Ecuador
La ruta de la extinción: un relato sobre el tráfico de fauna silvestre en Ecuador

Hace alrededor de veinte años, el comercio de fauna silvestre en Ecuador era una actividad visible y habitual. Animales de todo tipo, representativos de la rica biodiversidad del país andino, se vendían —vivos o muertos— para el consumo de su carne, mascotización, uso medicinal o en la santería, etc. Esto cambió a partir del año 2000, con la tipificación del tráfico de fauna silvestre como un delito ambiental. Desde entonces, el comercio ilícito de animales se ha trasladado a rutas clandestinas.

Sin embargo, el problema persiste a nivel global. En efecto, las cifras del tráfico de vida silvestre no hacen sino aumentar. Mientras en la segunda mitad de 2021 se rescató a 1800 animales víctimas de tráfico en la región amazónica (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil), el informe semestral de la Wildlife Conservation Society (WCS) en 2023 revelaba el rescate de 8.037 animales. Las especies más numerosas durante ese periodo fueron el perezoso de tres dedos; el mono maicero; la boa; el caimán y el guacamayo.

¿Qué es necesario para detener la pérdida de la biodiversidad, la cual alcanzó el 94% en América Latina y el Caribe durante los últimos 48 años?

¿Cómo ha llegado el tráfico de fauna silvestre a convertirse en la cuarta actividad ilícita de mayor envergadura en el mundo? ¿Qué es necesario para detener la pérdida de la biodiversidad, la cual alcanzó el 94% en América Latina y el Caribe durante los últimos 48 años, según el informe Living Planet de 2022 del World Wildlife Fund (WWF)? Este reportaje trata de dar respuesta a estas y otras preguntas sobre el tráfico de vida silvestre a través de una investigación realizada desde la Amazonía ecuatoriana.

Una práctica enraizada en el contexto social

En Ecuador, sólo el 35% de las personas cuenta con empleo “adecuado”, mientras que el 54% se mantiene en la informalidad laboral, según la Encuesta de 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). La misma institución sostiene que, en 2023, los ingresos mensuales por familia se situaban en una media de 840 dólares estadounidenses al mes, mientras que el precio de la cesta de la compra básica era de 764.71$. En el mundo rural (que incluye a buena parte del mundo indígena), el empobrecimiento económico afecta al 46,4% de la población; la pobreza extrema, al 22,6%.

Este contexto de precariedad laboral y empobrecimiento económico promueve la dependencia económica hacia fuentes de ingreso ilícitas, como el tráfico de fauna. De esta forma, son las propias personas locales (quienes se ven directamente afectadas por la pérdida de la biodiversidad) quienes suelen encontrarse involucradas en la caza ilegal y la extracción de especies de su hábitat natural. “La fauna y la madera son recursos rápidos, por eso la gente empieza a deforestar”, explica Raúl Cuatrecasas, representante del centro de rescate Yana Cocha: “Es recurso para hoy y hambre para mañana”. No obstante, el tráfico de vida silvestre se encuentra lejos de ser un problema que comienza y termina en las comunidades del Ecuador.

En el país, el tráfico de animales está relacionado con otros tipos de tráfico (madera, drogas, armas, etc.), lo que quiere decir que, en buena medida, se produce a través de redes de delincuencia internacional. Efectivamente, la fauna extraída de la Amazonía ecuatoriana se comercia a nivel nacional, pero también internacional. El teniente Rafael Andrade, de la Unidad de la Policía de Protección del Medio Ambiente (UPMA), confirma que los destinos internacionales son Estados Unidos, Europa (incluyendo España, Italia, Francia, Alemania y Holanda) y Asia (China, Tailandia y Japón). “Europa y Asia son los mayores consumidores de especies silvestres de Ecuador; en Europa para fines de mascotismo y en Asia para consumo”, sostiene Andrade.

En el proceso de tráfico internacional, los precios, relativamente bajos, que obtienen los cazadores y comerciantes locales por cada espécimen pueden llegar a aumentar diez o veinte veces su valor. Andrés Tapia, representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), explica que la “convulsión social permanente” que vive el país, marcado por la inestabilidad y corrupción política, resta prioridad al tráfico de fauna silvestre. En el país con mayor biodiversidad del mundo en relación a su tamaño, las iniciativas para la conservación del medio ambiente se encuentran relegadas ante la violenta realidad política y social.

La conservación a través de iniciativas privadas

Los animales rescatados del tráfico de fauna silvestre en intervenciones realizadas por la UPMA o, en ocasiones, entregados voluntariamente por la población civil, son acogidos en los centros de tenencia y manejo de fauna silvestre en Ecuador. En el país existen 50 centros, de diverso funcionamiento y estructura. Algunos son catalogados como zoológicos (cuando están abiertos al público), otros como centros de rescate o refugios. Las provincias de Napo y Pastaza (ambas amazónicas) son las que cuentan con mayor número de centros, con ocho cada una.

Los centros de tenencia y manejo de fauna silvestre funcionan de manera exclusiva con financiamiento privado. Esto implica la dependencia de los centros del turismo, el voluntariado y/o las donaciones particulares. Por lo tanto, el tratamiento y las condiciones de vida de los animales, que determinan sus posibilidades de “rehabilitación” y posterior liberación, varían dependiendo de cada centro. Por otro lado, las rehabilitaciones suelen ser procesos largos —de hasta varios años— y complejos, que necesitan ajustarse a las necesidades específicas de cada animal.

Martín Bustamante, director del Zoológico de Quito, en Guayllabamba, sostiene que, debido a su complejidad, las reintroducciones de animales rescatados en su hábitat son minoritarias (aproximadamente un 15% en el caso de este centro). Los animales que han estado durante un tiempo prolongado en contacto humano desarrollan una “impronta” que dificulta su supervivencia en estado silvestre. Asimismo, muchos especímenes son recibidos por los centros con daños que les imposibilitan vivir en libertad. Por ejemplo, en Yana Cocha habita un puma, rescatado de una colección privada, con ceguera debido a una alimentación inadecuada.

El contacto humano que los animales experimentan en el centro de rescate también influye en su proceso de rehabilitación. Por ejemplo, el refugio Merazonia aplica una política de contacto cero (que implica la renuncia al turismo como fuente de ingresos) en aras de promover la liberación del mayor número de animales posible. “El ecoturismo requiere un equilibrio delicado”, explica Frank Weijand, fundador de Merazonia. “Sobre todo para los mamíferos, la presencia de turistas puede causar problemas en su hábitat. Para mí, es importante encontrar otras alternativas económicas”. Asimismo, su equipo de trabajo se especializa en un número reducido de especies (principalmente, monos y loros), en contraposición con otros como el Zoológico de Quito o Yana Cocha, que acogen a una amplia variedad de especies (incluyendo reptiles, anfibios, mamíferos, aves e insectos).

“La eutanasia [de los animales] no debe ser entendida como un medio de control poblacional, pero hemos llegado a una situación emergente de saturación de los medios de conservación”

Todas las fuentes consultadas afirman que los casos de eutanasia, regulados por el artículo 150 del Código Orgánico del Ambiente (COA), se realizan únicamente en casos de sufrimiento animal irreversible. Sin embargo, considerando el número de animales recibidos por cada centro al año (que puede ascender a 500); la complejidad de la liberación; el elevado coste de funcionamiento de estos centros (de 110.000 a 120.000 dólares mensuales en el caso del Zoo de Quito) y, especialmente, la falta de apoyo gubernamental, ¿podría llegar el día en que la eutanasia comience a aplicarse como método de control animal para evitar la sobrepoblación de los centros? Como sostiene Bustamante, “la eutanasia no debe ser entendida como un medio de control poblacional, pero hemos llegado a una situación emergente de saturación de los medios de conservación. Es una discusión que debemos seguir ahondando con el Ministerio del Ambiente”.

El rol de las comunidades indígenas en la conservación medioambiental

En un alto número, las comunidades indígenas del Ecuador viven en simbiosis con la naturaleza, algunas de ellas minimizando todo lo posible su contacto con el mundo exterior. En las comunidades indígenas existen múltiples iniciativas de conservación ambiental que podrían beneficiar al país en su conjunto, por ejemplo las chacras de las mujeres waorani, pero no existe una investigación sistematizada sobre estas iniciativas. En efecto, a pesar de que Ecuador suscribe el Acuerdo de Escazú para el acceso público a la información sobre ambiente, las instituciones son renuentes a ofrecer información a la ciudadanía (por ejemplo, la Unidad Especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado se negó a facilitar información para este reportaje argumentando “motivos de seguridad”).

En este sentido, las comunidades indígenas juegan un rol determinante en la conservación de las áreas que habitan pero, como se ha mencionado, también participan en las primeras etapas del tráfico de vida silvestre. Dado que este problema se vincula principalmente con la precariedad laboral y el empobrecimiento económico, sería necesario que el Gobierno implementara iniciativas dirigidas a paliar el tráfico de vida silvestre, similares, por ejemplo, a Socio Bosque, un programa enfocado en prevenir la tala ilegal.

Como sostiene Cuatrecasas (Yana Cocha), la falta de educación es un gran obstáculo en la prevención del tráfico de vida silvestre. El impacto que la extinción de especies tiene en el ecosistema es obviado incluso a nivel institucional, como revela el hecho de que en el control policial de Mera (Pastaza), punto clave de salida de la selva amazónica, sólo se revisen vehículos grandes, como camiones, en busca de tráfico ilegal de madera. Este tipo de conductas institucionales, promovidas por la falta de recursos y protocolos de actuación específicos, facilitan la permanencia de las redes de tráfico de fauna silvestre.

Algunas de las comunidades indígenas han implementado de manera autónoma iniciativas de conservación de la fauna silvestre

En contraposición, algunas de las comunidades indígenas han implementado de manera autónoma iniciativas de conservación de la fauna silvestre. Por ejemplo, el pueblo originario kichwa Sarayaku llevó a cabo un programa de monitoreo de la biodiversidad en su región que dio como resultado la prohibición de la caza del tapir, explica Andrés Tapia (CONFENAIE). De esta forma, el registro y sistematización de los conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas (que se transmite, en buena medida, de forma oral) podría aportar un arsenal de iniciativas sostenibles que contribuyeran a prevenir el tráfico de fauna silvestre.

En conclusión, la tipificación del tráfico de fauna silvestre como delito ambiental en Ecuador resulta ineficaz en tanto no se abordan cuestiones sociales y políticas estructurales, como el empobrecimiento económico, que repercuten significativamente en la permanencia del problema. En este sentido, la ausencia de compromiso gubernamental, especialmente en lo que se refiere a la manutención y rehabilitación de los animales rescatados, sienta un preocupante precedente al responsabilizar a iniciativas particulares de la conservación de un elemento crucial de su patrimonio natural nacional.