Diario de la crisis
Clase sin organización de clase

Y ha llegado, pues, la crisis de Ucrania
en el momento en que alguien la necesitaba.

Qiao Liang, La bacchetta magica della finanza, 2015.

Esta nueva entrega del Diario de la crisis, proyecto compartido con Machina-DeriveApprodi y Effimera, ofrece este texto de Gianni Giovannelli, jurista y abogado laboralista radicado en Milán, en el que el autor se detiene a reflexionar sobre cómo la clase precaria proletaria —«desafecta, desunida, fragmentada, insatisfecha», carente de formas de organización de clase— recurre ahora a formas de resistencia pasiva. Mientras tanto, en Italia se recorta la renta de ciudadanía y el Gobierno de derecha dirigido por la neofascista Giorgia Meloni impulsa medidas para convertir en realidad la coacción a trabajar a cambio del disfrute de las prestaciones sociales. Así, por un lado, se amplía el número de quienes se encuentran en una situación de penuria económica y, por otro, se eliminan las alternativas a quienes ya viven en la incertidumbre. «Un ejemplo, entre muchos posibles [...], es el caso de Alitalia: casi 2.000 trabajadores han sido despedidos, contingente formado fundamentalmente por aquellos cuya edad o estado de salud costaban más y rendían menos a la empresa». Por último, «para golpear a los que ya tienen dificultades, la inflación está desempeñando un papel central. El precio del gas, la electricidad, los teléfonos móviles y los alimentos erosionan los escasos recursos disponibles», atacando las últimas líneas de defensa de los hogares precarios: la vivienda y los ahorros familiares». Estos son los problemas a los que se enfrenta hoy «la clase sin organización de clase».

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La Legge n. 85, de 3 de julio de 2023, ha convertido en ley, con la introducción de determinadas enmiendas, el Decreto-Legge n. 48, de 4 de mayo de 2023, de Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, entrando así en vigor la primera normativa sobre cuestiones laborales aprobada por el Gobierno de derecha dirigido por Giorgia Meloni.

Como es habitual, el paquete normativo siguió un guión ya bien testado, herencia de los gobiernos anteriores, lanzando, pues, una señal de continuidad al menos en cuanto al procedimiento se refiere. La utilización de la forma legal del decreto-ley permite evitar las agotadoras discusiones y negociaciones de las comisiones legislativas, concediendo libertad al poder ejecutivo a la hora de elaborar las medidas correspondientes al tiempo que protege al Gobierno contra las insidias parlamentarias y el fuego amigo.

El ataque a la renta de ciudadanía es un ataque preventivo, que pretende desarticular y aniquilar la mera idea de que sea posible existir sin ser puesto en valor

Por otro lado, la conversión debe producirse en cualquier caso en un plazo de sesenta días y la trampa de la cuestión de confianza propuesta a la Cámara de diputados sobre una determinada norma legislativa, prevista en la Constitución italiana, blinda definitivamente este procedimiento legislativo. No cabe duda, sin embargo, de que no se trata de una mera cuestión de método: la coalición liderada por los neofascistas no se ha desviado demasiado, ni siquiera en lo sustancial, de las expectativas, plegándose abiertamente a los intereses de las empresas, contrabandeados ante la opinión pública por interés general.

La guerra en Ucrania sigue su curso y no se prevé, al menos a corto plazo, su conclusión. Algunos segmentos productivos y entre ellos destaca naturalmente el vinculado al aparato militar, han multiplicado sus beneficios; otros, como el turismo, ya desgastado durante el bienio de la pandemia, luchan por remontar la situación. El aumento de los costes energéticos y la persistencia de la inflación son otros motivos de fricción: en el área de la composición capitalista actual hay quien gana y quien pierde y ello se refleja inevitablemente en las opciones políticas nacionales. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el seno de la inmensa mayoría de los subalternos (la moltitudine diría Toni Negri), donde prevalece la división, este abigarrado capitalismo financiarizado tiende a la coalición en cuanto se siente en peligro. Al menos en el seno de los alineamientos en los que objetivamente operan.

Casi 2.000 trabajadores fueron eliminados de la plantilla de Alitalia, despedidos, eligiendo el grupo de aquellos cuya edad o condiciones de salud resultaban más costosos y menos rentables

La hegemonía estadounidense es ahora un punto indiscutible incluso para la vieja Europa y, por consiguiente, la guerra, el coste de la guerra, las consecuencias de la guerra, son innegociables. Únicamente hace falta dirimir quién debe pagarlo y actuar en consecuencia. He aquí la elección del gobierno italiano y, por lo demás, del resto de gobiernos europeos y he aquí el decreto que procede concretamente a identificar los recursos y las partidas que deben sustraerse y asignarse a la realización de dicho pago.

¡Fuera la renta de ciudadanía!

El texto de la Legge n. 85, de 3 de julio de 2023, se abre con esta decisión, que ya se había anunciado en la campaña electoral (artículos 1 a 13). La anulación de las normas sobre la renta de ciudadanía (aprobada en su momento por la Lega y el Movimento 5 Stelle con la oposición del Partito Democrático, Fratelli d’Italia y Forza Italia) no es sólo un procedimiento de pesca de arrastre para arañar recursos mediante la reducción del gasto social; es algo más articulado y más violento.

Italia, año I después de Meloni

Jaime Bordel Gil

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Italia

Extrema derecha Italia, año I después de Meloni

Jaime Bordel Gil

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A un año de su victoria electoral, el gobierno Meloni se mantiene en una situación estable que solo parece ser alterada por las tensiones al interior de su coalición.

La inmensa cuenca social que vive en condiciones de precariedad utiliza formas de resistencia que se han vuelto casi tradicionales en la época contemporánea: la pasividad, la espera polémica, la no cooperación, la retirada o incluso la negación. Ciertamente este precariado no percibe (¿todavía?) el trabajo como una mercancía, como un enemigo, pero ello es, si bien de forma confusa, un peligroso signo de malestar existencial, nacido y criado en el seno de una precariedad indispensable para la producción de valor. Una turba dividida, desunida, fragmentada, insatisfecha. Una clase sin organización de clase. El ataque a la renta de ciudadanía es un ataque preventivo, que pretende desarticular y aniquilar la mera idea de que sea posible existir sin ser puesto en valor. Según el Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), poco más de un millón de personas recibe la renta de ciudadanía (lo cual afecta a hogares que contabilizan más de 2,5 millones de personas); la nueva normativa los han puesto en el Índice como si fueran una carga, los han añadido a la mayoría pobre como unos sinvergüenzas que campaban de brazos cruzados sin hacer nada y que quitaban recursos a los trabajadores.

En el país real, la pobreza (tanto absoluta como relativa) permanece, pero sigue siendo una minoría numérica, por lo tanto, una debilidad política

Cada segmento de la mayoría subalterna es, visto aisladamente, una minoría: los cuatro millones de trabajadores y trabajadoras que no llegan a percibir al salario mínimo, los jornaleros y jornaleras agrícolas víctimas de la patronal, los obreros y obreras del sector textil explotados por los contratistas, los emigrantes activos en el sector de la logística, los cuidadores y cuidadoras, todos ellos. Utilizando el mismo esquema lógico, en los últimos días el Ministerio del Lavoro e della Previdenza Sociale ha reelaborado los datos estadísticos; la recién nombrada comisaria Michela Gelera (instalada imperativamente al frente del INPS tras la destitución de Pasquale Tridico, su antiguo director) firmó el XXII Rapporto Annuale del INPS, fechado el 13 de septiembre de 2023, eliminado del mismo la pobreza por medios matemáticos. Ha tomado únicamente un mes como referencia, y no el año entero, eliminado del sistema de cálculo la ayuda doméstica y el trabajo agrario, manipulando y alterando las bases de partida, para a continuación presentar un total en el que la anterior franja, que indicaba un 24% de pobres se reducía mágicamente a 871.800 trabajadores.

En el país real, la pobreza (tanto absoluta como relativa) permanece, pero sigue siendo una minoría numérica, por lo tanto, una debilidad política, incrementada sinérgicamente por su falta de organización durante el conflicto en torno a la derogación de la renta de ciudadanía. El procedimiento para acceder a la llamada inclusión (un subsidio modesto y limitado en el tiempo) es diabólico y en términos de complicación y paradojas recuerda a la célebre película Trampa 22, basada en la novela homónima de Joseph Heller, Catch-22. Además (una abstracción fáctica casi inaplicable, pero importante como elemento disuasorio adicional), el subsidio se anula ante ofertas de trabajo estable (artículo 9) efectuadas en cualquier municipio italiano, retribuidas con el salario mínimo e incluso a tiempo parcial (60%); en cuanto al trabajo temporal, la oferta de trabajo es válida, si el puesto de trabajo se encuentra en un radio de 80 kilómetros del lugar de residencia o, en todo caso, en lugares a los que se pueda llegar en 120 minutos (si computamos la ida y la vuelta serían 240 minutos, esto es, cuatro horas diarias invertidas en desplazamientos al puesto de trabajo). Con un tren TAV (que es público) se puede ir de Milán a Florencia en ese tiempo, pero el billete cuesta más que el salario, pero no importa: el problema no es ocupar a los sujetos empleables, sino quitarles posibles alternativas para obligarles a aceptar cualquier cosa a fin de poner en valor cada existencia. Este es el objetivo de la ley, lo demás es propaganda.

Salarios mínimos y similares

El Decreto-Legge n. 48, de 4 de mayo de 2023, convertido en norma con rango de ley por la Legge n. 85, de 3 de julio de 2023, como hemos indicado, contiene otros elementos que confirman la lógica de la medida. El artículo 37 eleva en el sector turístico (incluidas ferias y eventos) el límite en el que se permite utilizar el vaucher, esto es, la contratación por un día, a todas las empresas que empleen hasta 25 trabajadores, incluso a través de una agencia de colocación, sin previo aviso y sin garantías. ¡Con 25.000 euros al año estamos por encima del umbral de la pobreza! El artículo 24 amplía aún más el ámbito de aplicación de los contratos de duración determinada, los cuales se alargan hasta los 24 meses sin necesidad de justificar por qué, mientras el umbral del porcentaje de utilización también desciende, debido a las exenciones del cálculo, que son tan amplias que incluyen cualquier eventualidad.

Joseph Goebbels, el ministro nazi de Propaganda, tenía razón: una gran mentira se cree y se convierte en verdad si se propone y repropone una y otra vez

El único amortiguador social (art. 39) se refiere (pero sólo hasta el 31 de diciembre de 2023) al porcentaje de retención previa a cargo del trabajador (hasta 25.000 o 35.000 euros), con un beneficio neto de aproximadamente 50 euros al mes (300 euros hasta el vencimiento). La dotación para las empresas es mucho mayor: las empresas de transporte obtienen exenciones de pago, las que contratan a menores de 30 años se benefician de reducciones sustanciales, incluso la Agenzia Industrie Difesa recibe 14,5 millones de euros en ayudas (artículo 33) para fomentar las cadenas de producción (traducido: producción de nuevas armas).

El recorte de recursos y el fomento del trabajo precario explotado se refleja lógicamente en el silencio que rodea a la cuestión del salario mínimo horario, que se ha pospuesto sine die a la espera que el Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), dirigido hoy por el exministro Brunetta (Forza Italia, ahora Azione), ofrezca orientaciones. Pero la elección ya está cantada: ninguna garantía de umbral de salario mínimo horario y la entrega del trabajo pobre a las organizaciones sindicales, que se afanarán por mantenerlo así. Precisamente el estudio de la Fondazione Consulenti del Lavoro (entonces dirigida por el hoy ministro Calderone) había puesto de relieve cómo de los sesenta y un principales convenios nacionales al menos un tercio, entre los firmados por CGIL-CISL-UIL, están por debajo de los nueve euros brutos por hora. La fiscalía de Milán tiene en curso numerosas investigaciones que identifican las tarifas sindicales como fruto de la intimidación y el matonismo.

La guerra en Ucrania tiene costes, así que la ocasión la pintan calva para hacer que las clases subalternas los paguen

La propaganda del régimen presenta los acontecimientos económicos desde otro ángulo. La tributación de los bancos por sus beneficios extraordinarios, anunciada pero aún no aplicada, no afecta más que a una pequeña minoría de ciudadanos, pero las críticas al proyecto se basan en la defensa de la economía presentada como constitutiva del interés general del país: el perjuicio no afecta sino a un pequeño grupo de privilegiados (que pagan el 0,4% sobre el dinero retenido y exigen el 4,5% sobre el dinero prestado), sino a la nación. En cambio, el salario mínimo es la reivindicación de una minoría de sólo cuatro millones de personas y perjudica a la totalidad del aparato productivo y, por lo tanto, a la mayoría del país. Joseph Goebbels, el ministro nazi de Propaganda, tenía razón: una gran mentira se cree y se convierte en verdad si se propone y repropone una y otra vez. El Gobierno de derecha sabe hacer buen uso de esta enseñanza. El precariado, por su parte, sin organización y sin alternativas sociales, no sabe unirse y se coloca así en una condición de sumisión, obligado por las circunstancias a sufrir el chantaje, lo cual constituye también otra de las trampa de la precariedad.

Inflación, guerra y presupuestos generales: ataque en medio de la crisis

La guerra en Ucrania tiene costes, así que la ocasión la pintan calva para hacer que las clases subalternas los paguen y al mismo tiempo que ello contribuya a modificar las relaciones de fuerza de modo que beneficien aún más a la organización capitalista actual. La pasividad y el sentimiento de alienación que caracterizan el comportamiento social del enjambre precario se traducen no sólo en la alienación habitual, sino que deben convertirse, de acuerdo con el proyecto gubernamental, en sumisión activa. La desafección, cuando se convierte en apatía desesperada, frena la cooperación social y es un obstáculo para la creación de valor. La sumisión está bien, pero hay que mantener el ritmo binario durante el trabajo, como en Nueva Orleans, this old hammer. Por ello se opta, por un lado, por ampliar el grupo de quienes viven en una situación de penuria y, por otro, por quitar recursos alternativos a los que ya viven en la inseguridad y la incertidumbre.

Un ejemplo, entre muchos otros, de ampliación de estos grupos es el caso de Alitalia: casi 2.000 trabajadores fueron eliminados de la plantilla, despedidos, eligiendo el grupo de aquellos cuya edad o condiciones de salud resultaban más costosos y menos rentables a la empresa. Para conseguirlo se ha anulado legalmente la obligación de cumplir criterios de selección vinculantes, recurriendo a la figura del decreto-ley; ahora se enfrentan a un litigio promovido por demandantes particulares contra un aparato institucional compacto, de derecha a izquierda, incluidos los sindicatos.

Durante la crisis, en el seno de la economía de guerra, en medio de la inflación, el poder intenta atacar las trincheras de última hora excavadas para defender la pasividad precaria: la vivienda en propiedad y los ahorros familiares

Estalla la contradicción ante una serie de decisiones contradictorias, unas aceptando, otras rechazando, las demandas de los trabajadores; y en el seno de esta contradicción, los organismos de la Unión Europea dudan en posicionarse. Ante los primeros éxitos, se comienza a amenazar: Giorgio Pogliotti, en Il Sole 24 Ore de 17 de septiembre, recoge la noticia de la readmisión de ciento setenta y cuatro trabajadores en ITA Airways (Tribunal de Roma, 13 de septiembre), pero señala que treinta y cuatro sentencias han dado la razón en cambio a la empresa y, sobre todo, que cualquier éxito de los trabajadores significa la salida de Lufthansa de la operación y la anulación de las ayudas estatales, es decir, la quiebra de la empresa. En sustancia: o los trabajadores pierden el caso o el patrón pone la mesa patas arriba y se acabó el juego. Incluso el Gobierno de Meloni, siempre dispuesto a cumplir las órdenes dictadas, se ha dado cuenta de ello: el último decreto publicado por improrogabile urgenza está a punto de publicarse en la Gazzetta Ufficiale y el presidente de la República, Sergio Mattarella, ha confirmado que lo firmará. Se trata de una auténtica interpretación de la ley, que debe aplicarse precisamente en el caso ITA-Alitalia; entretanto, el Gobierno, que es el propietario del paquete de control de las empresas, mientras el juicio está en curso, ¡interviene y declara en el decreto que las normas deben interpretarse tal y como dicen sus abogados en la sentencia! Algo muy distinto de la autonomía de los tres poderes del Estado: parece una norma ideada por un militar birmano o un coronel en Haití. Veremos cómo acaba la cosa, porque estos políticos afortunadamente son arrogantes, pero semianalfabetos, y el texto hace aguas por todos lados. La vía judicial, sin embargo, frágil por naturaleza, es un indicador significativo de la falta de organización real de los trabajadores en la gestión del conflicto; se elige necesariamente en ausencia de vías alternativas creíbles o, al menos, posibles.

Para golpear a los que ya lo están pasando mal, la inflación desempeña un papel central: la subida de los precios del gas, la electricidad, los teléfonos móviles, los alimentos, etcétera erosiona los escasos recursos disponibles de los hogares. La maniobra sobre los costes es astuta, retirándose cuando es mejor retirarse y golpeando cuando al destinatario de sus medidas le resulta difícil reaccionar. Durante la crisis, en el seno de la economía de guerra, en medio de la inflación, el poder intenta atacar las trincheras de última hora excavadas para defender la pasividad precaria: la vivienda en propiedad y los ahorros familiares. Los súbditos son mayoría, potencialmente no pueden sino vencer, pero los segmentos de esta mayoría son minorías y como tales no pueden sino perder. Este es el problema que se plantea a una clase sin organización de clase. Y este es también un aspecto de la crisis actual. Como escribió el viejo Marx: «Las revoluciones proletarias [...] a menudo se detienen en su marcha [...] retroceden aterrorizadas [...] llegan a un punto en el que es imposible volver atrás y la propia situación grita ¡Hic Rhodus, hic salta!».