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Turismo
Un año de las movilizaciones del 20A en Canarias: resistencias al turismo masivo que desbordaron el mapa

El 20 de abril de 2024, las Islas Canarias fueron escenario de una movilización sin precedentes. Bajo el lema “Canarias tiene un límite”, decenas de miles de personas salieron a las calles en todas las islas para expresar su hartazgo ante un modelo turístico insostenible. La protesta, que alcanzó una gran repercusión mediática dentro y fuera del país, puso en el centro del debate público los efectos negativos del turismo de masas: encarecimiento de la vivienda, degradación ambiental, precariedad laboral, pérdida de identidad cultural...
La movilización no fue un hecho espontáneo ni aislado. Se fraguó durante meses gracias al trabajo conjunto de decenas de organizaciones y colectivos, que lograron una coordinación descentralizada pero muy eficaz. Y, sobre todo, se apoyó en una historia de lucha previa. En Canarias, la defensa del territorio frente a megaproyectos turísticos y urbanísticos tiene una larga trayectoria: desde Salvar Veneguera hasta la oposición al puerto de Granadilla o las prospecciones petrolíferas en las aguas de Fuerteventura y Lanzarote. Esa memoria colectiva ha generado una identidad compartida en torno a la protección del entorno natural y el derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo del archipiélago. Una toma de decisiones que de forma general está basada en el status quo de la alianza entre el poder político y el poder empresarial.
Un movimiento con raíces profundas y estrategias renovadas
El éxito del 20-A se debe también a su capacidad para unir a colectivos diversos: grupos ecologistas, asambleas de vivienda, asociaciones vecinales, murgas, actores, músicos, humoristas, influencers locales, etc. Todos compartían el mismo diagnóstico: el modelo turístico vigente ha llegado a su límite. Y ese límite es cada vez más visible para la mayoría de la población, que no le cuesta conectar problemas como los del encarecimiento exponencial de la vivienda, la masificación de los espacios, la elitización de algunas zonas o la saturación de la sanidad pública, bajo un marco común.
El lema “Canarias tiene un límite”, heredado de las luchas ecologistas de los años 90, resurgió con fuerza
La protesta supo integrar demandas distintas bajo un mismo paraguas: moratoria turística, regulación de las viviendas vacacionales, ecotasa ambiental, más participación ciudadana, freno a la especulación... Las redes sociales fueron una herramienta clave. Instagram, Twitter y TikTok no solo sirvieron para difundir el mensaje, sino que movilizaron a una generación más joven y menos politizada. El lema “Canarias tiene un límite”, heredado de las luchas ecologistas de los años 90, resurgió con fuerza. No era solo un eslogan, sino una afirmación clara de que la sociedad canaria quiere un futuro distinto al que marcan los intereses del negocio turístico.
Intentos de deslegitimar la protesta desde sectores empresariales o políticos, acusándola de “turismofobia”, no hicieron sino reforzar su eco. La respuesta social fue rotunda: no se trata de rechazar al visitante, sino de defender la vida en las islas y garantizar un desarrollo justo y sostenible.
Cuando la protesta traspasa fronteras
Pero lo más llamativo del 20-A fue su capacidad para inspirar movilizaciones fuera de Canarias. En los meses siguientes, ciudades como Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga o Sevilla vivieron protestas similares contra la saturación turística. Todas ellas adaptaron el marco del 20-A a sus propias realidades locales: en Cataluña, se centraron en la vivienda; en Baleares, en la presión sobre las playas; en Málaga, en la expulsión de vecinos del centro.
Este efecto contagio no fue casual. Desde el principio, la movilización en Canarias se pensó con vocación expansiva. Se quería agitar el debate sobre el modelo turístico a escala estatal. Y lo consiguió. Las imágenes de las manifestaciones, los lemas, las pancartas y vídeos circularon masivamente por redes, generando identificación y apoyo desde otros territorios.
En Barcelona, los colectivos que organizaron la protesta del 6 de julio reconocieron abiertamente que el 20-A había sido un ejemplo a seguir. Usaron algunos de sus lemas, replicaron sus narrativas y conectaron sus demandas al derecho a la ciudad. En Mallorca, miles de personas se manifestaron en julio por un turismo más regulado. En Cantabria, las protestas se centraron de forma análoga en la defensa de los espacios naturales frente al turismo estacional.
Una nueva ola de protestas urbanas y territoriales
Lo que está ocurriendo en España es parte de un fenómeno global. En ciudades como Venecia o Ámsterdam ya se han adoptado medidas para poner límites al turismo masivo, como por ejemplo restricciones de acceso, ecotasas o campañas para fomentar prácticas más respetuosas. En todas partes, la pregunta es la misma: ¿pueden las ciudades y territorios seguir soportando la presión del turismo sin poner en riesgo su futuro? Las protestas en Canarias han mostrado que se tiene que abrir ese debate. Que sí se puede disputar el relato de que el turismo lo justifica todo. Y que sí hay una ciudadanía organizada, consciente, que no está dispuesta a seguir cediendo terreno ante la lógica del beneficio rápido.
El caso del 20-A representa una nueva generación de movimientos sociales que no solo denuncian los efectos del modelo actual, sino que proponen alternativas: más sostenibilidad, más participación, más justicia social. Su éxito ha estado en conectar distintas formas de malestar —el encarecimiento de la vida, la pérdida de acceso a la vivienda, la destrucción ambiental— en un mismo marco de indignación transversal y de búsqueda de un modelo alternativo.
Una etapa en la que los vínculos entre movimientos, ciudades y regiones permiten imaginar formas de resistencia más amplias
Lejos de ser un episodio puntual, el 20-A ha inaugurado una nueva etapa en la lucha por el derecho a decidir sobre los territorios. Una etapa en la que se disputan las reglas del juego de un modelo económico que ha dejado de beneficiar a la mayoría. Una etapa en la que los vínculos entre movimientos, ciudades y regiones permiten imaginar formas de resistencia más amplias, más conectadas, más efectivas.
Un año después de esta gran movilización, el malestar y las movilizaciones persisten. Las organizaciones ecologistas y ciudadanas ya han convocado nuevas movilizaciones para el 18 de mayo de 2025, en respuesta a la inacción institucional ante sus demandas. A pesar de la participación miles de personas en las manifestaciones anteriores, las autoridades no han implementado medidas significativas. Lo que es más grave, se han propuesto cambios legislativos, como la modificación de la Ley del Suelo, que podrían debilitar la protección del territorio.
Los colectivos denuncian que las islas enfrentan un colapso social, económico y medioambiental debido a un modelo basado en la turistificación, la especulación y la desigualdad. Lo que parece claro es que el turismo no puede seguir creciendo a cualquier precio. Las islas no viven del turismo: el turismo vive de ellas. Y no hay turismo posible si los y las residentes no pueden vivir dignamente en sus ciudades y pueblos. La ola del 20-A no se detuvo en las islas. Siguió avanzando, empujada por una idea clara: hay que poner límites. Y hay que hacerlo ya.
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