Historia
La “generación inquilina” como nuevo sujeto económico-político

Del miedo al comunismo al pacto social propietario

El dos de mayo de 1959, el ministro franquista de la vivienda, José Luis de Arrese se dirigía así a los presidentes de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria:

“No queremos que se salga con la suya una doctrina que llamó proletaria a la masa, porque sostuvo que el hombre en la sociedad cristiana solo una cosa es capaz de tener sin dinero: la prole; no queremos que la propiedad de las cosas más íntimamente ligadas al hombre quede al margen de su propia existencia; no queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios. Y entre todos los esfuerzos que puede y debe realizar una doctrina social como la nuestra, nacida para levantar al hombre hasta la dignidad física y metafísica para la cual ha sido creado, ninguna más exigente ni más hermosa como esta de hacer que todos los españoles se sientan propietarios del hogar que ocupan; de ese hogar que no es solo las cuatro paredes que lo forman, sino hasta la pequeña historia que se esconde en cada rincón y hasta el aire que lo llena de recuerdos”.

(Discurso recogido por ABC, 2 de mayo de 1959, disponible en el Archivo J. Linz de la Fundación Juan March, citado en el libro de Emmanuel Rodríguez López, El efecto clase media, p. 129).

Partiendo de supuestos distintos —unos supuestos fascistas que despreciamos—, el objetivo de Franco era construir una “sociedad de propietarios” para combatir el comunismo, visto como el defensor de la proletarización masiva y no como un movimiento político e ideológico que buscara poner fin a la miseria de la vida proletaria bajo el dominio capitalista. Asimismo, desde una perspectiva totalmente opuesta, Eric Hobsbawm argumentó que el “estado de bienestar” no solo era fruto de las luchas obreras, sino una concesión necesaria de las élites que temían una redistribución social aún mayor de la riqueza. En su opinión, el temor al comunismo las había llevado a aceptar el pacto fordista-keynesiano como la mejor opción. La expansión del estado de bienestar en Europa tras la Segunda Guerra Mundial no fue simplemente el resultado de reformas progresistas ni de un “pacto social con las élites ilustradas”, sino que surgió del temor de las élites y los gobiernos occidentales a perder el consenso y la estabilidad social ante la amenaza del socialismo promovido por la Unión Soviética y por los partidos comunistas y socialistas. Los sindicatos y los partidos políticos ejercieron presión desde abajo, obligando a las élites a llegar a un compromiso que, en el ámbito específico de la vivienda, se ajustaba a la denominada ciudadanía propietaria. Escribió Hobsbawm:

“Todo aquello que hacía que la democracia occidental valiera la pena para su gente —la seguridad social, el estado de bienestar, un ingreso alto y creciente para sus asalariados (...)— es resultado del miedo. Miedo a los pobres y al bloque de ciudadanos más grande y mejor organizado: los trabajadores; miedo a una alternativa que realmente existía y que podía extenderse, a saber, el comunismo soviético. Miedo a la inestabilidad misma del sistema. (...) Independientemente de lo que Stalin hiciera a los rusos, fue bueno para la gente común en Occidente. No es casualidad que el método de Keynes y Roosevelt para salvar el capitalismo se centrara en el bienestar y la seguridad sociales, en dar dinero a los pobres para que lo gastaran y en el principio central de las políticas occidentales de posguerra —y uno dirigido específicamente a los trabajadores—: el pleno empleo” (“October: Goodbye to all that”, Marxism Today, 1990, p. 21, mi traducción).

Estas dos citas nos permiten contextualizar los logros sociales del siglo XX, pero también la trampa en la que se gestó ese tipo de bienestar social. Javier Gil, autor de Generación inquilina. Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad (Capitán Swing, Madrid, 2026), lo menciona, junto con los costes que implicó su construcción: se hizo sobre la base de la desigualdad internacional y la opresión del Sur global, y a costa del trabajo no remunerado y explotado de las mujeres responsables de la reproducción social (p. 17). No existe nostalgia por el modelo estatal de la segunda mitad del siglo XX, pero sí se reconoce que se trató de un pacto sociopolítico entre clases sociales antagónicas que, nunca antes en la historia, había favorecido el florecimiento de un cierto tipo de derechos sociales y bienestar colectivo. 

Lo que resulta sorprendente, sin embargo, es cómo el neoliberalismo actual construye su modelo —brutal contra la mayoría social— seduciéndola de forma distinta a como lo hacían el régimen de Franco o las democracias representativas occidentales protegidas por la OTAN. Ya no se trata del espectro del comunismo, sino del atractivo del rentista y de la inversión fácil que genera beneficios aprovechando las oportunidades del mercado. Evidentemente, se trata de falsas “oportunidades”, pues tras este modelo se esconde una planificación precisa: una “planificación rentista” (p. 23). No es cierto que el Estado no planifique su “mano invisible”; sí lo hace, pero en beneficio de unos pocos privilegiados en la cima de la pirámide social. La “mano del mercado”, continuando con la metáfora clásica, se mueve libremente y está cuidadosamente ocultada por las políticas económicas del Estado sometido al rentismo. Gil argumenta con precisión, desde el punto de vista de la sociología económica, cómo el modelo actual está diseñado hasta el último detalle para favorecer los intereses rentistas, saquear los salarios de los ciudadanos y concentrar cada vez más la riqueza en unas pocas manos. 

El crepúsculo del esfuerzo meritocrático y el auge del rentismo.

En el imaginario colectivo español del siglo XX, el relato vital era lineal y predecible: formación, empleo estable, ahorro esforzado, entrada para un piso y una hipoteca a treinta años que se convertía en la columna vertebral de la jubilación. Ese relato, que definió la estabilidad de los baby boomers, se ha quebrado de forma estrepitosa. Hoy, para millones de jóvenes y no tan jóvenes, la vivienda no es un activo de futuro, sino un sumidero financiero presente que drena salarios sin generar patrimonio. Gil ha puesto nombre y apellidos a este fenómeno que trasciende lo económico para convertirse en una fractura social y existencial: la “Generación Inquilina”. No se trata solo de que los jóvenes no puedan comprar; se trata de que el modelo de acumulación de riqueza ha mutado de raíz, cambiando el centro de gravedad del “esfuerzo laboral” a la “capacidad de heredar”. Una de las tesis más demoledoras es la ruptura del pacto meritocrático. La dura realidad es que antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, y al contrario hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar. Esta es la constatación de un cambio estructural en el capitalismo español e internacional.

Ya no se trata del espectro del comunismo, sino del atractivo del rentista y de la inversión fácil que genera beneficios aprovechando las oportunidades del mercado.

En el modelo anterior, el salario medio permitía, pese a los sacrificios, acceder a la propiedad. Hoy, un joven necesitaría destinar más del 90 por ciento de su salario al pago de una hipoteca inicial si quisiera comprar en solitario. El sistema financiero se lo impide. Gil profundiza en el concepto económico que subyace a esta crisis: el rentismo. Para el autor, España se ha convertido en una economía orientada a extraer rentas del suelo y la vivienda, en detrimento de la inversión productiva y la innovación. No se trata de un ciclo natural del mercado, sino de un proyecto político y fiscal consolidado durante décadas. El rentismo se define como la obtención de ingresos no por la producción de bienes o servicios, sino por la mera posesión de un activo. 

En el caso español, este rentismo tiene dos caras: el gran tenedor (fondos de inversión, SOCIMIs, grandes propietarios) y el pequeño rentista (el propietario de un segundo piso heredado de la abuela). Gil no demoniza individualmente al pequeño ahorrador que busca una pensión complementaria (aunque subraye que participa de esta hegemonía cultural del modelo rentista), pero sí señala la responsabilidad del Estado en incentivar fiscalmente este modelo: las deducciones por alquiler para el inquilino son ridículas, mientras que los propietarios disfrutan de exenciones fiscales significativas. Gil insiste en que el alquiler ha dejado de ser una opción transitoria para jóvenes emancipados para convertirse en una condena estructural. La Generación Inquilina se define por una angustia vital constante: la imposibilidad de echar raíces. 

España se ha convertido en una economía orientada a extraer rentas del suelo y la vivienda, en detrimento de la inversión productiva y la innovación. No se trata de un ciclo natural del mercado, sino de un proyecto político y fiscal consolidado durante décadas

Hacia una politización de la Generación Inquilina como sujeto de cambio

Surge necesariamente una pregunta: ¿quién es la “Generación Inquilina”? Es una generación que a veces no tiene edad, al contrario de los estereotipos que sustituyen el conflicto de clase por el conflicto generacional. Incluye a parejas de 45 años con hijos que fueron desahuciadas por impago de hipoteca en la crisis de 2008 y jamás pudieron volver a ser propietarias; incluye a mujeres mayores divorciadas o viudas con pensiones mínimas que no pueden hacer frente a la escalada de los alquileres y se ven abocadas a la vulnerabilidad habitacional; incluye a la población migrante, que sufre una doble discriminación en el acceso a la vivienda por racismo estructural y precariedad documental; y, por supuesto, incluye a los adultos mayores de veinte o treinta años a los que se les ha quitado el futuro con la precariedad laboral y existencial. Esta generación ha sido etiquetada como “la más preparada de la historia”, pero es también la primera que va a vivir peor que sus padres. La sensación de estafa generacional es abrumadora. Se les exigió estudiar carreras, másteres e idiomas para acceder a un mercado laboral que ofrece contratos temporales y salarios que no cubren el techo. Gil advierte del riesgo político de esta frustración. Cuando un segmento tan amplio de la población siente que el sistema está trucado, que da igual cuánto te esfuerces porque el que hereda te gana la partida sin despeinarse, el caldo de cultivo para populismos reaccionarios o para la apatía política total está servido. Y solo una salida emancipadora, solo una nueva pedagogía de los oprimidos —que se construye en el trabajo de la toma de conciencia política— puede salvar la vida de la Generación Inquilina y la calidad de su sistema democrático.

Vista como mero sujeto social receptor de políticas sociales, a la Generación Inquilina solo se le ofrecen subsidios que alimentan el rentismo, sin que se planifique un cambio estructural en el mercado de alquiler y de la vivienda. Gil no solo estudia sociológicamente a la Generación Inquilina, sino que también propone una solución política, a través del sindicalismo de base y de la posibilidad de que se constituya como una clase social con intereses específicos por los que luchar. El libro de Gil es, además, un llamamiento a la movilización para la construcción política de la Generación Inquilina, tal como E. P. Thompson demostró que se construyó la clase trabajadora en el pasado. Así como el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil lucha por la reforma agraria, la Generación Inquilina también debería tener un plan político y una “reforma de la vivienda” por la que luchar (p. 231). Para Gil, el tema del derecho a la vivienda se convierte en una plataforma clave para la lucha por democratizar la sociedad en la que vivimos.

Si bien un proyecto político a largo plazo de “reforma del derecho a la vivienda” es necesario para orientar la acción política general, en la vida cotidiana es imprescindible construir una militancia sindical cada vez mayor entre quienes comparten los problemas sociales relacionados con la vivienda. Superar la individualización de la culpa es el primer paso para descubrirnos como participantes activos en la lucha, como nuevos sindicalistas de base de nuestro futuro cercano.

Solo una salida emancipadora, solo una nueva pedagogía de los oprimidos  puede salvar la vida de la Generación Inquilina y la calidad de su sistema democrático.

El rentismo se basa en el individualismo económico y propietario, en una antropología política y humana que niega la sociedad y las comunidades sociales según el lema de Margaret Thatcher, que exalta la competencia desenfrenada entre los seres humanos. Por el contrario, la creación de mayorías sociales que participen políticamente en función de sus propias condiciones materiales y de su propia economía moral de la percepción de la injusticia debe ser el objetivo diario para derrotar la planificación rentista que se ha extendido por las ciudades de todo el mundo. 

Según el autor, una movilización por la vivienda capaz de afrontar los retos actuales ya no puede depender de pequeños colectivos de activistas que se dedican a la política las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este modelo de colectivo político urbano de barrio está agotado. En ese sentido, el sindicalismo de inquilinos representado por el “Sindicato de Inquilinas” de Madrid supone un salto cualitativo porque, además de contar con portavoces y líderes reconocidos que se pronuncian en el espacio público y mediático, se desarrolla empoderando a las personas que sufren la crisis de la vivienda. El objetivo es politizar la injusticia y salir de un relato individualizante: de ese modo las personas oprimidas se convierten en defensoras de una nueva política emancipadora a través del espacio político y comunitario del sindicato. La solidaridad, el apoyo mutuo e incluso la experiencia sindical y jurídica necesitan crecer para hacer frente a todos los rentistas, desde los pequeños propietarios de casas codiciosos hasta los grandes fundos buitres. 

La apuesta es por un nuevo poder popular para un poder inquilino capaz de cambiar la sociedad y usando la herramienta de la huelga de alquileres. Es el caso de noviembre 2021, cuando el “Sindicato de Inquilinas” de Madrid logró una victoria inédita frente al fundo buitre Blackstone, el mayor propietario de vivienda en alquiler de España y del mundo (pp. 133-134). A pesar de las amenazas violentas por parte del fundo, Blackstone finalmente cedió ante la campaña del sindicato y aceptó la negociación colectiva, admitió como interlocutor el sindicato y renovó todos los contratos sin desahucios y sin subida de los precios. 

El objetivo es politizar la injusticia y salir de un relato individualizante: de ese modo las personas oprimidas se convierten en defensoras de una nueva política emancipadora a través del espacio político y comunitario del sindicato

Finalmente, el autor insiste que es necesario un nuevo consenso social que deje de ver la vivienda como un activo financiero para verla como lo que es: un pilar del estado del bienestar, igual que la sanidad o la educación. Mientras no se asuma que el rentismo inmobiliario es un lastre para la economía productiva y una fábrica de desigualdad, la Generación Inquilina seguirá siendo la protagonista de una distopía cotidiana: trabajar para pagar un lugar donde dormir, esperando una herencia que quizá llegue demasiado tarde, mientras la vida, literalmente, pasa de largo.