Eléctricas
Seis partidos y 119 gobiernos municipales piden que se recupere la titularidad pública de la red eléctrica

Que una de las infraestructuras más críticas e importantes para el funcionamiento del país esté en manos públicas y no de una empresa privada bajo total opacidad. Esta afirmación, tan simple y fácil de entender y apoyar, podría ser el resumen de la Propuesta No de Ley que han registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados la Asociación de Municipios y Entidades por la Energía Pública (AMEP) de la mano de seis partidos políticos que apoyan la propuesta.

Hasta 119 municipios y dos diputaciones, la de Barcelona y Girona, forman parte de esta red que, junto a Bildu, ERC, Sumar, BNG, Podemos y Més-Compromís, han registrado esta propuesta que esperan que pueda ser debatida en el mes de junio. En el texto, más en concreto, se exige que “la red de distribución eléctrica, una infraestructura clave para el país, pase a ser de titularidad pública, “lo que conllevaría una gestión más transparente, descentralizada y orientada al interés general y por el bien común”, añadió Noel Duque, presidente de la AMEP, tras el registro del documento. 

Su aprobación supondría un cambio total del modelo en comparación a su estructura de propiedad y gestión actual. Mediante una transición gradual y con garantías para los operadores actuales, “la red pasaría a ser de titularidad pública, la gestión se haría mediante concesiones transparentes, las comunidades autónomas y los municipios tendrían competencias y mayor capacidad de decisión, también acceso a los datos e intervención en una mejor planificación”. Un modelo que, según explican desde la red, ya es habitual en muchos países, y que “permite mejorar el servicio, aumentar la neutralidad del sistema, facilitar la transición energética y asegurar el control público de ésta de infraestructura estratégica”. 

“La red eléctrica de distribución es esencial para la vida cotidiana, la economía y la transición energética. Sin embargo, actualmente está en manos de operadores privados que funcionan en un régimen de monopolio natural, con limitado control público y posibles conflictos de interés”, ha destacado Sergi Cost, vocal de Amep y edil de Acción Climática de Girona. La actual situación de la red eléctrica “genera importantes problemas como la falta de capacidad para conectar nuevos proyectos de generación a la red, retrasos en la transición energética, dificultad para nuevas inversiones industriales y poco control institucional sobre una infraestructura crítica”, ha recordado Iolanda Sánchez, Tesorera de Amep y Segunda Teniente de Alcalde de Vilanova y la Geltrú.