Derechos reproductivos
La Comisión Europea rechaza crear un fondo propio para garantizar el aborto pero permite usar los existentes

La Comisión Europea ha emitido este jueves 26 de febrero una comunicación en respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Mi voz, mi decisión: Para un aborto seguro y accesible en la que concluye que los Estados miembros pueden confiar en los instrumentos existentes de la Unión Europea para mejorar la igualdad de acceso a servicios sanitarios legalmente disponibles y asequibles, incluidos los servicios de aborto seguro. La respuesta supone un rechazo a la propuesta inicial de esta ICE, que suponía la creación de un nuevo fondo dentro del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) dedicado exclusivamente a este fin. Esto supone que los países que quieran asistir a las mujeres de territorios europeos donde no pueden abortar, por ejemplo Polonia, podrán hacer uso de este fondo para ello.

Tras analizar detenidamente la iniciativa, y en relación con las limitaciones de los Tratados de la UE a las competencias de la UE en el ámbito de la salud pública, la Comisión indica que este apoyo puede prestarse a través del programa del Fondo Social Europeo Plus(FSE+), en caso de que los Estados miembros deseen, voluntariamente y de conformidad con su legislación nacional, prestar dicho apoyo, en particular utilizando o reasignando los recursos disponibles en el marco de sus programas del FSE+.

El FSE+ podría utilizarse para mejorar el acceso a servicios de aborto legalmente disponibles, asequibles y seguros para las mujeres embarazadas y puede apoyar los esfuerzos de estos Estados

El FSE+ podría utilizarse para mejorar el acceso a servicios de aborto legalmente disponibles, asequibles y seguros para las mujeres embarazadas y puede apoyar los esfuerzos de estos Estados, al tiempo que les concede autonomía para determinar cómo y en qué condiciones se facilitará el acceso al aborto seguro y legal, explica la Comisión en una nota de prensa. Dado que la ayuda de la UE ya puede ser proporcionada con relativa rapidez por los Estados miembros dispuestos a hacerlo en el marco de los instrumentos existentes, no es necesario proponer un nuevo instrumento jurídico, concluye.

La Comisión destaca que los Estados miembros tienen la posibilidad de utilizar esta financiación, pero necesitará en primer lugar modificar sus programas nacionales o regionales del FSE+ para cubrir este tipo de acciones en el marco de sus prioridades.

Una iniciativa feminista

Esta ICE ha sido promovida por Mi voz, mi decisión, un movimiento que aglutinó a feministas de ocho países para llevar la propuesta a la Comisión Europea. Para que la iniciativa fuese aceptada y valorada, el mecanismo obliga a que la propuesta llegue avalada por un millón de firmas. La recogida de firmas comenzó en abril de 2024. Con más de 1,1 millones de firmas recogidas en toda la UE, la iniciativa se presentó a la Comisión para su examen el 1 de septiembre de 2025. Mi voz, mi decisión pedía a la Comisión que proporcionara apoyo financiero a los Estados miembros que podrían llevar a cabo la interrupción segura de los embarazos, de conformidad con su legislación nacional, para cualquier persona en Europa que aún no tenga acceso a un aborto seguro y legal. 

La iniciativa fue promovida por Mi voz, mi decisión, un movimiento que aglutinó a feministas de ocho países y que consiguió más de un millón de firmas

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es una herramienta para que la ciudadanía tenga capacidad de incidir en la agenda de la UE. Fue lanzada en abril de 2012. Una vez registrada, una ICE permite a un millón de ciudadanos de al menos siete Estados miembros de la UE invitar a la Comisión a proponer acciones legales en los ámbitos en los que tiene competencia. Una vez presentada una iniciativa, la Comisión dispone de seis meses para emitir una respuesta formal. Desde su introducción, la Comisión ha registrado 127 iniciativas, de las cuales 14 han conseguido recoger un millón de firmas y se han presentado a la Comisión para su examen. Se trata de la duodécima iniciativa que recibe una respuesta formal de la Comisión desde que se pusieron en marcha las Iniciativas Ciudadanas Europeas (ICE) en 2012. 

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 483.000 abortos inseguros tienen lugar en Europa cada año. El aborto inseguro es una cuestión de salud pública, ya que puede conducir a diversas formas de daño físico y estrés mental severo y, por lo tanto, poner en riesgo la vida de las mujeres. La UE puede apoyar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la salud pública, respetando al mismo tiempo la responsabilidad de los Estados miembros en la definición de su política sanitaria, así como en la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica.