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Son múltiples los beneficios de las universidades tanto para la sociedad como para quien cursa estudios en ellas. Uno de los principales y que siempre se destaca por sociólogos y economistas de la educación es que tiene un papel fundamental en la movilidad social, esto es, el desplazamiento vertical de los individuos de una sociedad en función del incremento —o detrimento— en sus recursos económicos y estatus social. Todas las investigaciones y estudios empíricos concluyen que los estudios universitarios son un importantísimo ascensor social, es decir, facilitan que dicho desplazamiento vertical sea siempre hacia arriba, permitiendo que personas de escasos recursos o procedentes de hogares en riesgo de exclusión social puedan acceder a mejores puestos de trabajo que les garanticen unos mayores salarios y, por ello, una mejora sustancial de sus condiciones económicas y sociales.
Debido a este papel fundamental en el desarrollo de los individuos es también fundamental garantizar que las universidades sigan siendo de carácter público y de acceso universal. El hecho de poder cursar estudios superiores independientemente de tus orígenes sociales es una victoria de la clase obrera que pocas veces se reivindica como merece.
Tristemente, desde la última gran crisis, la del 2008, ese carácter universal se ha visto minado, especialmente desde 2012. Con el agravamiento de la crisis financiera mundial y de deuda en España, los precios públicos por crédito aumentaron de manera desorbitada lo que provocó la expulsión de miles de estudiantes de clase obrera de las universidades. Se tuvo que recordar en las manifestaciones estudiantiles la famosa frase que dice: ‘¡El hijo del obrero a la universidad!’.
Aún más triste es que, tras la crisis sanitaria que vivimos estos días, se pueda llegar a repetir esa expulsión masiva de estudiantes de recursos bajos. Para evitarlo muchas universidades están tomando medidas en materia de ayudas económicas para el pago de los estudios de aquella parte del estudiantado que se vea en una situación de precariedad fruto de estas circunstancias originadas por la pandemia del covid-19.
Con el agravamiento de la crisis financiera mundial y de deuda en España, los precios públicos por crédito aumentaron de manera desorbitada lo que provocó la expulsión de miles de estudiantes de clase obrera de las universidades
El problema está en que la precarización del estudiantado universitario no se debe exclusivamente a factores puramente económicos, como el nivel de renta, si no que está muy influenciada por factores psicológicos, sociales, culturales y ambientales. Así, por ejemplo, el estudiante que procede de una clase desfavorecida es más propenso a padecer condiciones psicológicas que dificulten su paso por la universidad. También es más probable que el capital cultural de su familia sea más bajo que el de muchos de sus compañeros y compañeras. También su autopercepción como parte de esta sociedad le hará estar más o menos motivado con la consecución de sus estudios. Y también factores ambientales como la carencia de un espacio propio y adecuado para estudiar dificultaran que pueda continuar sus estudios.
Ya de por sí todos estos factores dificultan el acceso y la continuidad de muchas personas en el sistema universitario español, pero con esta crisis ha aumentado su influencia en esa permanencia, puesto que los métodos de docencia online o los métodos de evaluación por internet, adoptados por todas las universidades españolas, son herramientas que claramente están perjudicando a este estudiantado al no poseer los factores psicológicos, ambientales y materiales necesarios para seguir de la mejor manera sus estudios en esta situación.
Obviamente, es necesario incidir en la cuestión económica y de renta, pues la mayoría de barreras en la continuidad de los estudios se derivan de ese plano, pero hemos de entender que esta grave situación de precariedad estudiantil y de expulsión de las aulas no se soluciona solo con becas al estudio, sumamente ineficientes en muchos casos.
Es momento de que las universidades públicas demuestren que verdaderamente son las universidades del pueblo
Este grave problema, el aumento de la brecha social dentro de las universidades, no puede solventarse únicamente con ayudas económicas, se debe incidir en la base del propio sistema, y ahí las universidades públicas juegan un gran papel. Deben decidir si el adjetivo que acompaña su nombre es real y están para ayudar y proteger a todo el estudiantado, sin dejar a nadie atrás.
El adjetivo ‘público’ deriva del latín y significa “del pueblo”. Es momento de que las universidades públicas demuestren que verdaderamente son las universidades del pueblo.
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La pobreza desmejora a cualquier individuo en cualquier ámbito. Pero la misión de la universidad no puede ser paliar o eliminar esos condicionantes sociales. Cualquier otro organismo de la Administración (vivienda, trabajo, transportes...) es más adecuado para solventar diferencias injustas. Una universidad está para formar y transmitir conocimientos, que son los mismos para todos. No puede ser que una institución que mide y barema el conocimiento (lo cual es profundamente justo) tenga también la misión de corregir las injusticias sociales que han sufrido los estudiantes en su vida.
No pidan a la universidad lo que corresponde solucionar a otros.
Supongo que la evaluación por internet perjudica a unos y favorece a otros. Pero ¿no lo hace también la evaluación con un examen tipo test? ¿o con uno de ejercicios? ¿o con uno oral? ¿o la evaluación continua?
Dado que no todos somos iguales, y a unos se les da mejor unas cosas y a otros otras, pues cada cosa beneficia a unos frente a otros.
El que no sepa mecanografía está en desventaja en un examen ante un ordenador.... como lo estará el día que vaya a trabajar. El que no tenga autodisciplina para tener un ritmo continuado de trabajo y se de un atracón la última semana le irá mal con las evaluaciones continuas... y en muchos trabajos. El que no se sepa expresar oralmente, tendrá problemas adicionales en los exámenes orales... y a la hora de trabajar.