Ecología
Café verde para todos o cómo financiar con dinero público la transición verde de las corporaciones

El pasado mes de mayo se presentó el NextGenerationEU, un conjunto de instrumentos de acción que deberían ayudar a recuperar la economía apoyando a los Estados miembro y las empresas durante el período de 2021 a 2024. Estas ayudas tendrían el propósito de acelerar la transición ecológica y digital, contribuyendo al marco de referencia del Pacto Verde Europeo (European Green Deal).

El NextGenerationEU está dotado con un presupuesto total de 750.000 millones de euros, el 90% del cual, 672.500 millones, constituye el instrumento estrella: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), un fondo al que los países de la UE pueden presentar propuestas nacionales para conseguir financiación para proyectos.

El MRR se ha convertido en la obsesión de los Estados miembro para reparar los estragos de la crisis sanitaria. Tanto es así que el pasado 7 de octubre se presentó el primer documento del plan español para el MRR con el nombre de: “España puede. Plan de recuperación, transformación y resiliencia”. Pedro Sánchez ofició una suntuosa ceremonia alabando el milagro que suponía el mecanismo y lo comparó en importancia a la entrada del Estado español en la UE o a los fondos de cohesión europeos. Dentro de su lógica, no le faltaba razón. España espera captar 72.000 millones de euros en subvenciones y, atención, el 37% deben ir a proyectos verdes. Y ahí empieza la preocupación.

Endesa, Petronor, Iberdrola o Inditex quieren aprovechar la lluvia de millones de Europa para pintarse de verde

El plazo para presentar los planes nacionales a la Comisión Europea finaliza el 30 de abril de 2021, y pueden ser autorizados en poco más de dos meses. Este procedimiento es extremadamente rápido para el ritmo normal de las instituciones y tiene grandes oscuros sobre el proceso y los criterios de elegibilidad de los proyectos. De momento, ya han salido a la luz propuestas de algunas comunidades autónomas y de grandes empresas como Endesa, Petronor, Iberdrola o Inditex. Estas corporaciones quieren aprovechar la lluvia de millones para pintarse de verde con propuestas que van desde trenes de alta velocidad, a corredores de hidrógeno o medidas de ecoeficiencia para ampliar el negocio.

Otro dato preocupante es que el proceso de formulación y canalización de las propuestas se acabe realizando a través de grandes consultoras privadas como Deloitte o PWC por una supuesta incapacidad de la administración para asumir el reto en tan poco tiempo. Esto pone en duda la transparencia de la elección de proyectos, supone un claro conflicto de intereses y un cierre por arriba del procedimiento: la mayoría de las grandes empresas son clientes habituales de estas consultoras y tienen largas y fluidas relaciones comerciales.

Considerando la importancia del momento en términos de cantidad, velocidad y (pretendido) color del dinero público que se está movilizando, podemos afirmar que el MRR va a ser clave para esta década 2020-30. “Lo verde” está ahora más que nunca en disputa y viene respaldado por unos presupuestos astronómicos que son, quizás, en términos de inversión pública, la última oportunidad para contribuir a la transición necesaria. Si no se incide para cambiarlo, se va a servir “café verde para todos” los proyectos de las grandes corporaciones, sea cual sea su currículum pasado, su contribución actual a los problemas ambientales, sus beneficios o el trato a las trabajadoras.

No estamos en disposición de pagarle la transición ecológica a empresas contaminantes, que siguen acumulando beneficios y que nadie puede asegurar que no hagan un ajuste de plantilla en poco tiempo

Frente a este panorama surgen dos demandas directas a las administraciones públicas y una posible vía de actuación para la sociedad civil y los movimientos sociales. Para las administraciones, exigir que los procesos sean transparentes y abiertos al escrutinio público. Se hacen pomposas ruedas de prensa y ejercicios de comunicación y gesticulación política pero la información de detalle es de difícil acceso y el debate entorno a las propuestas, inexistente. Ligado a esto, puesto que necesitamos información previa y precisa para la incidencia política, la aceptación o no de proyectos debe tener criterios claros de elección y de exclusión. No estamos en disposición de pagarle la transición ecológica a empresas contaminantes, que siguen acumulando beneficios, que reparten dividendos, que vulneran los derechos de las trabajadoras y que nadie puede asegurar que no hagan un ajuste de plantilla en poco tiempo.

Por último, ¿podemos pensar en redireccionar esta inversión pública hacia una salida distinta y transformadora de la crisis? ¿qué tipo de proyectos propondríamos presentar para un plan de este calibre? ¿ayudas para transicionar a agricultores, PYMES y autónomos? y las redes de economía social y solidaria ¿podrían salir reforzadas por este plan tomando en cuenta que una parte del mismo son subvenciones directas? ¿Deberíamos crear espacios para pensarlo conjuntamente?