Exclusión sanitaria
La ley que iba a restituir la universalidad de la sanidad pública cumple un año excluyendo

En junio de 2018, poco después de la formación de un gobierno del PSOE como fruto de la moción de censura, el flamante ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez anunciaba cual sería su primera medida: acabar con la exclusión sanitaria fruto del fin de la universalidad de la salud que el gobierno de Rajoy legisló en el Real Decreto-ley 16/2012 y volver a la situación previa. “La salud es un derecho; la protección de la salud es una obligación”, enfatizaba entonces la portavoz Isabel Celaá: “Vamos a devolver el derecho a la salud a todas las personas”, prometía.

El 27 de julio el gobierno aprobaba el RDL 07/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que entraría en vigor tras su publicación en el BOE el 30 de julio. “Nosotros lo celebramos porque pensamos que era un paso adelante ante la situación tan regresiva de la que partíamos”, cuenta Beatriz Perales, responsable de campañas de Amnistía Internacional. Un año después, sin embargo, la valoración no es positiva, “esta regulación es insuficiente ya que no se recupera la situación previa a la legislación de 2012, no solo eso, sino que además en algunos aspectos este real decreto es incluso más regresivo respecto a la anterior reforma”. 

El diagnostico negativo es compartido también por Médicos del Mundo y la plataforma Yo sí Sanidad Universal, que pertenecen a la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012. Para denunciar la exclusión sanitaria que aún perdura, tanto la Red como Amnistía Internacional realizaron un acción de protesta hoy miércoles 31 de agosto frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Tras escribir cuáles son los colectivos excluidos sobre un muro hecho con cajas de cartón blanco. echaron abajo la estructura mientras coreaban lemas contra la exclusión sanitaria. “Es una fecha señalada para remarcar nuestro discurso de que la ley del PSOE no devuelve la universalidad en contra de la idea que hay en el imaginario popular” dice Antonio Saiz de Yo sí Sanidad Universal, “el título de la ley era muy bonito, incluso el preámbulo de la ley es una cosa muy bonita de leer, pero desde un punto de vista práctico esta ley ha venido a homogeneizar algunas prácticas de exclusión y a darles un soporte legal”. 

“Esta ley ha venido a homogeneizar algunas prácticas de exclusión y a darles un soporte legal

Que la universalidad no fuera tal, lo sufren diversos colectivos: los inmigrante en situación irregular si no acreditan al menos 90 días de residencia en el país, incluyendo a grupos especialmente vulnerables como embarazadas o menores de edad que bajo la norma anterior estaban contemplados como excepción, las personas mayores con derecho a obtener la residencia mediante la reagrupación familiar por parte de sus hijas e hijos, las personas solicitantes de asilo o las víctimas de trata. 

José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, lamenta que un sistema sostenible y eficaz, como el que había previamente a la reforma de 2012 —y que incluso sirvió de modelo a Barack Obama en su intento fallido de reformar el caro y excluyente sistema estadounidense— haya resultado irrecuperable: “La esperanza de volver a un sistema inclusivo era lógica, nosotros incluso teníamos un pacto firmado con algunos partidos, un pacto por la sanidad universal, pues se ha quedado todo en agua de borrajas”. Hoyo cree que, si bien parecía haber intención de volver atrás, ésta fue frustrada por la negociación con los distintos grupos políticos y la debilidad de un gobierno en minoría.

El portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, recuerda que si bien hace más de un año las organizaciones en defensa del derecho a la salud fueron invitadas a varias reuniones por parte del gabinete de la ministra Carmen Montón, con el argumento de que el gobierno quería tener en cuenta su mirada y experiencia, se partía de un borrador que el ministerio no parecía estar dispuesto a transformar. En este documento “ya era muy evidente que las lagunas y ambigüedades de esa ley iban a suponer barreras administrativas infranqueables —sobre todo para las personas migrantes— para poder acceder a los servicios sanitarios. El balance es malo porque se confirmaron nuestros temores”, concluye Saiz.

EXCLUIDOS DEL SISTEMA

Amnistía Internacional da cifras concretas de cómo se ha concretado esta exclusión: Perales afirma que las organizaciones se han encontrado con “más de 1300 casos en los que se vulnera el derecho a la salud entre ellas 55 mujeres embarazadas, 116 menores, 44 solicitantes de asilo, 85 casos de urgencia, 35 casos de personas mayores reagrupadas” a la ambigüedad de la legislación y las barreras administrativas, la integrante de AI suma la falta de armonización de los procedimientos entre las distintas comunidades autónomas como factores de exclusión. Así,  “hay personas que deberían ser atendidas y no lo son, personas que tienen enfermedades tan graves como pueden ser el cáncer, enfermedades cardiovasculares o salud mental, o pacientes de VIH”.

De todos los colectivos que han quedado excluidos del sistema, el de las personas mayores reagrupadas ilustra el callejón administrativo al que el fin de la universalidad empujó a mucha gente.  “Para venir a España se les exige un seguro médico privado, pero al ser mayores estos seguros no les aceptan o les cobran unos costes inasumibles. Así tienen la posiblidad legal de venir a España pero en la práctica por razones administrativas no pueden reagruparse: no tienen seguro privado y si no tienen seguro privado no tienen acceso al sistema público”, cuenta Hoyo.

Habría “más de 1300 casos en los que se vulnera el derecho a la salud entre ellas 55 mujeres embarazadas, 116 menores, 44 solicitantes de asilo, 85 casos de urgencia, 35 casos de personas mayores reagrupadas

¿Qué supuso para estas personas el nuevo decreto? Un retroceso, comentan los responsables de las organizaciones, tras decenas de sentencias positivas para que se reconociera el derecho de acceso a la salud de estas personas, ya hay una sentencia en la que se ha denegado este derecho basándose en RDL 07/2018. 

Las organizaciones coinciden en que revertir estos problemas no sería difícil, “bastaría con pequeños cambios en la redacción de la ley, con que esta contemplara, como hacía la ley del PP, excepciones por ejemplo para embarazadas, menores solicitantes de asilo, víctimas de trata, la mayor parte del problema se resolvería”, dice Saiz. Lejos de apuntar en esa dirección el gobierno facilitó hace solo un mes recomendaciones a las comunidades autónomas donde, según denunció Yo Sí Sanidad Universal, se afianzaba la exclusión sanitaria. 

UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y VOLUNTAD POLÍTICA

Cuando el PP aprobó la reforma sanitaria de 2012 que privó a 800.000 personas del acceso a la salud, se popularizó el concepto “turismo sanitario” algo que el gobierno definió como una lacra que rendía el sistema público de sanidad insostenible y contra la que había que legislar. Así, una problemática que tenía que ver más bien con la llegada de ciudadanos de otros países europeos cuyos sistemas sanitarios eran peores que el español, y que se solventaría fácilmente de manera administrativa, cargando los gastos de sus tratamientos o intervenciones al erario público de su país, fue tomada por un discurso xenófobo que ligaba turismo sanitario e inmigración irregular.

Para Hoyo esta idea no se sostiene: de un lado, es necesario ser individuos sanos y fuertes para emprender y culminar la amplia travesía que implican las rutas migratorias que atraviesan desiertos y mares desde África. Por otro lado, son varias las investigaciones que certifican que las personas inmigrantes aportas a las arcas públicas de los estados más de lo que obtienen de ellas, Sanidad incluida. Las cifras son claras, no solo la inmigración aporta más de lo que recibe, sino que la llegada de inmigrantes es necesaria para la sostenibilidad del sistema sanitario dados los desafíos demográficos del Estado. Y, si se trata de evaluar más allá de lo lógica de los derechos humanos y aceptar el enfoque del ahorro, el RDL 16/2012 ya mostró claramente tanto la ausencia de ese ahorro como los costes que ha supuesto excluir de la sanidad a miles de personas, comenta el presidente de Médicos del Mundo. 

“El RDL 16/2012 ya mostró claramente tanto la ausencia de un presunto ahorro como los costes que ha supuesto excluir de la sanidad a miles de personas

“El sistema previo a 2012 no solo era más justo y equitativo, sino que bien organizado no supone mayor coste” recuerda Hoyo quien considera que la dimensión preventiva de la universalidad es clave, pues, como señaló un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, la mortalidad de las personas excluidas desde 2012 ha aumentado un 15%.  Con los datos sobre la mesa Royo advierte que hay diversos intereses políticos en los discursos partidarios sobre exclusión sanitaria: “Todo lo que habíamos armado con un sistema equitativo, que atendía a todas las personas y además era sostenible para el futuro, lo estamos destruyendo y —visto como está el arco parlamentario— va a ser muy difícil volver a recuperarlo”.

Se trata fundamental de un problema de Derechos Humanos, derechos ante los cuales el Estado está comprometido como firmante de acuerdos —europeos e internacionales— que obligan a garantizar la atención primaria a todas las personas que residen en su territorio. Ya en abril de 2018, “el Comité DESC instaba al gobierno a adoptar las medias necesarias para que las personas migrantes tengan acceso a los servicios de salud sin discriminación”, recuerda Perales, quien piensa que no hay excusa para no materializar esta exigencia. En concreto, apuesta por una “nueva legislación que sea integral y garantista: que garantice el derecho a la salud en condiciones de igualdad a todas las personas que viven en España sin distinción”. 

Hoyo recuerda la intensa respuesta social ante la ley de 2012, y cree que en actualidad también queda mucho espacio para la lucha por una sanidad pública y universal. “Uno se pregunta: si todo esto no es bueno para la salud pública, ni en general para la sostenibilidad del sistema, ¿qué hay por detrás?, ¿por qué destrozan este sistema?”. Señala al negocio privado, el lobby sanitario —que sería el tercer negocio en volumen del mundo— como causante de este destrozo. “Como médicos defendemos el sistema público porque es justo, coherente y sobretodo sostenible”.