Especulación urbanística
El lobby inmobiliario lleva a juicio el derecho a protestar por la subida de los alquileres

“La policía se ha presentado en mi antigua casa. Me imputan un delito sin ninguna prueba”. Con estas palabras Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Catalunya, anunciaba en Twitter la última vuelta de un caso que condensa como pocos el conflicto en torno al aumento de los precios del alquiler, las luchas desde abajo para hacerle frente y la reacción de los intereses inmobiliarios.

Se trata del conflicto que enfrenta a los inquilinos Juan y Livia con Esther Argerich, la propietaria del piso en el que viven desde hace 12 años. Muchos conocieron estos nombres por un vídeo de la portavoz de Podemos, Irene Montero, en el que se hacía eco de una amplia campaña de solidaridad del movimiento por el derecho a la vivienda e interpelaba a la casera con nombre y apellido para que negocie con sus inquilinos y evite el desahucio de esta familia con tres hijos.

Livia, Juan y sus tres hijos pueden ser desahuciados por no poder afrontar la subida abusiva de su alquiler. Pedimos a la propietaria de la casa, Esther Argerich, que negocie una solución para que puedan seguir en el barrio en el que llevan viviendo 12 años. #LiviaYJuanSeQuedan pic.twitter.com/nDI57QrGgg

— Irene Montero (@Irene_Montero_) October 22, 2019

Otros conocieron el caso cuando el 23 de octubre —un día después de que se popularizara el vídeo— un centenar de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Catalunya y la Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia hicieron imposible el desahucio programado para ese día.

El vídeo y el desahucio paralizado espoleó, cuenta Jaime Palomera a El Salto, “una campaña de criminalización y linchamiento” a Juan y Lidia y también al Sindicato de Inquilinas. El portal de noticias de Idealista llegó incluso a abrir un correo electrónico para que los propietarios denunciaran al sindicato. Una campaña que ha encontrado eco en el PP, Vox y Ciudadanos, así como en los medios de “la caverna”: OKDiario, El Español, Libertad Digital o El Mundo continuaron en la línea de presentar a la propietaria como una “víctima” y a los inquilinos como “gente privilegiada que se aprovecha de un pequeño particular”.

Lo que está en juego, dice Jaime Palomera a El Salto, es el “legítimo derecho a la protesta y a la denuncia de prácticas especulativas”

Unas afirmaciones que contrastan con la realidad, afirma Palomera: “Se llegó a decir que el padre era médico y cobraba 2.500 euros. Pero todo era un bulo. Él es camillero, un hombre de clase trabajadora que hace un esfuerzo titánico para llegar a pagar el alquiler”. La construcción de la figura de la propietaria como una víctima también contrasta con los datos, al menos con los del Registro de la Propiedad, que detallan que tiene siete propiedades y dos plazas de garaje a su nombre.

“Lo jodido es que si entras en Google y pones su nombre lo primero que sale es sobre la cacería del sindicato a un pobre particular. Es el mundo al revés”, señala Jaime Palomera.

Criminalización de la protesta

Lo que comenzó como un linchamiento mediático ha continuado como un intento de linchamiento judicial. Este miércoles 4 de diciembre, Juan, Livia, Jaime Palomera y Pablo, activista de la Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia, tendrán que presentarse en categoría de investigados ante la justicia, acusados de coacción y amenazas. Una concentración a las 9h en la Ciutat de la Justícia acompañará a los cuatro imputados por “defender el derecho a la vivienda”.

📢 JO TAMBÉ ESTIC IMPUTADA PER DEFENSAR EL DRET A L’HABITATGE 📢

4 companyes estan imputades per coaccions, però més coacció és haver de marxar dels nostres barris, no tenim por i no ens aturarem ✊🏽

📅 Dimecres 4
⏰ 9.00 h
📍 Ciutat de la Justícia#JoTambéDefensolHabitatge pic.twitter.com/AK2zT3JgVb

— Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia (@HabitatgeGracia) December 2, 2019

“Se trata de presentar una campaña por el derecho a la vivienda a través de la negociación y derecho a la protesta como lo que no es. Hablar de coacciones y amenazas es totalmente descabellado”, dice. Lo que está en juego, continúa Palomera, es el “legítimo derecho a la protesta y a la denuncia de prácticas especulativas”.

Todo empezó hace más de un año cuando el temido burofax llegó a la casa de Juan y Livia. Acababa su contrato y la propietaria exigía un aumento del 30%. “A duras penas podían pagar los 1.000 euros, ya ni te cuento 1.300”, cuenta Palomera. Como tantos otros, se acercó a las asambleas del Sindicato de Inquilinos y de los movimientos de vivienda de Gràcia.

Según relata Palomera, el Sindicato de Inquilinas hizo lo mismo que en todos los casos que les llegan. Enviaron una carta a la propietaria para iniciar una negociación, “dado que el precio que se pone sobre la mesa no es asumible”. En la mayoría de los casos, cuenta, se llega a “acuerdos amistosos”. Pero este no fue el caso.

“Como no hay ningún tipo de regulación estatal que frene los abusos, la regulación la hace la gente a través de la organización, a través de mediaciones como las que hace el sindicato”

“Lo que se encuentran Juan y Livia es que no hay voluntad de diálogo de ningún tipo y ahí es cuando les dicen que o pagan o se van de la casa, como le pasa al 99% de quienes viven de alquiler”, dice Palomera. Juan y Livia no aceptaron la subida y decidieron quedarse en la casa, pagando exactamente lo mismo que venían pagando antes de que finalizara su contrato.

El primer intento de desahucio, el 23 de octubre, fue suspendido gracias a la solidaridad del movimiento de vivienda de Barcelona. El próximo 10 de diciembre, un nuevo intento de desalojo se encontrará previsiblemente con la oposición de los vecinos de Gràcia.

La violencia de la campaña de “linchamiento” contra los inquilinos y las organizaciones que los defienden tiene para Palomera mucho que ver con la potencia del “amplísimo movimiento de la vivienda en Barcelona” y con el crecimiento del Sindicato de Inquilinos. Según cuenta, ya son más de mil los casos de familias que recibieron un burofax donde se les “decía que se tenían que ir de casa, que tenían que pagar una subida inasumible” y donde se ha conseguido que se queden “con un contrato de alquiler estable y razonable”.

“Esto nos hace más fuerte, nos refuerza, porque tenemos clarísimo que hemos abierto una vía que cada día crece más, la negociación colectiva”, dice Jaime Palomera, del Sindicato de Inquilinos 

Para este experto en temas de vivienda, el intento de “doblegar por la vía judicial” al movimiento por la vivienda va a tener efectos indeseados para los intereses inmobiliarios. “Esto nos hace más fuertes, nos refuerza, porque tenemos clarísimo que hemos abierto una vía que cada día crece más, la negociación colectiva. Esto es una respuesta al espacio de derechos que ha abierto el Sindicato de Inquilinos”. 

Ante la falta de actuación del Gobierno, que deja a “millones de familias inquilinas a su suerte frente a los abusos”, sostiene Palomera, la forma de trabajo del Sindicato de Inquilinas y el movimiento por la vivienda es “hacer efectivos mediante la organización social esos derechos aunque la ley no los incluya”.

No es casualidad, concluye Palomera, que Idealista, uno de los principales portales de alquiler en España, liderara la campaña contra Juan, Livia y el movimiento por la vivienda: “Lo que está en juego para ellos es que puedan seguir subiendo precios y seguir decidiendo quién vive en la ciudad y quién no sin ningún tipo de regulación. Como no hay ningún tipo de regulación estatal, la regulación la hace la gente a través de la organización, a través de mediaciones como las que hace el sindicato”.