Cuidados
Cientos de personas reclaman en Madrid un nuevo modelo de residencias

Entre las reivindicaciones de las decenas de asociaciones convocantes está el fin de las macrorresidencias, el aumento de las plazas públicas y mayores controles para que se cumplan los requisitos de atención a los mayores y dependientes. Tampoco se olvidan de las cerca de 35.000 personas que fallecieron durante el covid en residencias sin tener la atención sanitaria que necesitaban.
17 sep 2022 21:00

“Es absolutamente necesario este cambio de modelo y hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se una a reivindicar la protección de los derechos de las personas dependientes”, explican desde Marea de Residencia, una de las asociaciones que este sábado han convocado bajo el paraguas de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias una manifestación en Madrid para pedir mejoras en los centros de mayores y discapacitados. La llamada ha sido secundada por cientos de personas venidas desde Andalucía, Euskadi, Cataluña, Valencia y muchas otras comunidades autónomas donde se organizan familiares, trabajadores y residentes para denunciar la situación de estos centros.

Desde la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) enumeran las peticiones más claras de esta manifestación y de todo el movimiento de ciudadanos que se han unido. Empezando por los ratios de personal. Es común que uno de los motivos más denunciados sea la falta de personal, tanto por los residentes, como los familiares o trabajadores. Los sindicatos denuncian que la sobrecarga de trabajo, la temporalidad de los puestos y la feminización de estos empleos precarios está detrás de la mala situación de las auxiliares de residencias y, por ende, de los mayores de los centros.

Mientras que las plataformas piden que el ratio sea de 1,13 cuidadores por residente (es decir, 113 profesionales por cada cien residentes), el actual pacto de estado del pasado julio lo sitúa en 43 cuidadores por cada cien recientes (un ratio de 0,43). Al lado de estas cifras, las reales: hay comunidades que no superan el ratio de 0,20 para gerocultores o de 0,35 para otras especializaciones. Entre otras cosas, las plataformas en defensa de los residentes denuncian que los ratios de los pliegos de contratación no tienen en cuenta que estos profesionales —auxiliares, enfermería, gerocultores, limpieza— debe estar en activo las 24 horas del día, todos los días de la semana incluido festivos.

Actualmente, el 62% de las plazas son de financiación pública y el 38% son plazas de financiación privada, según la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales

Unos ratios que también son insuficientes en situaciones como la de la residencia de Alzheimer de Reina Sofía de Vallecas (Madrid). Una de las familiares que ha asistido a la manifestación, Paloma, explica que hoy en centro no contaban con enfermera y la doctora está saturada. “Lo que tenemos en este centro es más un hospital que una residencia. Son personas que necesitan vigilancia, incluso los que tiene más capacidad de movimientos. En un mes dejan de andar si no les hacen actividades, no tienen iniciativa propia por su enfermedad”, explica, a la vez que denuncia que los centros como éste, proclamados como referentes, no se pueden convertir en “aparcaderos de personas”. En su caso, hasta la entidad gestora de la residencia, Mensajeros de la Paz, ha admitido que los pliegos de condiciones no son suficientes para cubrir las necesidades del centro y los familiares piden a la Comunidad de Madrid que actúe antes de que cumpla el contrato, en noviembre de 2023.

Atención sanitaria, pero también acceso a los hospitales

Otro argumento es garantizar la “asistencia sanitaria de los residentes como a cualquier ciudadano, coordinando los servicios médicos de la residencia con los de salud pública”. Sigue resonando en la memoria y en la conciencia de todas las plataformas los cerca de 35.000 mayores que fallecieron a causa del covid en los centros residenciales de todo el estado, según datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del Imserso. De ellos, 23.7500 con prueba confirmada de covid y otros 10.492 decesos con síntomas compatibles pero sin confirmación. A estos habría que sumarles las personas que vivían en residencias y que murieron por otras causas pero que no pudieron tener la atención médica adecuada por la crisis pandémica.

Vinculado a estos dos motivos está el de la promoción de más plazas públicas. Actualmente, el 62% de las plazas son de financiación pública y el 38% son plazas de financiación privada, según la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales. Un porcentaje que se queda mucho más bajo si se busca las plazas públicas en centros públicos de gestión directa por las comunidades autónomas.

Las plataformas consideran que los centros de más de 60 plazas deberían tener un régimen especial mientras que la legislación ha subido ese umbral a las 120 plazas

Hay que recordar que la mayor tasa de fallecidos durante la denunciada gestión del covid, con la imposibilidad de enviar a los centros sanitarios a los residentes y los centros sin medicalizar, ocurrió en los centros de titularidad pública pero gestionada por empresas privadas. Los familiares y mayores no olvidan este dato a la hora de pedir que el nuevo modelo de residencia ponga por encima el servicio público y el bienestar del residente antes que el beneficio económico. Tampoco olvidan que las comunidades no han investigado este hecho y que en Madrid, la comunidad con mayor mortalidad, el gobierno del PP está bloqueando cualquier tipo de investigación parlamentaria. Algo que ha derivado en el impulso de una comisión civil de la verdad por los 7.291 fallecidos que no recibieron la asistencia sanitaria que necesitaban.

Más calidad de vida, más dignidad

Dentro del llamamiento por otro tipo de modelo residencial están la consideración de la vida privada de las personas residentes. Se pide aumentar el número de habitaciones individuales, favorecer todas las actividades que se puedan realizar de manera autónoma para ralentizar el deterioro cognitivo y que exista una cogestión real con los residentes y sus familiares. Esto facilitaría que las quejas de los residentes por la comida, por los errores de lavandería, las imprecisiones con farmacia y los medicamentos y las instalaciones de los centros pudieran resolverse más ágilmente y que no se eternicen las mejoras. También facilitaría la transparencia de los fondos, sobre todo en las plazas concertadas, es decir de titularidad pública en centros privados o en las plazas públicas gestionadas por entes privados.

Para una de las manifestantes, el Ministerio de Consumo debería tener competencias en la alimentación en las residencias, como ha hecho en los colegios. “Exigimos que sean nutricionistas quienes firmen los menús”

Otra de las razones de la manifestación de este 17 de septiembre es acabar con el modelo de macrorresidencias. Las plataformas consideran que los centros de más de 60 plazas deberían tener un régimen especial mientras que la legislación ha subido ese umbral a las 120 plazas. Esto ha hecho que muchas asociaciones acusen al Gobierno de no cumplir sus promesas, ya que una de ellas era la de acabar con las macrorresidencias —muy lucrativas para las empresas por el ahorro de costes pero sin mejora en la vida de los residentes— cuando en la actualidad hay 850 macrorresidencias que al aumentar este umbral e indultar a otras podrán seguir operando igual, según indica Infolibre.

Además, los últimos acuerdos ofrecían una moratoria para asumir las reglas de siete años, un plazo considerado demasiado largo para las asociaciones que piden una nueva Ley Marco Estatal de Residencias. Estas y otras acciones no cumplidas por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas dentro de sus competencias hace que las plataformas de familiares y residentes anuncian seguir en la lucha por centros residenciales mejores para los mayores y personas dependientes.

María Jesús, una de las manifestantes que tiene a su madre de 93 años en una residencia del madrileño barrio de Usera asegura que lo que quieren son “pequeñas residencias, con unidades de convivencia de 10 o 12 personas como máximo y con el personal necesario”. También hace referencia a que el Ministerio de Consumo debería tener competencias en la alimentación en las residencias, como ha hecho en los colegios. “Exigimos que sean nutricionistas quienes firmen los menús”, concreta.

La Ley de Residencias que no llega

Todas estas reivindicaciones, coinciden los manifestantes, pasan por una Ley de Residencias estatal. “Solo así será de obligado cumplimiento y no meras recomendaciones. Que no tengamos que ser solo los familiares quienes hagamos valer los contratos, debe haber inspecciones“, pide María Jesús. Por su parte, Ángel, de la plataforma de pensionistas Coespe explica que se han unido a la marcha para reivindicar normas que impliquen mayor protección de los residentes. “La ley de residencias ya hace dos años que se propuso en la Asamblea de Madrid y PP y Vox la tumbaron”, recuerda. “No puede ser que haya un 89% de plazas en manos de entes privados, que no tienen en cuenta las necesidades de los mayores”, continúa Ángel, que explica que muchos mayores no pueden acceder a plazas que cuestan de media 2.000 euros al mes por falta de plazas públicas. “Lo que quieren son hipotecas inversas para dejar nuestros pisos a los bancos”, indica.

Con el convencimiento de que esto es el comienzo de la lucha, las asociaciones convocantes cerraron el acto en la madrileña plaza de Callao con la lectura del manifiesto conjunto por parte de la periodista Rosa María Artal, con proclamas como ‘Ayuso dimisión’ o ‘sí a la atención, no a los fondos de inversión’ y con un minuto de silencio para todas las personas fallecidas en las residencias sin ser trasladadas a hospitales durante la crisis del covid. “Es el comienzo, porque rendirse no es una opción”, finalizaron los convocantes en medio de numerosos aplausos.

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