Energía
Tres décadas de demandas, combustibles fósiles y secretismo

En 1994 el Gobierno de España de la mano de Felipe González firmó y ratificó sin ningún tipo de estudio de impacto ni debate público un tratado internacional para regular el mercado de la energía y proteger a los inversores extranjeros del sector energético. Lo que quizá no intuía es que ese documento, años después, endeudaría las arcas públicas y podría impedir el desarrollo de una legislación para luchar contra el cambio climático. Hablamos del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Es probable que no te suene de nada, pero lo que es seguro es que tiene y va a tener mucho más impacto en tu vida de lo que piensas.

El TCE se aplica en 53 países, desde Europa Occidental y Europa Oriental, a Asia Central y Japón, además de la Unión Europea (UE) en su conjunto. Desde la salida de Rusia, el tratado hace cada vez más aguas y está en proceso de ampliación en países de África, Asia y Latinoamérica. En ningún caso se ha realizado un estudio profundo sobre las repercusiones políticas, económicas, financieras, legales y medioambientales de adherirse al TCE.

En ningún caso se ha realizado un estudio profundo sobre las repercusiones políticas, económicas, financieras, legales y medioambientales de adherirse al TCE

El TCE se gestó en 1991 tras la caída del muro de Berlín. Su objetivo inicial era garantizar a los países Occidentales el suministro de recursos energéticos fósiles presentes al otro lado del telón de acero, en las recién independizadas Repúblicas Socialistas Soviéticas: el gas de Rusia, el petróleo de Asia Central o el uranio de Mongolia. Treinta años después, este tratado está completamente obsoleto. Sus dos pilares centrales se han vuelto como un boomerang en contra de los Estados y el clima: la protección a los combustibles fósiles y el sistema de solución de las controversias entre los inversores y los Estados, el ISDS, por sus siglas en inglés.

El ISDS permite a multinacionales e inversores extranjeros del sector de la energía demandar a cualquier país en el que hayan invertido si consideran que ha legislado en contra de sus beneficios económicos, presentes o futuros. Lo hacen invocando el Tratado, el cual, sin embargo, no refleja ninguna fórmula para que los Estados puedan demandar a las multinacionales ni exigirles responsabilidades. Los países son actores pasivos a merced de decisiones corporativas. Las demandas se resuelven ante tribunales de arbitraje internacionales, un sistema paralelo de justicia en el que no hay jueces, sino tres abogados especializados en su mayoría en derecho comercial internacional. Estos tribunales se celebran a puerta cerrada y funcionan al margen de los tribunales públicos existentes. No se tiene en cuenta el derecho nacional y las sentencias, que se llaman laudos, son inapelables. Normalmente los Estados son condenados a pagar sumas astronómicas a los inversores en concepto de indemnización. Aunque las sentencias de estas demandas fueran favorables al Estado, nunca se podría decir que ha ganado. Solo los costes arbitrales ascienden a millones de euros. Y el dinero sale de las arcas públicas.

España es el país más demandado bajo el TCE, acumulando un total de 48 demandas

España es el país más demandado bajo el TCE, acumulando un total de 48 demandas. Otros países europeos ya han sido demandados o amenazados por sus políticas climáticas de cara a cumplir con los compromisos adoptados bajo el Acuerdo de París para luchar contra la crisis climática. El TCE es un gran lastre para la soberanía de los Estados, las arcas públicas y la justicia climática. De hecho, demandar se ha convertido en una manera de generar ingresos para los inversores extranjeros. Grandes despachos de abogados se han lanzado a la caza de un nuevo nicho de mercado: promover demandas por las medidas sociales de los Gobiernos ante la pandemia global de la COVID. Un saco roto que está dando sus frutos y donde cabe todo, como la prohibición de los cortes de luz a las familias en situación de vulnerabilidad.