Ecuador
Carlos Javier Vega, la primera víctima del estado de excepción en Ecuador

Cuando el pasado 2 de febrero Carlos Javier Vega salió de su casa en Guayaquil para ir con su sobrino Eduardo Velasco a vender una mascota, su familia no tenía ni idea que era la última vez que lo verían con vida.

Vega y Velasco se dirigían a la Universidad Salesiana para encontrar a un amigo interesado en comprar uno de los cachorros que había dado a luz justo unos días antes la perra pitbull de Velasco. Cuando estaban llegando, el Chevrolet Aveo de Velasco se topó con tres militares en la calle.

Unas horas más tarde, el ejército ecuatoriano publicaba las fotos de Vega y Velasco tumbados en el suelo, con los rostros ocultos y las camisetas manchadas de sangre. “Terroristas aprehendidos ante intento de ataque a retén militar”, titulaba el post que difundió el ejército en Facebook. 

“Aún no cabe en mi cabeza lo que hicieron [los militares]”, cuenta a El Salto la madre de Vega, Laura Ipaneque, con la voz rota por la conmoción

Vega murió en el hospital al día siguiente. Según el informe de la autopsia al que tuvo acceso la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), su cuerpo presentaba cuatro orificios de bala.

“Aún no cabe en mi cabeza lo que hicieron [los militares]”, cuenta a El Salto la madre de Vega, Laura Ipaneque, con la voz rota por la conmoción.

En Ecuador, el ejército lleva patrullando las calles desde el pasado 9 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró el “estado de conflicto interno”. Una decisión tomada después que un grupo de jóvenes armados y encapuchados irrumpiera en los estudios de la televisión TC, reteniendo a los presentadores al grito de “estamos al aire para que sepan que no se juega con las mafias”. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. 

Ecuador, hace pocos años uno de los países más pacíficos de Latinoamérica, se encerraba en su casa con el miedo a los narcos. Y el Gobierno respondía identificando a 22 grupos criminales como objetivos militares. En esta guerra intestina, Vega es una de las primeras víctimas colaterales.

Versiones opuestas

En su post en Facebook, el ejército declaró que los militares habían disparado después que el coche en el que viajaban Vega y Velasco hubiera intentado “evadir el control, embistiendo a personal militar e impactando contra el vehículo de la patrulla”. Pero la familia de Vega cree que estas acusaciones son un montaje. Ipaneque describe a su hijo como un joven de 19 años cariñoso, abierto y muy religioso. 

“Nosotros somos una familia cristiana, desde muy pequeña asistimos a una iglesia en la cual él tocaba el bajo en el grupo de alabantes. Los fines de semana, él se iba a su ensayo, a la reunión de jóvenes, y de lunes a viernes nos ayudaba en una panadería que nosotros tenemos. Era una persona alegre, amorosa, cariñosa, atento con todo”, cuenta Ipaneque.

La versión de Velasco también defiere mucho de la oficial. 34 años, trabaja como comerciante de productos naturales y como conductor privado. De aquel día recuerda que “justo cuando me tocaba pasar a mí, el militar me detuvo en la marcha”. Velasco intentó convencerle de que le dejaran pasar, sin éxito. Dio entonces marcha atrás, sin nota la presencia de un patrullero aparcado atrás. Lo golpeó, y los dos coches se quedaron enganchados. En ese momento, uno de los soldados se adelantó y empezó a patear la parte delantera del coche. Velasco intentó avanzar para desenganchar su coche. De repente, escuchó un disparo.

“Veo la reacción de mi primo que se me va contra la mampara del carro, se cambia su color a verdoso y automáticamente escucho el otro disparo que viene de adelante para acá, para el carro. Pensé que se estaba habiendo un cruce de balas con el allanamiento. Lo único que hice fue querer salir de ahí”, relata.

Los militares no tardaron en llegar: “Me tiran al piso, me golpean, me pisan la cabeza, me pisan la herida. A mi primo [que murió poco después] también le golpearon estando herido”, cuenta a El Salto Velasco, superviviente del ataque militar

Velasco dice haber conducido otros 200 metros antes de descubrir que perdía sangre desde un hombro. Una bala lo había alcanzado. Cuando se dio cuenta de que no podía conducir más, paró su Chevrolet y salió a buscar ayuda. Los militares no tardaron en llegar: “Me tiran al piso, me golpean, me pisan la cabeza, me pisan la herida. A mi primo también le golpearon estando herido”, cuenta. En seguida llegó también un patrullero de la policía. Solo en ese entonces llamaron a la ambulancia, según cuenta Velasco. Revisaron también el coche, pero no encontraron nada sospechoso.

HRW ha estado realizando su propia investigación sobre este acontecimiento. Según esta organización de derechos humanos, el de Vega podría ser el primer caso de “aparente ejecución extrajudicial” de la guerra contra el narco ecuatoriana. Sus investigadores piensan que las fuerzas del orden han sido lentas en brindar socorro. Una opinión que comparte también Abraham Aguirre García, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos que asiste a la familia Vega en el proceso en contra de los militares: “Este no llamar a la ambulancia fue determinante ya que, por la gravedad de los disparos, esos minutos fueron vitales”, asegura. Aguirre está convencido que los soldados dispararon para matar. “Los tres militares nunca observaron el uso progresivo de la fuerza y no mediaron el factor de riesgo del disparo”, continúa.

En una entrevista con la televisión local Ecuavisa, el capitán de navío Carlos Salvador señaló que los soldados apuntaron a los neumáticos. Si los disparos terminaron alcanzando a los dos hombres, fue “por la irregularidad del área”, porque “el vehículo se movió y por la impericia del conductor". Pero la familia Vega no le cree, y ha pedido un informe de trayectoria balística y escáner Leica 3d para reconstruir el acontecimiento.

En este momento, la fiscalía de Ecuador ha abierto dos investigaciones sobre los acontecimientos. El Ministerio de Defensa ha dicho a El Salto que el caso “se encuentra actualmente en investigación por la autoridad competente". 

Velasco fue acusado de “ataque o resistencia” y fue puesto bajo arresto domiciliario. En abril, su caso fue cerrado y puesto en libertad.

La tormenta perfecta

La muerte de Vega ilumina la guerra contra el crimen organizado con una luz siniestra. En los últimos años, sobre Ecuador se ha desatado la tormenta perfecta: la pandemia derrumbó la economía nacional, y el país se ha convertido en una plataforma estratégica para el acopio y envío de droga a los mercados internacionales. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cercanía de países productores de cocaína como Perú y Colombia, su reducida extensión territorial, las buenas infraestructuras viales y la adopción del dólar como moneda nacional han transformado Ecuador en una pieza estratégica para las grandes mafias internacionales, como los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación o los grupos criminales de los Balcanes. Pandillas locales como los Choneros o Los Lobos han empezado a disputarse el control del territorio, tanto en las calles como en las cárceles. Entre 2019 y 2024, los homicidios han crecido más del 574%.

Para enfrentase a todo esto, los ecuatorianos escogieron el pasado octubre a Daniel Noboa, el presidente más joven de la historia del país. Hijo de una de las familias más ricas de todo el continente y esposo de la famosa influencer Lavinia Valbonesi, Noboa se ha presentado a las elecciones sin un verdadero partido a sus espaldas, enfocando su programa en la reactivación económica del país. Una vez en el Palacio de Carondelet, ha optado por la mano dura.

La Fiscalía de Ecuador está investigando ocho casos de ejecución extrajudicial y 67 casos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio

En una carta abierta dirigida al presidente, HRW ha expresado su preocupación por las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas. La Unidad Especializada en la Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía de Ecuador está investigando ocho casos de ejecución extrajudicial y 67 casos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. “Las políticas de Noboa no han desmantelado los grupos del crimen organizado en el país. Al revés, han llevado a nuevas violaciones de los derechos humanos”, cuenta Juan Papier, vicedirector de la sección Américas de HRW, a El Salto. En su carta, HRW menciona casos en que los militares han mantenido aislados a los detenidos sin poder ver ni a sus familiares ni a los abogados ni a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Además, reporta “casos de palizas, uso de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y muertes a manos de soldados”.

Esta ONG pone en duda la eficacia de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno ecuatoriano. Entre enero y abril, la Fiscalía General reporta haber recibido 18.000 denuncias de delitos. Pero obtuvo solo 217 condenas. “El sistema judicial es extremadamente débil y sufre de faltas desde el momento en que se empieza una investigación criminal,” explica Pappier.

Ecuador sigue en emergencia

Hasta ahora, Noboa no se ha desviado de su política de mano dura. La proclamación del estado de conflicto interno ha logrado contener la ola de homicidios, que en 2024 han disminuido del 18%. 

El mismo día en que HRW enviaba su carta, el Gobierno, el pasado 22 de mayo, Noboa decretaba un nuevo estado de excepción en las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbios y Orellana, donde se producen el 84% de las muertes por armas de fuego del país.

“Las bandas criminales ante la ofensiva militar se han resguardado y atrincherado en siete provincias”, dijo el presidente en un video. El decreto ha sido rechazado por la Corte Constitucional, pero el Gobierno ha vuelto a presentarlo el pasado 7 de julio.

Hasta ahora, buena parte de la población ecuatoriana sigue sosteniéndolo. Según una encuesta realizada por el instituto CID Gallup, Noboa goza de una aprobación del 48%, una cifra inferior a otros mandatarios ecuatorianos del pasado, pero más alta que los presidentes de Colombia, Argentina, Bolivia o Perú.

Entre las figuras políticas que apoyan la presencia del ejército en la calle se encuentra la alcaldesa de Portovelo, Yulissa Aguilar. El cantón es conocido por haber sido el primer centro minero del país. “En los últimos dos años la gente de bandas organizadas ha venido hacia acá porque suponen que, por ser zona minera, todo lo que brilla es oro”, cuenta Aguilar a El Salto. Un estudio de 2023 de la Universidad de Salamanca ha identificado Portovelo y la cercana Zaruma como los principales centros industriales del país para los mineros ilegales. Pero los niveles de violencia seguían siendo más bajos que en las zonas costeras, con mayor penetración del narcotráfico. En abril, el anterior alcalde de esta localidad, Jorge Maldonado, fue asesinado por dos sicarios. Desde entonces, Aguilar vive bajo protección.

"Yo creo que los militares están capacitados para ir a una guerra, disparar y matar. Pero están tratando con ciudadanos, con civiles”, dice la madre del civil fallecido a El Salto

Cuando Noboa declaró el conflicto interno, “quienes estaban en Portobelo fincados para delinquir, huyeron”, dice la alcaldesa. Ahora ella espera que el renovado estado de excepción pueda traer un poco de tranquilidad en el cantón, donde, a finales de mayo, otro emprendedor ha sido asesinado. Ella ve el ejército como una garantía, sobre todo comparado con una policía corrupta. “Yo como ciudadana quiero aspirar a que la fuerza pública actúe como debe ser. Por un lado, cumpliendo las leyes, pero también respetando los derechos humanos,” dice.

Una esperanza que también tenía Laura Ipaneque antes de que su hijo fuera asesinado. “No estoy en contra del Gobierno”, dice, “solamente yo quisiera que pongan gente capacitada como para esto. Yo creo que los militares están capacitados para ir a una guerra, disparar y matar. Pero están tratando con ciudadanos, con civiles”.