Susana Albarrán Méndez

Aunque no vinculante, la consulta realizada este jueves, a través de urnas en facultades y votos online, arroja un sentir mayoritario contra el pacto económico firmado entre los rectores de la Universidades Públicas y el gobierno regional.

Colectivos y organizaciones piden se publique ya el decreto de la regularización extraordinaria, a la vez que exigen se vigile desde las instituciones la mala praxis de personas individuales o empresas que estafen a personas migrantes.

Más de medio millar de personas se ha reunido en la madrileña plaza de Lavapiés este domingo, dos días después de la violenta detención policial de Serigne Mbaye y otras seis personas ocurrida el jueves junto a su domicilio.

Cientos de personas han recorrido las calles del norte de Madrid denunciando a los rentistas que acosan a inquilinas con empresas de desokupación. La protesta exige al Gobierno que ponga fin a estos negocios que ejecutan desahucios extrajudiciales.

La ciudadanía se ha echado a la calle desempolvando un viejo eslogan. Desde Atocha hasta Puerta del Sol se escucharon ininterrumpidamente cánticos y consignas contra el imperialismo yanqui y el belicismo israelí.

Carabanchel, Moratalaz, Entrevías y otras sedes del partido socialista amanecieron con carteles que señalan el acoso inmobiliario de las empresas que ejecutan desahucios fuera de la legalidad.

El festejo incluye dos jornadas que empezaron este viernes con la presentación de su Radio Libre y un conversatorio con centros sociales de Madrid, París y Nápoles. El sábado hubo, talleres, charlas políticas, y música, entre otras actividades.

Este fondo lleva amenazando con desalojar este edificio, okupado desde 2012 por decenas de colectivos del barrio y sede de diversos eventos de todo Madrid, desde verano pasado.

Acusan a Fidere, filial de Blackstone, de especular de nuevo con estas viviendas de promociones públicas que compró a precio de ganga. En Barcelona, el Sindicat de Llogateres ha irrumpido en el Hotel Moxy, propiedad del mismo fondo buitre.

En el segundo intento de desalojo, el Sindicato de Vivienda de Tetúan logró pararlo pero la comisión judicial dio solo dos días para abandonar la vivienda. Sin embargo, la comisión ordenó el desahucio en la mañana del 4 de marzo.