Corrupción
El 91% de los españoles reconoce la corrupción en el entorno de Rajoy, según Transparencia Internacional

En la última encuesta del CIS, la corrupción perdía puntos en el orden de preocupación de los españoles. Con una bajada del 9,7%, el primer barómetro realizado después del 1-0 colocaba la corrupción en tercer lugar, después del conflicto con Catalunya.

Sin embargo, todo depende de cómo se hagan las preguntas. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2017, recientemente publicado, cuatro de cada cinco españoles piensa que el Gobierno del Partido Popular no realiza suficientes esfuerzos para luchar contra la corrupción.

El estudio, realizado por Transparencia Internacional en 119 países, coloca a España entre los más corruptos del mundo, al menos en la percepción de sus ciudadanos. El 55% de los españoles considera que "la mayoría" o "todas" las personas que conforman el Gobierno están envueltas en corrupción. Una calificación que está muy por encima de la media, situada en el 31%, y coloca a España en una percepción de corrupción solo equiparable con países como Nigeria (54%), Bosnia (53%), Brasil (52%), Liberia (63%) o Venezuela (63%).

De todos los encuestados, sólo el 15% considera que la corrupción ha disminuido y el restante se divide entre los que creen que ha aumentado mucho (28%), ha aumentado (19%) o se ha mantenido estable (37%).

Entre los responsables de esta corrupción generalizada los ojos de los españoles se van mayoritariamente al entorno del presidente Mariano Rajoy (55%) y, a mucha distancia, los miembros del Congreso (37%) y directivos de empresa (31%).

Según la encuesta de Transparencia Internacional, el 91% considera que algunas (36%), la mayor parte (32%) o todas las personas (23%) del entorno de Rajoy están envueltas en corrupción.

Una mala semana para el PP

La publicación del informe de Transparencia Internacional ha coincidido con una de las semanas más productivas en la lucha contra la corrupción que rodea al Partido Popular.

El 15 de noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid anunciaba el procesamiento del PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas en la sede de la calle Génova de Madrid. Es la primera vez en la historia que todo un partido político es procesado, en este caso por borrar y rayar nada menos que 35 veces los discos duros del extesorero del PP, en medio de una investigación judicial.

También en esta misma semana quedó visto para sentencia el juicio de la primera etapa de Gürtel y la Fiscalía consideró como un hecho probado la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular. "Con prueba testifical (...), con prueba documental y con prueba pericial, ha quedado plena y abrumadoramente acreditada esta caja B", declaró Concepción Sabadell, una de las fiscales del caso.

El mes de noviembre ya había empezado mal para el PP, después de la declaración de Manuel Morocho Tapia, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que investigó el caso Gürtel. En esa comparecencia en el Congreso, Morocho afirmó que Mariano Rajoy recibió "indiciariamente" dinero de la presunta caja B del PP y que existen "indicios" de que la estructura del PP "respondía al perfil de una organización delictiva" por sus operaciones en la trama Gürtel, que ha calificado como "corrupción en estado puro".

Las declaraciones del inspector jefe de la UDEF dieron pie al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para “delincuentes” a los diputados del PP, partido que calificó de "organización delictiva". Iglesias, que se refirió al presidente como “M. Rajoy”, tal como aparece en los papeles de Bárcenas, acusó al líder popular de delinquir doblemente: primero, cobrando “sobresueldos ilegales regularmente entre 1997 y 2008”; y segundo, “mintiendo en sede judicial” cuando declaró como testigo en el juicio del caso Gürtel.

Una semana agitada, donde también se habló del chivatazo del Guardia Civil José Manuel Rodríguez Talamino –por el que alertó al exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados de que estaba siendo investigado en el marco del caso Púnica–, los cinco millones del segundo de Esperanza Aguirre, Ignacio González en Colombia o los sobornos relacionados con el caso Lezo.