Opinión
Costa Rica en la ola regional de las extremas derechas. La “pura vida” que dejó de existir

El domingo 1 de febrero, Costa Rica eligió a Laura Fernández como presidenta del país, con el 48,30 % de los votos válidos. La jornada electoral, marcada por una participación del 69,08 % del padrón electoral y un abstencionismo del 30,92 %, según datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones, confirmó la sucesión de Rodrigo Chaves Robles y la continuidad del proyecto político que ha dominado el actual ciclo gubernamental.

El actual presidente, Rodrigo Chaves, y su sucesora, Laura Fernández, representan lo que denomino un “trumpismo criollo”, inscrito en el legado histórico de las élites locales que, desde la conformación del Estado costarricense, reproducen el poder sin alterar las estructuras corruptas de exclusión económica, social, racial y política que lo sostienen. A lo largo de la historia han cambiado los actores, pero no la mentalidad criolla de quienes detentan el poder.

Se trata de un proyecto político que combina neoliberalismo económico, conservadurismo social y religioso con prácticas autoritarias que desdeñan la institucionalidad, articuladas mediante un discurso confrontativo cercano al populismo que, lejos de abordar la corrupción histórica y las estructuras que producen desigualdad, gestiona el malestar social mediante la simplificación del conflicto político, la construcción de enemigos internos y la erosión de las mediaciones democráticas. Es en este marco donde estas élites miran hoy en el presidente salvadoreño Nayib Bukele su gran espejo para seguir echando a andar un autoritarismo revestido de democracia.

El giro de Costa Rica hacia una derecha criolla trumpista con aires bukelistas no constituye un fenómeno aislado ni estrictamente nacional, sino que se inscribe en el marco de una dinámica transnacional más amplia

El giro de Costa Rica hacia una derecha criolla trumpista con aires bukelistas no constituye un fenómeno aislado ni estrictamente nacional, sino que se inscribe en el marco de una dinámica transnacional más amplia del avance de las extremas derechas, que se consolidan adaptándose a las condiciones culturales y económicas de cada territorio.

Pura vida o democracia insuficiente que no llega a toda la población

Costa Rica, durante mucho tiempo, se presentó ante el mundo, y ante sí misma, como una excepcionalidad en el contexto latinoamericano; es más, se consideró la Suiza centroamericana. La ausencia de ejército, la regularidad electoral, una estabilidad política y una imagen asociada a una institucionalidad fuerte, respetuosa de los derechos humanos, de la diversidad y de la protección del medio ambiente sostuvieron un relato hegemónico que definió al país como pacífico, moderno y democrático. Una autoimagen que se expresa en la frase “pura vida”, convertida en la frase identitaria para autodefinirse como el país de la alegría y de una supuesta armonía social.

Sin embargo, esta caracterización dista de ser una perspectiva certera para comprender las tensiones estructurales que atraviesan la democracia costarricense, tomando en cuenta que la existencia de elecciones periódicas no equivale, por sí misma, a la vigencia de una democracia plena.

La democracia en Costa Rica es una democracia insuficiente, cuyos mecanismos y garantías no alcanzan a toda la población por igual. Hay sectores a los que nunca ha cobijado del todo y que siguen siendo ciudadanías de segunda clase.

Costa Rica está condicionada por la dependencia de Estados Unidos y por la influencia de grandes corporaciones transnacionales, especialmente en sectores estratégicos como el turismo, la inversión inmobiliaria y los servicios

La soberanía política, económica y normativa en Costa Rica está condicionada por la dependencia de Estados Unidos y por la influencia de grandes corporaciones transnacionales, especialmente en sectores estratégicos como el turismo, la inversión inmobiliaria y los servicios. Esta dependencia se reproduce internamente a través de élites que concentran y se disputan el poder, en un contexto donde la expansión del narcotráfico y del crimen organizado introduce nuevas lógicas de poder y tensiona una institucionalidad ya debilitada.

A ello se suma un colonialismo interno, heredero del legado criollo, que normaliza una mentalidad colonizada y clasista que permea a la sociedad, que se traduce en racismo estructural contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas migrantes, visible en el asedio permanente a las comunidades originarias y en los asesinatos impunes de defensores de sus territorios como Sergio Rojas y Jhery Rivera.

Desigualdad y debilitamiento de los derechos sociales

Durante las últimas cuatro décadas, el modelo neoliberal ha profundizado las desigualdades mediante el debilitamiento progresivo de los derechos laborales y de los derechos sociales, afectando ámbitos como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la protección ambiental. En ese proceso, Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo y en uno de los casos más graves de concentración de la riqueza en la región, desmintiendo el relato de bienestar que durante décadas sostuvo su autoimagen democrática.

La creciente penetración del capital extranjero, especialmente en las zonas costeras del Pacífico y del Caribe, ha generado procesos de gentrificación que expulsan a la población local. En ese mismo marco, el aumento de la violencia feminicida, la desprotección de la infancia y la captación de jóvenes por bandas narcotraficantes son expresiones de una misma trama de territorios y cuerpos asediados bajo la lógica del capitalismo-patriarcado-colonialidad.

Los territorios más golpeados por la desigualdad son también aquellos donde el trumpismo criollo encuentra mayor respaldo

La elección de Fernández expresa un hartazgo frente a la corrupción histórica y la exclusión económica, social, cultural y política. En ese sentido, los territorios más golpeados por la desigualdad son también aquellos donde el trumpismo criollo encuentra mayor respaldo.

Un elemento relevante en el escenario costarricense es el peso de las iglesias pentecostales y evangélicas, particularmente visible desde el proceso electoral de 2018, en un país que, no conviene olvidarlo, mantiene por mandato constitucional una confesionalidad católica del Estado. Su inserción territorial en contextos marcados por la precarización de la vida y el abandono estatal les ha permitido cumplir funciones sociales y comunitarias que les otorgan legitimidad política. Esta implantación ha contribuido a orientar preferencias electorales hacia proyectos que articulan discursos de orden religioso y moral conservadora, profundamente misóginos.

El avance de este trumpismo criollo, también se explica por el papel de partidos que se autodefinen progresistas y han gobernado dentro de los marcos neoliberales, así como por el de élites, sobre todo urbanas, y sectores de movimientos sociales que, sin gobernar, contribuyeron a legitimar esa deriva. Al priorizar agendas identitarias desvinculadas de la justicia social redistributiva, desplazaron las políticas del comer y de la vida digna, dejando intactas las estructuras de exclusión que el trumpismo criollo supo capitalizar.

El proceso y el resultado electoral dejan al descubierto una disputa de fondo sobre el significado mismo de la democracia. Más allá de la regularidad procedimental del voto, se expresa la tensión entre una concepción estrictamente electoral y la exigencia social de una democracia sustantiva, anclada en la justicia social redistributiva, la igualdad material y la efectividad de los derechos sociales, allí donde se juega la posibilidad misma de garantizar vidas dignas que merezcan ser vividas.

Los planes del continuismo del trumpismo criollo buscan intervenir sobre las manifestaciones visibles de la profunda fragilidad estructural del Estado y de la violencia, como la apuesta por construir una enorme prisión, a imagen y semejanza del modelo bukelista, para enfrentar la criminalidad. Sin embargo, este tipo de respuestas deja intactas las causas estructurales, que son precisamente las que deberían situarse en el centro de la acción pública.

En su discurso de triunfo, Laura Fernández anunció el fin de la Segunda República y la apertura de un ciclo que calificó como “profundo e irreversible”, en una estrategia de ruptura pretende dotar de legitimidad histórica al proyecto trumpista criollo, iniciado por Rodrigo Chaves. Esto no se limita a clausurar un periodo político, sino que apunta a una refundación y a la redefinición de los límites de la democracia, del lugar del disenso y del propio sentido de lo político.

El país en el que se organizó la vida cotidiana, bajo los mitos democráticos de la paz y el diálogo, la igualdad y el “hermanitico”, hace tiempo que dejó de existir

Costa Rica enfrenta hoy los resultados de las condiciones materiales y sociales que durante décadas sostuvieron su estabilidad. El país en el que se organizó la vida cotidiana, bajo los mitos democráticos de la paz y el diálogo, la igualdad y el “hermanitico”, hace tiempo que dejó de existir; esa ruptura es hoy más que evidente, aunque buena parte de los actores políticos y de la población sigan encauzando el debate actuando y pensando desde la nostalgia, como si fuese mágicamente posible regresar al pasado.

No basta explicar el resultado electoral únicamente en clave de narcotráfico, o reducir la concepción de la democracia a lo electoral, incluso a las libertades fundamentales, esto equivale a cerrar los ojos frente al deterioro de las condiciones que impiden la posibilidad de una vida digna para amplios sectores de la población. Es en ese vacío, en esa democracia insuficiente, donde el trumpismo criollo encuentra su espacio, al ofrecer orden y esperanza. allí donde los anteriores gobiernos no garantizaron derechos.

La Costa Rica de la pura vida, la imaginada, dejó de existir.