Estados Unidos
Cómo afectan a la ciudadanía los cierres parlamentarios

La reciente reapertura del parlamento de Reino Unido tras la decisión de la corte suprema que impedía su cierre, tal como pretendía el primer ministro Boris Johnson, trae a colación un interrogante claro. ¿Cómo afecta a la ciudadanía el cierre parlamentario?

Los tiempos del “pos” han llegado. Posmodernismo es una palabra que frecuentemente se utiliza para definir la época actual desde numerosos sectores como la prensa o las redes sociales. Desde hace pocos años también podríamos usar la palabra “pospolítica”, a tenor de las situaciones insólitas que se viven actualmente en parlamentos de todo el mundo. Una de las estrategias que utilizan los líderes políticos mundiales es el cierre de sus parlamentos para redirigir una política en concreto o evitar que pasen el trámite parlamentario de rigor.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El caso español es diferente, porque no se ha decretado el cierre parlamentario nunca con estos fines. Pero Pedro Sánchez no ha empezado su bloqueo institucional ahora. El líder del PSOE pasará casi un año como presidente en funciones en caso de que gane el 10 de noviembre y forme gobierno, cosa que es probable que no se produzca, como mínimo, hasta febrero o marzo de 2020.

El artículo 21 de la Ley del Gobierno dice que el ejecutivo en funciones no puede aprobar Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni tampoco presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o Senado. Debido a esto, España sigue con los presupuestos prorrogados de Cristóbal Montoro para 2018. El exministro declaró recientemente que sus presupuestos solo podrían prorrogarse hasta 2020, año en el que podrían empezar a dar problemas debido al préstamo del Estado a la Seguridad Social para pagar las pensiones o en las entregas a cuenta para las Comunidades Autónomas. Los PGE se configuran normalmente con una prórroga de menos de seis meses.

La semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para despenalizar la eutanasia, pero al disolverse las Cortes tuvo que quedar relegada a un cajón y no podrá pasar ningún trámite parlamentario para ser discutida. Para llegar al Congreso diversas asociaciones pro eutanasia recogieron casi un millón de firmas. Tampoco se pueden iniciar los trámites para aprobar una ley climática que actúe en cuestiones como la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que hace pocas semanas azotó la mitad meridional del país.

CÁMARA DE LOS COMUNES DE Reino Unido

El parlamento de Reino Unido es famoso por las llamadas al orden del presidente de la cámara de los comunes, John Berkow. El conservador suele gritar a viva voz: “Ordeeeeer” (orden), requerimiento que pocas veces se cumple. Los gritos, abucheos e incluso faltas de respeto son constantes. Geoffey Cox, Fiscal General, fue el encargado de responder ayer a las preguntas de los parlamentarios tras la apertura. El conservador gritó enfurecidamente ante la Cámara de los Comunes que el parlamento británico “es una deshonra”, pero advirtió que Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre con acuerdo. Los gritos e insultos son una muestra de los valores que la política actual exhibe ante la sociedad. Cox dijo una frase demoledora: “Este Parlamento está muerto. Este Parlamento no tiene derecho moral para volver a sentarse y tiene que tener el coraje de aceptar unas elecciones generales”.

Este verano Westminster vivió también una situación surrealista: Boris Johnson decretó un cierre del parlamento durante cinco semanas, lo que habría supuesto que la cámara de los comunes tuviese muy poco tiempo (apenas 15 días) para debatir y aprobar un posible acuerdo de salida de la Unión Europea. Finalmente el Tribunal Supremo lo declaró ilegal y reabrió. Tras su vuelta apresurada de Nueva York, donde se encontraba para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, Boris Johnson declaró ante los parlamentarios que “habrá Brexit el 31 de octubre, para que dejemos de retrasarlo”. Mientras, instaba al líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, a que presentase una moción de censura para la que no tenía los apoyos suficientes.

GOBIERNO FEDERAL DE Estados Unidos

Estados Unidos vivió su particular cierre parcial del Gobierno Federal en las navidades de 2018. Esta medida de Trump se aplicó tras la falta de acuerdo para la construcción del muro que prometió incansablemente en campaña electoral, con el que dijo que frenaría radicalmente las entradas de migrantes desde México. 

Las consecuencias que tuvo fueron la suspensión de sueldo de miles de trabajadores estatales (se calculó que unos 800.000) de nueve departamentos, lo que aquí equivaldría a ministerios. También se produjo una obstrucción del tráfico aéreo y de la seguridad debido a que muchos trabajadores aéreos estaban trabajando sin cobrar y dejaron sus puestos de trabajo pidiéndose bajas. Se pospuso la adjudicación de financiación para proyectos científicos y de investigación y también se produjo un retraso en el acceso a las ayudas para la producción de los agricultores.

El cierre afectó también a quienes esperaban recibir ayudas al alquiler y cuyos contratos vencían esos días. El coste directo para la administración de Trump fue de 1.200 millones de dólares semanales. Volvió a reabrir el 25 de enero, un mes después, pero las consecuencias económicas que tuvo en esas semanas se sintieron en todo el país. Ahora Donald Trump se enfrenta a un juicio político para la destitución (o impeachment) por encargar presuntamente al presidente de Ucrania que espiase al candidato a liderar a los demócratas en las elecciones de 2020, Hunter Biden. Como es habitual, Trump habló de una particular “caza de brujas” contra su persona. Ninguno de los impeachments anteriores prosperó en Estados Unidos, salvo el que estaba destinado a destituir a Nixon por el caso Watergate. No se produjo porque el mandatario dimitió antes de que se llevase a cabo.