Economía
El Constitucional alemán lleva a la justicia europea las medidas de rescate de Draghi

Desde el comienzo de la crisis del euro, la actuación del BCE ha suscitado numerosas suspicacias y protestas en Alemania. Esta vez ha sido el Tribunal Constitucional alemán quien, el pasado 15 de agosto, anunció que llevaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el programa de compras de deuda pública que actualmente tiene en marcha el Banco Central Europeo (BCE). El órgano de justicia alemán ha recibido varias demandas que aseguran que el banco presidido por Mario Draghi estaría extralimitándose en sus funciones. Si el proceso prosperase podría implicar la paralización de las compras por lo que, desde Alemania, han solicitado que se resuelva por un procedimiento acelerado que reduzca los plazos.

El famoso programa iniciado en 2015, el quantitative easing (QE), propicia la compra de 60.000 millones de euros mensuales mayoritariamente de bonos de deuda pública. Según el tribunal habría “serias razones para sostener que las decisiones que subyacen al programa de compra de bonos violan la prohibición de la financiación monetaria de los estados y sobrepasan el mandato del Banco Central Europeo y transgreden así las competencias de los Estados miembros”.

Tal fallo recuerda a la acción llevada a cabo en 2012 prácticamente por los mismos actores (entre ellos, Bernd Lucke, fundador del partido de ultraderecha alemán, Alternative für Deutschland) contra el programa de compra de deuda pública previo al QE (el OMT, por sus siglas en inglés). En contra del OMT se esgrimieron los mismos argumentos que hoy se alegan contra el QE. En aquella ocasión el TJUE falló a favor del banco de Frankfurt, asegurando que era compatible con la normativa europea.

Una pesada losa jurídica

Las soluciones implementadas para solucionar la crisis europea desencadenada tras el crack financiero de 2007 han desvelado las incoherencias del propio sistema del euro. Las acciones desarrolladas por el BCE se han estrellado contra viejos elementos de debate como la supuesta independencia del organismo, la imposibilidad de financiación a los Estados o la falta de unión fiscal. En concreto, el artículo de la discordia sobre el que se fundamenta la demanda alemana, el 123 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, prohíbe la mencionada financiación pública por parte del BCE. Se trataría de analizar si comprar deuda de los Estados en el mercado secundario supone violar ese artículo.

El Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe la financiación pública por parte del BCE
Con su normativa, la UE ha buscado garantizar una determinada política monetaria cuya prioridad exclusiva sea el mantenimiento de la estabilidad de precios La prohibición del artículo 123 veta explícitamente la adquisición de instrumentos de deuda pública de los países del euro. Además, el artículo 125 recalca que la UE “no asumirá ni responderá de los compromisos de los Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas” de los Estados miembros.

El objetivo de esta doctrina es que cada país sea el responsable único y exclusivo de sus finanzas. Es decir, que si un Estado miembro tiene problemas con la financiación de su deuda pública le corresponde aumentar sus ingresos o reducir sus gastos y, bajo ningún concepto, obtendrá la ayuda del BCE u otros órganos comunitarios para reducir la carga de su deuda.

Entre la independencia y la responsabilidad democrática

Tras esta polémica se esconde la cuestión de la independencia política del BCE quien, según la ortodoxia europea, no debe inmiscuirse en las políticas nacionales -no solo en la compra de deuda-, ni seguir orientaciones de ningún Estado. Esta independencia no tiene parangón con la de otros bancos centrales. A pesar del papel meramente técnico que se le supone al banco, tanto las “políticas monetarias no convencionales” como muchas de las acciones realizadas durante la crisis han hecho que camine permanentemente en arenas movedizas.

El propio planteamiento de la pregunta del Constitucional alemán recoge la cuestión de la extralimitación democrática en la que podría estar incurriendo el BCE con el QE. Pero este dilema entre independencia y responsabilidad democrática trasciende a la política monetaria y ha sido señalado en numerosas ocasiones. En marzo de este año, la ONG Transparencia Internacional afirmaba que “mantener la independencia del BCE limita su responsabilidad ante los ciudadanos”. La ONG recordaba entonces el papel claramente político del BCE en el momento culminante de la crisis griega cuando limitó el techo de liquidez de emergencia para los bancos sin anunciarlo públicamente.

El Banco Central Europeo ha asumido un rol político a pesar de no tener mandato para ello

Pero Grecia no es el único caso en que han surgido dudas sobre el papel político del BCE. Según la misma organización, la recapitalización del banco italiano Monte dei Paschi y las cartas del anterior presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, a los gobiernos español, italiano e irlandés serían algunas de las muestras de extralimitación del estrecho mandato actual del BCE.

A lo largo de la historia, los bancos centrales han intervenido en economía para la consecución de objetivos políticos. Así ha sido, porque los bancos centrales son las últimas instancias que pueden detener las subidas insostenibles de los tipos de interés. La peculiaridad de la moneda única es que esa potestad recae en un BCE que, por la inercia de los acontecimientos, ha asumido un rol político a pesar de no tener mandato para ello.