Energía
La Fiscalía Anticorrupción pide abrir juicio contra Iberdrola por inflar los precios

Pide penas de cárcel para cuatro directivos y 85 millones de euros de multa por provocar una subida del precio de la energía en 2013.
Ignacio Galán
Arte El Salto
Redacción El Salto
27 jun 2022 16:35

En medio de la tormenta generada por la subida de precios, que el tope al precio del gas no tuviera los efectos esperados y la posibilidad de que se imponga un impuesto a las eléctricas, la Fiscalía Anticorrupción pide que se abra juicio oral contra Iberdrola.

Según explica el comunicado de la Fiscalía, “Iberdrola, con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”.

Según los cálculos de la Fiscalía, en dicho periodo Iberdrola despachó 2.965.779 megavatios, lo que le supuso un beneficio de más de 21 millones de euros

La consecuencia del “artificio urdido y llevado a cabo por los acusados”, según detalla la Fiscalía, fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 €/MWh), que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 de euros, teniendo en cuenta que la misma en el período objeto de acusación fue de 15.000 GWh y que el mayor coste dimanante de la actuación de Iberdrola, fue de 7,156 €/MWh. Según sus cálculos, en dicho periodo Iberdrola despachó 2.965.779 megavatios, lo que le supuso un beneficio de más de 21 millones de euros.

Las actuaciones que detallan y por la que piden la apertura del juicio, fueron llevadas por el equipo directivo de la energética compuesto por Ángel Chiarri Toscano, Director de Gestión de la Energía, Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global. La Fiscalía pide penas de dos años de cárcel para los cuatro directivos.

Además, también se exige que la compañía pague una indemnización de más de 84 millones de euros en compensación con el perjuicio que tuvieron dichas actuaciones sobre los consumidores.  

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