Costas
El gasto en reponer arena y reparar paseos marítimos triplica la inversión en protección del litoral

El litoral español afronta un estado de fragilidad sin precedentes debido a una urbanización desmedida y al impacto cada vez más destructivo del cambio climático. Es la principal conclusión del informe emitido este 23 de julio por Greenpeace, en el que se analiza el estado de la costa del país tras décadas de expansión inmobiliaria y con la crisis climática en plena aceleración.

Una cifra que deja clara la situación es la empleada en la reparación de playas mediante la reposición artificial de arena y el arreglo de paseos marítimo e infraestructuras: 246 millones de euros en lo que llevamos de 2026, un monto que ha calculado Greenpeace ante la falta de información al respecto dada por la Dirección General de la Costa y el Mar, según denuncia la ONG.

Dicha cantidad supone, según los cálculos de Greenpeace, el triple que la inversión anual del Estado en la protección del litoral, lo que implica “unas políticas que son un parche cada vez más caro y menos duradero y cuya consecuencia más visible es que las playas comienzan a desaparecer y seguirán haciéndolo si no transitamos hacia otro modelo que afronte la realidad”, denuncian desde la ONG. 

“Quienes señalan a la Ley de Costas como una 'sentencia de muerte' para los municipios, deben comprender que la verdadera sentencia se firmó el día que decidimos, erróneamente, que el cemento era más fuerte que el oleaje”, apunta María José Caballero

Al respecto, durante la presentación de las estrategias de la UE para costas e islas presentadas el pasado junio, la Comisión Europea aseguró que cada mil millones de euros invertidos en adaptación pueden llegar a reducir daños de hasta 14.000 millones de euros.

Epicentro mediterráneo

El 69% del dinero empleado a nivel estatal en reparar paseos y playas se ha gastado en el País Valencià. Se trata de un territorio particularmente afectado y castigado, pues el 51% de su costa está urbanizada, y el Mediterráneo es uno de los epicentros globales donde el cambio climático está alterando más la meteorología. “La subida del nivel del mar, acelerada por la crisis climática, y la escasez de sedimentos mantienen a más de 100 kilómetros del golfo de Valencia en extrema vulnerabilidad”, señala el informe.

A pesar de ello la presión constructora continúa. Es algo que se hace especialmente en zonas como la Marina Alta, con un plan urbanístico en Llíber muy contestado socialmente que prevé construir 488 chalés en 400.000 m² en la Vall del Pop; o Torrevieja, donde hay planeados tres rascacielos en la playa del Acequión.

Greenpeace hace hincapié en que el último invierno ha sido “un examen final que el modelo de costa actual ha suspendido”

Es precisamente esta comunidad autónoma una de las que acusan al Estado de aplicar la Ley de Costas para perjudicar a quienes tienen propiedades en primera. En marzo, el Tribunal Constitucional suspendió varios artículos de la Ley de Costas valenciana que pretendían eludir los deslindes estatales de viviendas tradicionales en primera línea de costa. “Tristemente, todavía no han comprendido que el litoral no es un activo inmobiliario: ni los hoteles, chiringuitos y paseos marítimos tienen derecho a estar allí para siempre”, señalan desde Greenpeace.

“Quienes señalan a la Ley de Costas como una 'sentencia de muerte' para los municipios, deben comprender que la verdadera sentencia se firmó el día que decidimos, erróneamente, que el cemento era más fuerte que el oleaje. Era otro tiempo. Es urgente entender que aferrarse a una costa que ya no existe no es proteger la economía, es financiar un naufragio anunciado”, añade por su parte María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. 

Andalucía, con el 36% de su litoral urbanizado, es la comunidad autónoma que sigue al País Valencià en gasto en reparaciones costeras, con el 20% del total (48,3 millones de euros). A pesar de ello, el retorno del ladrillo ha sido promovido tanto la pasada administración conservadora de Moreno Bonilla como la actual, en coalición con la ultraderecha. Proyectos como el plan Sagitta en El Rompido (Cartaya, Huelva), con la construcción de un millar de viviendas planeada junto a nuevos hoteles ya hasta un campo de golf; o el complejo hotelero planteado en la dunas de El Barronal, en Málaga, son ejemplos de ello.

Ocho borrascas para probar lo que todo el mundo ya sabía

Greenpeace hace hincapié en que el último invierno ha sido “un examen final que el modelo de costa actual ha suspendido”. Los efectos de la crisis climática, con ocho borrascas de gran impacto, se han sentido especialmente en 2026. 

El grupo científico internacional World Weather Attribution, especializado en el análisis de cómo afecta el cambio climático a los fenómenos meteorológicos extremos, ya señaló en febrero que la crisis climática ha incrementado la intensidad de las precipitaciones en este tipo de fenómenos —como las que provocaron las inundaciones de la sierra de Grazalema en febrero— extremos en un 11%.

Además, la combinación de muros de hormigón y paseo marítimos con el oleaje de los temporales, “lejos de proteger, han actuado como amplificadores del desastre: al chocar las olas contra el hormigón, la energía rebota con más fuerza y erosiona la arena con mayor agresividad”, apunta la investigación. Como resultado, los destrozos han llegado a ciudades como Gijón o Donostia, ambas afectadas por hundimientos parciales de sus paseos marítimos.

200 puntos críticos, 50 soluciones

El informe presentado este jueves ha identificado cerca de 200 puntos en estado de emergencia “debido al efecto barrera de puertos, presas o paseos marítimos, así como afectados por el impacto del cambio climático en forma de subida del nivel del mar y de eventos extremos más catastróficos cada año”.

Entre estos destaca especialmente el Delta del Ebro, en Tarragona, considerado el punto más vulnerable de la Península. Esto es debido a que los embalses del río Ebro retienen más del 95% de los sedimentos que lo alimentan, sumado al hundimiento del terreno que provoca que el mar avance frente a la línea de costa de forma alarmante. “Los modelos científicos estiman que cerca de la mitad del delta podría quedar sumergida o severamente erosionada a lo largo del siglo XXI”, denuncia el equipo de la ONG.

Los arenales particularmente afectados por la pérdida de arena se encuentran por toda la geografía española. En València, las playas de la Restinga de la Albufera sufren una regresión severa —más de 90 metros en 60 años— debido al efecto que provoca el dique norte del Puerto de Valencia, que frena la deriva natural de los sedimentos, amenazando la barrera de tierra que protege el Parque Natural de la Albufera.

La ONG apuesta por la adopción urgente de una “gestión costera adaptativa” basada en soluciones naturales que prioricen la restauración de la naturaleza “frente a espigones y diques que agravan la erosión”

En ultra urbanizada Manga del Mar Menor (Región de Murcia), la presión urbanística amenazan la mera existencia futura de estas playas. En San Fernando (Cádiz), la playa de Camposoto “sufre pérdidas masivas de arena año tras año, obligando a inyecciones artificiales millonarias (superiores a los 200.000 metros cúbicos) para evitar la desaparición total de la playa”, denuncian desde la organización ambientalista. Y en Gran Canaria, el sistema dunar de Maspalomas tiene un “déficit crónico de arena”, debido a que la urbanización de la primera línea costera alteró los pasillos de viento que alimentaban sus dunas móviles, provocando que la arena se pierda definitivamente hacia el mar y sin posibilidad de retorno natural.

Son ejemplos de lo que ya está ocurriendo, que con contrastan con 50 actuaciones exitosas, recogidas también en el informe, y que, para Greenpeace “marca el camino de la resiliencia”. Hablamos de puntos como la playa de Berria (Santoña, Cantabria), donde el desmantelamiento de un camping sobre la duna permite ahora que el sistema dunar recupere su elasticidad y pueda frenar de forma natural las inundaciones.

También de la renaturalización de 25 hectáreas en la playa de l’Auir (Gandía, València) o la retirada de tramos costeros de carretera y paseo marítimo llevada a cabo en Calafell y Vila-Sexa (Tarragona), que permite ahora la autorregulación del ecosistema. “Estamos a tiempo de que la determinación y la valentía política salven la costa y devuelvan el espacio a un mar que, sencillamente, no entiende de títulos de propiedad”, apunta Caballero.

En esta línea, la ONG apuesta por la adopción urgente de una “gestión costera adaptativa” basada en soluciones naturales que prioricen la restauración de la naturaleza “frente a espigones y diques que agravan la erosión”. También por la prohibición de construir en zonas inundables y en los últimos tramos libres de costa; la retirada planificada de viviendas expuestas en primera línea de costa; y la gestión de ríos y embalses con el objetivo claro de que la arena y los sedimentos naturales vuelvan a deltas y playas.

A futuro, Greenpeace incide en que la solución es “diseñar el futuro de la costa bajo criterios científicos y la participación social, alejándose de los intereses políticos a corto plazo”.