Laura L. Ruiz

Activistas de Feminismos Tetuán detenidas por defenderse del acoso y el hostigamiento de los grupos ultras en las puertas de la Clínica Dator de Madrid el 8M de 2021 se enfrentan a un juicio que ha sido aplazado tras dos años.

CNT denuncia que Azys, la empresa responsable de al menos los centros de Villaverde, Usera y Tetuán, no paga las horas extra, ni acomete la actualización del IPC, ni reconoce categorías profesionales.

La empresa, ubicada en Tres Cantos, sigue funcionando igual que cuando las imágenes de lo que ocurría en su interior se hicieron públicas en 2021 por la denuncia de una ex empleada.

Marea de Residencias vuelve a Bruselas para pedir que una misión de europarlamentarios valore la acción del Gobierno madrileño en la gestión de los centros sociosanitarios al inicio de la pandemia por covid.

Los familiares de las personas fallecidas en los centros piden a expertos analizar testimonios y pruebas para evaluar qué pasó para que hubiera 7.291 muertes por el covid

Los trabajos se reactivan gracias a una segunda subvención directa de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, después de que el año pasado se encontraran los restos de 13 personas de las 108 que se buscan.

La víctima, Julio Pacheco Yepes, no ha podido prestar testimonio debido a un cambio de juez en el proceso.

Las trabajadoras del centro Parque Coimbra de Móstoles denuncian el incumplimiento de los pliegos acordados con la Comunidad de Madrid.

Denuncian problemas como la falta de personal en todas las áreas, no cubrir el ratio mínimo y atrasos en las nóminas. El centro, propiedad de la ONG del Padre Ángel y situado en el barrio madrileño de Barajas, cuenta con más de la mitad de las plazas concertadas con el Gobierno regional.

Los familiares de los residentes del centro de referencia en Alzheimer Reina Sofía llevan casi un año denunciando la falta de personal y el incumplimiento del pliego a la ONG del padre Ángel. Ahora se tramita un nuevo pliego de urgencia.

La plataforma Verdad y Justicia y Marea de Residencias impulsan de nuevo la petición de que se investiguen los protocolos de exclusión de atención sanitaria que pudieron costar la vida a 7.291 personas en estos centros durante la pandemia por covid.

Según las trabajadoras del centro, les deben nóminas, hay una falta de mantenimiento grave y falta de liquidez para hacer frente a los gastos del día a día de los residentes.

El centro, con licitación municipal, cerraría sus puertas el próximo febrero al no haber concurrido la entidad al concurso público. Familiares y vecinos se unen para evitar que el traslado empeore la salud de los mayores.

Las familias de varios residentes llamaron a los bomberos ante el riesgo de que el agua afectara al tendido eléctrico. Desde junio vienen denunciando la falta de presupuesto para personal, materiales y mantenimiento. Se trata de un edificio de 2007 cuya gestión la Comunidad de Madrid confía en Mensajeros de la Paz.

Hablar de la muerte no es fácil en esta sociedad. El sistema lo reduce a algo privado, incómodo para los demás. Más aún cuando la muerte es de un menor. ¿Qué se permite y qué no en el duelo de sus padres? ¿Cómo se lo contamos a las niñas y niños que viven esa muerte de cerca?

A la espera de que se presente el decreto ley prometido por Yolanda Díaz, las empleadas de este servicio esencial consideran “histórico” el paso hacia una legislación que permita la evaluación de riesgo laborales que sufren en cada puesto de trabajo.

Entre las causas que más registra la fundación de ayuda ANAR está el acoso escolar, la violencia y los problemas de salud mental. Ser migrante, tener discapacidad, pertenecer al colectivo LGTBIQ o tener menos de diez años aumenta el riesgo de suicidio. Solo el 44% de los jóvenes recibe atención psicológica.

La feminización del sector, la infravaloración de los cuidados y las grandes necesidades no cubiertas en Dependencia están detrás de las reivindicaciones de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio.

La asociación Alma Latina se queda sin local en Batán, donde era el único recurso para niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Ni el banco propietario ni el ayuntamiento les ofrecen una alternativa para seguir ofreciendo un lugar seguro a familias y menores.

Las plataformas de familiares han pedido al ministro Garzón que sean nutricionistas los que supervisen el menú de los mayores en estos centros. El titular de Consumo solo se ha comprometido a hacer una guía con recomendaciones nutricionales para las comunidades autónomas.

Entre las reivindicaciones de las decenas de asociaciones convocantes está el fin de las macrorresidencias, el aumento de las plazas públicas y mayores controles para que se cumplan los requisitos de atención a los mayores y dependientes. Tampoco se olvidan de las cerca de 35.000 personas que fallecieron durante el covid en residencias sin tener la atención sanitaria que necesitaban.

Desde dar los fármacos fuera de los horarios pautados, hasta recetas que se cobran pero el residente nunca recibe. Familiares y asociaciones ponen el foco en el control o en la falta de este que tanto medicamentos como en el copago tienen en los centros para mayores.

Las trabajadoras de los Centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Madrid gestionados por la empresa Grupo 5 anuncian una huelga indefinida desde el próximo día 8 de julio. El Comité de Empresa señala que sus condiciones son peores desde que Grupo 5 fue comprado por el fondo de inversión Corpfin Capital en 2018.

Ante los dispares posicionamientos de la justicia española a investigar qué ocurrió con las 7.291 personas fallecidas en centros de mayores sin la atención médica necesaria y el bloqueo de PP y Vox en la Asamblea de Madrid, la Plataforma Verdad y Justicia pide la configuración de una 'comisión de la verdad' como la constituida con los abusos en la Iglesia.

Los familiares de los enfermos no ven suficiente que la Comunidad ponga un supervisor para ver si se cumple el contrato y consideran que el Gobierno regional es el responsable de no encontrar una solución. “Vemos que las ratios no son suficientes, dicho por la empresa que lo gestiona, por las que rechazaron el contrato, por el Comité de Empresa y por los familiares".

La asociación del padre Ángel asegura a El Salto que ha pedido a la consejera de Familia, Juventud y Política Social que otra empresa se haga cargo del centro especializado en Alzheimer. Los familiares de los residentes mantienen la concentración ya que consideran que solo con un “presupuesto real” los mayores estarán bien cuidados.

Los familiares de los residentes, todos enfermos de alzhéimer, señalan un empeoramiento de los cuidados desde que se ha hecho cargo la asociación del padre Ángel. La entidad, que entró al desistir del concurso la anterior concesionaria, asegura que es un centro perteneciente a la Comunidad de Madrid y hacen “lo que ellos dicen” con un presupuesto indicado en los pliegos muy limitado.

Dos años después del inicio de la pandemia, sigue habiendo dudas en el conteo de fallecidos en las residencias, cuántos de estos murieron al negarles el traslado a hospitales y siguen sin ser depuradas las responsabilidades políticas.

Diez residencias privadas se desvinculan del nuevo marco convenio que pide aumentar el personal y los servicios a dar en los centros residenciales.

Desde la comunidad educativa se pone el foco en que no asegurar como obligatoria la asignatura en la ESO, por mucho que se compense con Bachillerato, dejará a gran parte de la población sin trabajar conceptos básicos para construir una sociedad democrática y justa.

La convocatoria mayoritaria en Madrid, que ha contado con la asistencia de unas 100.000 personas según los datos provisionales, recupera el pulso de la calle con un llamamiento a una lucha por las mujeres transversal, transinclusivo, antirracista y antifascista.

Las trabajadoras del hogar, las camareras de piso o ‘kellys’, las empleadas de ayuda a domicilio, el sector de los cuidados o de la limpieza, son trabajos mayormente ejercidos por mujeres y estas trabajadoras no ven en el decreto de Yolanda Díaz mejoras en su vida.

El cortometraje ‘Yalla’ de Carlo D’Ursi trae a la actualidad el caso de los cuatro niños que murieron en el ataque de un dron mientras jugaban al fútbol en Gaza. Una situación que se repite en otros puntos del planeta como Sáhara Occidental o Afganistán, Somalia y que denuncian organizaciones como Amnistía Internacional y la coalición Stop Killer Robots contra las armas autónomas.

La comunidad educativa denuncia un nuevo ataque a la educación pública y anuncia que no está dispuesta a abandonar un modelo educativo que respeta la etapa de desarrollo de los niños y niñas y que es puntero en muchos otros países.

El documental ‘Price of Progress’ logra mostrar el lado más íntimo de los lobbistas en Bruselas. Monta y desmonta los argumentos de unos y otros para pedir el fin del veto a los transgénicos, a la vez que muestra la cara de hipocresía de la legislación europea en cuanto a tóxicos.

El auge de los centros privados o concertados para niños y niñas basadas en otros métodos de enseñar, fuera del sistema público de educación, cosecha éxitos a la vez que denuncias por fraude o por vulneración de los derechos laborales.

La campaña de vacunación por covid pone en evidencia a las comunidades autónomas que más dificultades han puesto en acceder a los servicios médicos a quienes no tenían regularizada su situación administrativa.

La generación de profesionales de la medicina y enfermería que se formó en interrupción voluntaria del embarazo en los años 70 y 80 por vocación no tiene a quién entregar el testigo.

La octava convocatoria de ‘A las Olvidadas’ anima a enviar títulos a las mujeres encarceladas, visibilizando así la desigualdad de sus condiciones en el sistema penitenciario y reflexionando con una dedicatoria sobre su realidad.

Asistentes a las concentraciones que se llevaron a cabo en mayo en defensa del sistema público de salud han empezado a recibir sanciones por la Ley Mordaza. Critican que la policía no identificó a ningún cacerolo pese a saltarse normas de seguridad como la distancia mínima.

2020 es el año en el que no hubo huelga del 8 de marzo pero que visibilizó mejor que nada cuales son los trabajos esenciales que sostienen la vida y la falta de valor que el capitalismo da a muchos de ellos.

La pérdida de territorios, la incertidumbre en la república de Artsaj y la crisis política interna, deja a Armenia como única derrotada y una situación de disputa por el Cáucaso Sur entre Turquía y Rusia similar a la de hace 200 años.

El acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, forzado por Rusia y Turquía, sigue dejando en el aire el enfrentamiento por controlar totalmente la región de Artsaj, un ‘país fantasma’ que continúa registrando fallecidos y miles de refugiados.

El pulso entre la ciudadanía y el partido ultraderechista PiS continúa en todas las ciudades polacas y abre la puerta a otros reclamos sociales como acabar con la vinculación del Ejecutivo y la Iglesia o el respeto por los derechos LGTB.

La tensión en el Cáucaso Sur por la República de Artsaj intenta apaciguarse aunque sin llegar a una resolución estable, después de dos semanas de ataques, al menos 300 víctimas mortales y decenas de miles de desplazados.

Los sindicatos del sureste asiático buscan hacer red para evitar represalias patronales o la deslocalización de la producción al exigir sus demandas laborales o ejercer su derecho a huelga.

Autoras, traductoras y editoras reflexionan sobre la necesidad de cambiar distopías por utopías ya que su mensaje puede ser conservador y reaccionario.

¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia ficción feminista?

A Fundación Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) anuncia o peche do Museo de Arte Contemporánea da Coruña, tras máis de vinte anos de andaina e cunha das coleccións de arte máis valiosas de España.

La Fundación Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) anuncia el cierre del Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña, tras más de veinte años de andadura y con una de las colecciones de arte más valiosas de España.

Por el final de cualquier festejo taurino, incluidos los encierros, las novilladas o las fiestas populares.

Más de 70 protestas en todo el mundo exigen el fin del cautiverio para cetáceos y otros animales acuáticos