Derechos reproductivos
Norma, Susana y Lucía “son niñas, no madres”: una histórica condena en la ONU por negar el derecho al aborto

El pasado 20 de enero, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a los Estados de Ecuador y Nicaragua por la violación a los derechos humanos de tres niñas —nombradas con los seudónimos de Norma, Susana y Lucía— supervivientes de violencia sexual a las que se les negó el acceso a la interrupción del embarazo. Casi seis años después de presentadas las demandas se reconoció lo obvio: que las niñas son y deben ser niñas, no madres. 

Es que ya lo dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano: si Alicia renaciera en nuestros días no necesitaría atravesar ningún espejo para descubrir el mundo al revés, le bastaría con asomarse a la ventana. 

La decisión sin precedentes de la ONU marca un hito en la garantía de los derechos reproductivos a nivel global, al obligar a Ecuador y a Nicaragua a generar medidas de reparación para las víctimas y a la vez medidas de prevención para que ninguna otra niña viva similares torturas. Ni allí ni en ningún rincón del planeta, ya que la jurisprudencia internacional aplica a más de 170 Estados.

El movimiento “Son Niñas, No Madres” inició en 2019 ante la ONU el litigio internacional que acaba de cambiar la historia de las niñas latinoamericanas

“Queremos que la gente conozca estas condenas y que sepan que fueron posibles por la valentía de Norma, de Susana y de Lucía. Y buscamos, sobre todo, que se garantice lo que exigen: que las niñas nunca sean obligadas a abandonar su niñez por enfrentar embarazos y maternidades forzadas, y que se les respete el derecho a vivir una vida digna y libre de violencias”, explica el comunicado de “Son Niñas, No Madres”, un movimiento fundado por Planned Parenthood Global (PPG), el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Mujeres Transformando el Mundo (MTM) de Guatemala, y Surkuna de Ecuador con el objetivo de informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en las niñas.

En la actualidad, más de una decena de organizaciones de las Américas conforman esta red. Y fue el movimiento “Son Niñas, No Madres” el que en 2019 inició ante la ONU el litigio internacional que acaba de cambiar la historia de las niñas latinoamericanas. 

Ser niña en América Latina

Norma, Lucía y Susana son la foto de una violencia e impunidad que se repite. Las tres tenían menos de 14 años cuando las agredieron sexualmente. Las tres confirmaron sus embarazos producto de violación y a pesar de expresar su deseo de no ser madres, en sus países les negaron la posibilidad de interrumpir los embarazos. Además, fueron estigmatizadas, amenazadas y violentadas durante la gestación y los partos.

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) —organismo de la ONU encargado de la salud sexual y reproductiva—, América Latina y el Caribe es el segundo lugar del mundo con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años —encabeza África subsahariana— y la única con tendencia en aumento. En 2020, el 80% de las agresiones sexuales tuvieron como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años, y aproximadamente cinco de cada cien niñas dentro de este grupo de edad dieron a luz.

El panorama se agrava por la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva si se tiene en cuenta que la región cuenta con las leyes de aborto más restrictivas y punitivas, lo que limita la interrupción voluntaria del embarazo incluso en casos de violencia sexual. La falta de educación sexual integral también impide que las niñas, y sus familias, conozcan derechos e implicaciones de las relaciones sexuales y afectivas basadas en el consentimiento.

Norma

Norma vivía en un pueblo de Ecuador donde la mayoría de los chicos y las chicas solían jugar en la calle. Norma no. En cambio, pasaba largos períodos de tiempo en las casas de distintos familiares para protegerla de su papá Raúl, que maltrataba a su mamá y había sido denunciado por violar a una sobrina de 12 años.

Los momentos más felices Norma los vivió con sus abuelos. Fueron dos años de ir todos los días a la escuela y jugar con los amigos de la cuadra. Pero cuando la abuela murió, las autoridades ecuatorianas obligaron a la nena a vivir con su progenitor y así la expusieron al horror

A los 13 años su cuerpito empezó a cambiar. Fue su hermana mayor la que intuyó el embarazo y la llevó a un hospital, donde Norma se animó a contarle a los doctores el miedo que le daba escuchar los pasos de su papá acercándose a la pieza, las violaciones recurrentes, las cosas feas que Raúl le hacia. Sin embargo, nadie ofreció la oportunidad de elegir un aborto, aunque es legal en Ecuador cuando la gestación pone en riesgo la salud de la paciente.

Norma intentó suicidarse.

Mientras tanto, el papeleo burocrático trabó la denuncia y la orden de arresto contra Raúl que contó con el tiempo suficiente para armar sus valijas y escapar.

Norma fue forzada a ser mamá. Nunca volvió a jugar con sus amigos y amigas de la cuadra. Su abusador murió sin ser juzgado.

Lucía y Susana

Lucía y Susana son nicaragüenses. Lucía adoraba cantar varias veces por semana en la iglesia de su ciudad. Susana vivía con sus abuelos en un pueblito y soñaba con ir al colegio y tener amigas.

Especialmente Susana deseaba que su abuelo, miembro de una banda armada, dejara de abusar de ella, como hacía regularmente desde que tenía seis años.

Para Lucía, en cambio, los días se pusieron raros cuando el sacerdote Ricardo, a cargo del coro juvenil, comenzó a enviarle mensajes con preguntas sexuales. La situación le resultaba incómoda, pero se convenció de que no había que temerle a un hombre de fe. Hasta que cierta tarde, terminado el ensayo, el sacerdote invitó a Lucía a una de las habitaciones de la iglesia y abusó sexualmente de ella. La primera de muchas veces, durante más de un año.

Después de ser violadas, Lucía y Susana se quedaron embarazadas con 13 años cada una y obligadas a continuar con esas gestaciones. El aborto está penalizado en Nicaragua en todas las circunstancias

Tras las sistemáticas violaciones, Lucía y Susana quedaron embarazadas con 13 años cada una y obligadas a continuar con esas gestaciones, que ponían en riesgo sus vidas, porque en Nicaragua el aborto está penalizado en todas las circunstancias.

El cura Ricardo fue denunciado con pruebas contundentes, pero nunca lo procesaron. A Lucía la forzaron a parir. Su violador sigue libre. Lucía dejó de cantar.

Cuando la abuela de Susana descubrió las agresiones de su marido contra la niña lo denunció frente a las autoridades. Pero no quisieron escucharla. Ni en su pueblo, ni en pueblos cercanos. Viajaron horas y horas, narraron decenas de veces la violencia sexual. Las rechazaron siempre y archivaron la causa. A Susana la forzaron a parir. Su violador sigue libre. Susana dejó de soñar.

Las decisiones

Para reforzar la premisa principal de que las niñas son niñas y no madres, las recientes decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas obligan a los dos Estados demandados y a los más de 170 Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a garantizar el aborto y eliminar los obstáculos existentes para que niñas, mujeres y todas las personas puedan acceder a este servicio de salud, en especial en casos que generan intensos sufrimientos, como los embarazos por violencia sexual, o cuando implican riesgos para la vida y la salud.

Asimismo, el Comité insta a eliminar los obstáculos existentes al acceso efectivo de las mujeres y las niñas a la justicia, y recordó que cuando se trata de niñas la impunidad constituye un agravante.

Las condenas obligan a estos Estados a indemnizar a las niñas, facilitarles tratamiento psicológico, acompañarlas para que puedan retomar su proceso educativo, que tuvieron que abandonar para dedicarse a cuidar bebés

Finalmente, se exige que Ecuador y Nicaragua reparen a Norma, a Lucía y Susana. Así explica Marianny Sánchez, directora de comunicaciones para América Latina de PPG, qué implica cumplir con la reparación individual: “Las condenas obligan a estos Estados a indemnizar a las sobrevivientes y a facilitarles tratamiento psicológico. Además, deben acompañarlas para que puedan retomar su proceso educativo y completar los estudios que tuvieron que abandonar para dedicarse a cuidar bebés. En la misma línea, los Estados tienen que garantizar en términos económicos que los hijos que nacieron de estos embarazos forzados puedan acceder a la educación en todos los niveles”. 

Entre varios puntos, las decisiones son históricas porque, por primera vez, el Comité de la ONU reconoce que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, familiares, educativos y profesionales; restringe gravemente el proyecto de vida de las niñas y afecta su derecho a una vida digna. 

El gran litigio

Para que se entienda: América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los partos de niñas menores de 14 años están aumentando. La mayoría de estos embarazos son resultado de violencia sexual y los agresores, miembros de sus propias familias o personas del entorno cercano. 

Para que se entienda: entre los efectos de enfrentar embarazos y maternidades forzadas siendo niñas surge riesgo de muerte, desgarramiento pélvico, mayor tasa de mortalidad de los neonatos, depresión, preeclampsia, ansiedad, estigmatización social, pobreza, abandono escolar, anemia.

Frente a este panorama de espanto se organizaron desde el movimiento “Son Niñas, No Madres” y en el año 2019 pusieron en marcha una mega estrategia de acción que incluyó en simultáneo la presentación legal ante la ONU de distintos casos testigo de distintos países junto con una campaña de comunicación y sensibilización que ayudara a instalar, cual mantra, en la región el consenso social de que las niñas deben ser niñas y no madres. 

En diálogo con El Salto, las abogadas Carmen Cecilia Martínez —vocera del movimiento “Son Niñas, No Madres” y directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe— y Ana Cristina Vera Sánchez —coordinadora del litigio estratégico por la organización Surkuna, del Ecuador— compartieron el tras bambalinas de una condena que corona años de trabajo y militancia feminista.

¿Qué creen que es lo más importante de destacar del proceso de litigio internacional que llevaron hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU? 
Carmen Cecilia Martínez (CCM): En el plano legal, a lo largo de estos más de cinco años hemos tenido la oportunidad de presentar nuevos alegatos conforme a la evolución de los estándares alrededor del acceso a la salud reproductiva, incluyendo el aborto. Y creo que parte de esos avances se ven reflejados en las decisiones de ONU. Por ejemplo, en la decisión contra Nicaragua se establece justamente que la criminalización absoluta del aborto representa una injerencia que no es razonable sobre la vida privada de estas niñas que ya habían elegido interrumpir sus embarazos. Por otro lado, estructuramos un litigio estratégico acompañado de alianzas, de incidencia, de comunicaciones, y creo que eso es lo que fortalece que hoy por hoy no solamente hayamos ganado estos casos sino que encontramos una América Latina mucho más sensibilizada y en contra de verdad de que las niñas sean madres.

“Lo fundamental para nosotras era hacer un litigio feminista, en el que lo central fueran las voces de las sobrevivientes. Así es que durante el proceso ellas estuvieron absolutamente involucradas”

Ana Cristina Vera Sánchez (ACVS): Creo que el proceso en sí es lo más importante, porque implicó generar muchas sinergias entre múltiples organizaciones y trabajar juntas. Desde el principio, que fueron unas investigaciones que se hicieron sobre el tema de maternidades en niñas y adolescentes donde se detectaron varios de los casos que posteriormente se litigaron. Luego, el contacto con las niñas, poder analizar con ellas si estos procesos serían reparadores de sus vidas. Y, finalmente, tanto el trabajo del litigio como de comunicación llevado a cabo de manera colectiva. Pienso que logramos congeniar las distintas habilidades de todas para tener un proceso súper potente que acompañó a las niñas en la búsqueda de justicia y que las puso en el centro. Hicimos el ejercicio de colectivizar los trabajos feministas para lograr mayores impactos. 

¿Cómo se desarrollaron los hechos con Norma, Lucía y Susana? Siempre se cuidó mucho la identidad de las niñas y, sin embargo, lograron que sus historias den vuelta el mundo. 
ACVS: Lo fundamental para nosotras era hacer un litigio feminista, en el que lo central fueran las voces de las sobrevivientes. Así es que durante el proceso ellas estuvieron absolutamente involucradas. Algunas viajaron a Ginebra a la presentación de las demandas, vieron los videos y muchas de las estrategias de comunicación y las validaron. Es decir, se fue construyendo un procedimiento que las satisfizo. Y eso fue un gran reto porque todo el tiempo había que sopesar la necesidad que tenemos las organizaciones de difundir nuestras acciones para lograr un alto impacto con las necesidades de ellas. Por ejemplo, el anonimato. No quisieron exponer sus identidades por lo que implica todavía en nuestro mundo denunciar violencia sexual. O cuidar de no revictimizarlas. Cuestiones fundamentales para que pudieran sentirse cómodas con el litigio. Sin embargo, no dejó de ser un proceso complejo porque las obligó a exponer sus vidas, y eso fue profundamente doloroso. Por eso desde las organizaciones resaltamos que Norma, Susana y Lucía nos han enseñado a tener valor. 

CCM: Fue muy importante el manejo de las expectativas, tanto con las personas, organizaciones y movimientos aliados como con nuestras representadas. Lamentablemente, en América Latina los sistemas de justicia han fallado a las sobrevivientes de violencia sexual. No solamente porque más del 90% de las agresiones sexuales continúan en la impunidad —como pasó con los agresores de Norma, Lucía y Susana que nunca fueron judicializados siquiera—. Sino que encima el sistema de justicia les impone a las sobrevivientes una carga que las estigmatiza y que en muchas ocasiones las termina persiguiendo y criminalizando. Entonces, hablamos de sistemas de justicia absolutamente fallidos. Tengamos en cuenta que Norma, Lucía y Susana llevan alrededor de diez o más años esperando justicia. Por eso fue tan importante que en el marco de esta espera hayan estado profundamente involucradas en cada fase del proceso y de las estrategias. Porque durante el camino también se construyó un camino de empoderamiento. Al final, son ellas las dueñas de sus propios casos.

¿Creen que las sentencias legales ayudan a transformar patrones culturales que suelen naturalizar los abusos sexuales contra niñas y adolescentes?
ACVS: Yo creo que sí. Te cuento algo que ocurrió en Ecuador que es muy decidor de cómo los fallos y las campañas sí impactan en la opinión pública. Dos días antes de la sentencia que eliminó en el Ecuador el delito de aborto por violación se hizo un sondeo de opinión. El mismo sondeo se repitió después de la sentencia que logramos. El cambio en la cantidad de gente que estaba a favor del aborto por violación era increíble. O sea, había subido varios puntos porcentuales. Entonces, para mucha gente es importante la ley y las sentencias porque les permite decir públicamente, de una manera más frontal, que por ejemplo están a favor del aborto. Sacar un tema del closet, romper el espiral del silencio. El derecho genera realidad, y creo que es importante para generar esperanza. Norma se siente súper reparada. Sabe que luchó para que otras niñas no vivan lo que tuvo que vivir y eso para ella es muy reparador. Saber que está haciendo algo para transformar. Otras niñas, además, miran que una lo logró y se atreven a hablar, se atreven a decir, y quieren buscar justicia. Como un contagio de hacer justicia por nosotras. Las sentencias, las campañas lo que permiten es que se vuelva a elegir.

CCM: En esta línea es que desde el principio armamos una estrategia articulada, disciplinaria que contempló varias rutas. Sabíamos que tendríamos que esperar para que llegaran las decisiones de la ONU y teníamos que hacer algo durante esos años, porque es casi imposible luego implementar condenas y medidas sobre las que la ciudadanía en general no tiene ningún tipo de sensibilización o conocimiento. Creo que justamente parte de este éxito ha sido que en estos cinco años hemos hablado, hemos sensibilizado y no solamente entre las organizaciones hermanas, hemos ido más allá. Incluso, trabajado muy fuertemente con los movimientos de niñas para que sean ellas y sean sus voces las que reclamen por sus derechos. Eso ha sido parte fundamental del proceso: involucrar a los sectores, a la población que se está viendo tan afectada.

Las decisiones de la ONU se dan en un contexto que va muy a contramano con las conquistas de derechos de niñas, adolescentes y mujeres no solo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo entero. Gobiernos conservadores, normas cada vez más restrictivas para el acceso al aborto, a la anticoncepción, a la educación sexual integral, a la planificación autónoma de proyectos de vida. ¿Qué lecturas hacen de lo que está ocurriendo?
CCM: Es súper importante mirar estas decisiones como una ventana de oportunidad para establecer diálogos y para seguir demandando lo que no existe en países que tienen restricciones absolutas, como son los casos de Nicaragua o El Salvador. En cambio, en los Estados que ya tienen un marco normativo establecido que quizás está en riesgo ante la ola de nuevos autoritarismos, el acto de justicia del Comité de Derechos Humanos de la ONU representa un escenario para proteger lo ganado y avanzar. Más de 170 Estados ratificaron de manera soberana la competencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ende deben cumplir con las obligaciones internacionales que hemos reclamado a lo largo de tantos años.

ACVS: Estamos asistiendo a una época donde los fascismos vuelven a ser legítimos. Sinceramente, nunca pensé ver a personas como Trump o Milei con apoyo popular. Creo que el contexto es complejo pero que la resistencia es la salida. Por ejemplo, es admirable la organización alrededor del rechazo a las políticas migratorias o de género de Trump. En paralelo, creo que es una oportunidad para que Estados Unidos y Europa miren al resto del mundo. Que pongan los ojos en el sur y aprendan de Latinoamérica. Es momento de generar puentes y de que nosotras mundialicemos el feminismo. Debemos ser un polo de resistencia al avance de las extremas derechas. Yo creo que es posible resistir, pero es muy importante que sumemos manos porque enfrentamos poderes realmente grandes.