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Armas nucleares
Ya es hora de actuar
Artículo publicado originalmente en Beyond Nuclear International.
Los presidentes Abdelmadjid Tebboune y Emmanuel Macron han renovado la asociación entre Argelia y Francia para “emprender un futuro con espíritu de apaciguamiento y respeto mutuo.” Esta intención debería traducirse en nuevos compromisos que han reunido a los dos gobiernos en los últimos años. Al no haberse tratado durante las reuniones de los dos presidentes, los futuros encuentros deben marcar un punto de inflexión decisivo para resolver la cuestión de las consecuencias de las pruebas nucleares que Francia llevó a cabo en Argelia y que todavía hoy repercuten en la población local.
Entre 1960 y 1966, Francia realizó un total de 17 pruebas nucleares atmosféricas y subterráneas en el sur de Argelia, en Reggane e In Ekker. Entre las 13 pruebas subterráneas realizadas en In-Ekker, dos de ellas (Béryl y Améthyste) provocaron un vertido muy importante de rocas y lava de la montaña, lo que ha dejado la zona muy contaminada. Además de las pruebas nucleares, también se realizaron unas 40 explosiones en Reggane (Adrar) y en Tan Ataram (Tamanrasset), con pequeñas cantidades de plutonio, pero que no liberaron energía nuclear (se trataba de pruebas subcríticas). Es evidente que las condiciones sanitarias y medioambientales de estas zonas siguen siendo motivo de gran preocupación aún hoy en día. Como resultado de una importante movilización, Francia ha aceptado, con la ley del 5 de enero de 2010, al reconocer e indemnizar a las víctimas de las pruebas nucleares que estas pruebas, tanto en Argelia como después en Polinesia, no fueron “limpias”.
Incluso se ha admitido que las personas presentes durante estas pruebas en el sur de Argelia (civiles, trabajadores, militares, científicos) se han visto afectadas por enfermedades inducidas por la radiación. La ley francesa exige que el solicitante de una indemnización cumpla unos criterios muy difíciles para que se reconozca su condición de víctima. En particular, la persona debe demostrar que se encontraba en la zona geográfica de la lluvia radiactiva en el momento en que se realizaron las pruebas y debe padecer una de las 23 enfermedades enumeradas en el decreto. Lamentablemente, desde 2010, solo se ha indemnizado a un ciudadano argelino de las 723 personas reconocidas como víctimas por el Comité de Indemnización de las Víctimas de Ensayos Nucleares. La situación apunta a un grave problema.
Además, esta ley nunca se ha traducido al árabe (aunque está disponible desde 2019 en polaco), lo que restringe su acceso a una amplia población. Además, sabemos que las generaciones actuales -y las futuras si no se adoptan medidas correctoras- siguen sufriendo las consecuencias de estas pruebas. En efecto, tras numerosos testimonios y muchas investigaciones (en particular el estudio de ICAN Francia y l'Observatoire des armements - “¡Radioactividad bajo la arena! The French nuclear tests in Algeria: an analysis regarding the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons”, publicado en 2020 por la Fundación Heinrich Böll), se reconoce que Francia enterró a sabiendas diversos residuos contaminados con radiactividad en los lugares de las pruebas.
Tras numerosos testimonios y muchas investigaciones (en particular el estudio de ICAN Francia y l'Observatoire des armements - “¡Radioactividad bajo la arena! The French nuclear tests in Algeria: an analysis regarding the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons”, publicado en 2020 por la Fundación Heinrich Böll), se reconoce que Francia enterró a sabiendas diversos residuos contaminados con radiactividad en los lugares de las pruebas.
A estos residuos hay que añadir los materiales radiactivos (arena vitrificada, rocas contaminadas y lava), resultantes de las explosiones nucleares atmosféricas que tuvieron lugar en el lugar de los disparos de “Gerboise” y en una amplia zona de la ladera de la montaña Taourirt Tan Afella, en In Ekker. Argelia, por su parte, ha dado un paso más en el proceso de hacerse cargo de esta cuestión a nivel nacional, al crear, el 31 de mayo de 2021, la Agencia Nacional para la Remediación de los Antiguos Sitios Franceses de Pruebas y Explosiones Nucleares en el sur de Argelia. Pero si los dos Estados conocen bien la existencia de este “patrimonio radioactivo” desde hace varios años, constatamos, desgraciadamente, una ausencia de progresos tangibles para hacer avanzar este importante expediente.
Ha llegado el momento de actuar rápidamente, en plena cooperación y sin tabúes, tal y como subrayaron los presidentes Tebboune y Macron. ¿Vendrá esto con alguna de las sesiones del Comité Intergubernamental de Alto Nivel (HLIC)? En efecto, esta comisión, creada en 2013, ha incluido desde el principio una sección relativa a las pruebas nucleares, pero el ritmo es notablemente lento. La primera reunión del grupo de trabajo mixto sobre la indemnización de las víctimas argelinas de las pruebas nucleares francesas, el 3 de febrero de 2016, solo salió con la perspectiva de “establecer un diálogo centrado lo antes posible.” Durante el HLIC, debería elaborarse un plan de acción, que deberá hacerse público y, lo que es más importante para Francia, deberá incluir un acceso fácil a la ley Morin* para los argelinos, así como la entrega a las autoridades argelinas de todos los archivos sobre las consecuencias de las pruebas y sobre los residuos enterrados in situ. Argelia puede hacer realidad su deseo de actuar estableciendo un registro de cáncer para los habitantes del sur de Argelia a través de su ministerio de sanidad y poniendo en marcha un estudio oficial sobre la limpieza de las zonas radiactivas a través de su agencia de descontaminación. Queda en manos de Argelia, uno de los primeros países en haber firmado el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de 2017, iniciar el proceso de ratificación. Eso le permitiría obtener cooperación internacional para la limpieza medioambiental de las zonas contaminadas.
Los parlamentarios de los dos países también tienen un papel que desempeñar en la creación de un grupo de trabajo mixto que controle el calendario de los trabajos realizados lo más cerca posible del terreno y de las poblaciones. Las ONG, los universitarios, los periodistas y los actores locales también deben participar en este plan de acción global, para garantizar su aplicación en beneficio de las poblaciones afectadas.
Traducción de Raúl Sánchez Saura.