia no ha cerrado y que presumiblemente seguirá abierto, incluso si se adoptan medidas más drásticas, son las oficinas bancarias. En Liberbank, la principal entidad financiera de Asturies, los sindicatos reclaman que la actividad presencial y de cara al público se reduzca a su mínima expresión, así como que se adopten más seguridad para oficinistas, limpiadoras y clientes.

Posiciones sindicales ante la pandemia

Tampoco existe unanimidad sindical en cuanto a qué se debe hacer con la industria en este momento. Desde los sindicatos nacionalistas se defiende el cierre temporal de toda la industria y sectores económicos que no sean imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. En un comunicado sindicato abertzale LAB ha planteado que “es indispensable paralizar todos los servicios no esenciales para garantizar la salud laboral de los trabajadores y parar la extensión de la pandemia”.

Tampoco existe unanimidad sindical en cuanto a qué se debe hacer con la industria en este momento

En parecidos términos se ha expresado la Intersindical Galega, para la que “se deben paralizar todas las actividades, excepto aquellas declaradas imprescindibles para afrontar esta situación de emergencia sanitaria”. También la CNT y la CGT han pedido la paralización de la actividad productiva. Esta última, amprándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, recuerda que en los centros de trabajo“tenemos derecho a negarnos a trabajar en todas aquellas actividades que no son esenciales, para preservar nuestra salud y la del colectivo social”.

Desde CCOO y UGT se muestran en cambio más cautos a la hora de tomar una medida tan drástica como el cierre de fábricas y otras empresas. Para José Manuel Zapico, secretario general de CCOO de Asturies “la prioridad sindical en estos momentos es salvar vidas y frenar la pandemia”, pero también “evitar que esto se convierta en una nueva crisis económica que como en 2008 terminemos pagando los trabajadores”. El sindicalista considera que se trata de “hacer lo que manden las autoridades sanitarias” y recuerda además las peculiaridades de buena parte de la industria asturiana, por ejemplo los altos hornos, en los que “una parada brusca puede hacer muy difícil recuperar la actividad”.

A nivel confederal, CCOO de Industria también ha hecho un llamamiento “a sus más de 225.000 afiliados y afiliadas, y a sus 29.000 delegadas y delegados para impulsar con sus empresas el compromiso de dedicar a sus equipos de I+D+i, sus tecnologías y sus recursos industriales a combatir la emergencia sanitaria, haciendo todo lo posible no solo por transformar la producción actual a bienes necesarios en esta emergencia sanitaria, sino a poner a disposición del gobierno todos sus stocks”.

En la planta asturiana de Alú Ibérica, la antigua ALCOA, Jose Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de empresa, de CCOO, considera importante que antes de tomar ninguna medida de calado se estudie bien si esa industria es o no imprescindible. En el caso de Alu Ibérica mientras la factoría de A Coruña está cerrada tras la muerte por coronavirus de José Luis Paz, ex presidente del comité de empresa, la de Avilés permanece abierta, pero el trabajo ha quedado reducido a las tareas de fundición, que ocupan tan solo a un tercio de toda la plantilla. El sindicalista de la aluminera considera que “todo el mundo que no sea necesario tiene que estar fuera, en casa, respetando el confinamiento”, y que por parte de las empresas deben tomarse más en serio las normas de higiene y seguridad.

¿Quién paga los salarios?

El mundo sindical vive también con miedo no sólo el problema de los contagios, sino también la cascada de ERTES que se están sucediendo. Recordemos que los ERTES son un tipo de expediente de regulación de empleo temporal por el que el Estado paga el 70% del salario a los empleados mientras dura el cese de la actividad. La medida aprobada por el Gobierno y pactada por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos resulta útil para salvar el empleo y el tejido de pequeñas y medianas empresas sin apenas margen de maniobra económico, pero puede convertirse también en un recurso de las grandes empresas con beneficios para cargar a cuenta del Estado los sueldos de sus empleados mientras dure el confinamiento.

La medida aprobada por el Gobierno puede convertirse también en un recurso de las grandes empresas con beneficios para cargar a cuenta del Estado los sueldos de sus empleados mientras dure el confinamiento

Hace una semana las redes activistas ardían con la noticia de que los sindicatos de Mercedes-Benz en Gasteiz habían paralizado la producción al no poder cumplirse en la fábrica con las medidas de seguridad necesarias para prevenir la expansión del covid19 entre los trabajadores. Si bien desde el inicio de la pandemia otras fábricas han optado por cerrar ante la caída de las ventas o la falta de suministros, en el caso de Mercedes-Benz este cierre presentaba la singularidad de haber sido impulsado desde abajo, gracias a la movilización sindical. Hoy, con la planta alavesa cerrada, los 5.000 trabajadores de Mercedes-Benz se enfrentan a una nueva batalla con la dirección de la empresa, que sin embargo está teniendo mucho menos impacto y difusión en las redes sociales: hacer frente a un ERTE que pretende enviarlos a casa únicamente con el 70% del sueldo que aporta el Estado.

Otro de los casos más comentados y polémicos ha sido el de Inditex, empresa con beneficios millonarios, y que llegó a plantear un ERTE para sus empleados, que finalmente fue retirado. Desde CCOO, que se opuso al Expediente, se felicitan de que el grupo empresarial de Amancio Ortega haya atendido a las razones del sindicato, y se haya comprometido a abonar los salarios con fondos propios hasta por lo menos el 15 de abril. En caso de prolongarse el confinamiento, CCOO, en un comunicado, afirma que ha negociado con la empresa que esta abone el 30% restante, para que los trabajadores y trabajadoras de Inditex perciban íntegramente su salario mientras se prolongue el cierre.

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La principal industria asturiana, con más de 7.000 trabajadores sigue abierta, pero la dirección plantea reducir la producción y un nuevo ERTE. Los sindicatos denuncian que los motivos no son sanitarios, sino económicos.