Exclusión sanitaria
Denuncian ante el Consejo de Europa la exclusión sanitaria de personas dependientes durante la pandemia

“Más de 30.000 personas dependientes discriminadas”. Este es el nombre de una conferencia estatal organizada por activistas, profesionales de la sanidad y la dependencia, pensionistas, asociaciones vecinales, plataformas y movimientos sociales. Bajo este titular, que es también una denuncia, realizaron un encuentro que ha cristalizado en una demanda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), dependiente del Consejo de Europa, presentada en enero de 2026. Piden a este organismo europeo que investigue la exclusión sanitaria de personas dependientes durante la pandemia, como denuncian estos colectivos. Fuentes del Consejo Europeo aseguran que su admisión a trámite se decidirá en la siguiente reunión.

Esta reclamación, presentada por el Sindicato SAD de Cuidadoras Profesionales Municipales, en representación del resto de colectivos, se señalan varios aspectos. En primer lugar, lo ocurrido en las residencias de mayores: La demanda sostiene que las muertes ocurridas dentro de los centros en algunas comunidades autónomas ocurrieron “debido a protocolos e instrucciones internas que discriminaban a los pacientes según la edad, la dependencia, y las comorbilidades, impidiendo traslados a hospitales y el acceso a cuidados intensivos para ancianos y personas dependientes”.

A la cabeza de esta actuación negligente se encontraría la Comunidad de Madrid, donde 7.291 personas fallecieron sin asistencia sanitaria ni traslado hospitalario. Pero también piden que se investigue lo sucedido en otras comunidades, como Catalunya, Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde no habrían existido estos protocolos pero sí “triajes restrictivos”, según denuncian desde esta plataforma.

Muertes en domicilios

En la demanda también señalan que Los centros de Atención Primaria y Hospitales carecían de medidas preventivas, “incluyendo equipos de protección para los profesionales, pruebas y suministros médicos” y, además, “a las personas con discapacidad se les negó una atención médica adecuada, rehabilitación y ayuda domiciliaria que provocó la muerte de miles de ellos en su domicilio”.   

Los centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid recibieron una orden de la Consejería de Sanidad, a la que tuvo acceso El Salto, para establecer una serie de criterios a la hora de valorar la permanencia en el domicilio y la no derivación hospitalaria

Y es que los protocolos de exclusión sanitaria no solo se enviaron a residencias. Tal y como publicó El Salto estos protocolos también fueron enviados a los centros de salud. El 23 de marzo, y en pleno pico de pandemia, los centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid recibieron una orden de la Consejería de Sanidad, a la que tuvo acceso El Salto, para establecer una serie de criterios a la hora de valorar la permanencia en el domicilio y la no derivación hospitalaria de pacientes afectados por covid-19 y con signos de dificultad respiratoria.

Según explicaba el documento original, estos criterios serían: Paciente mayor de 80 años con enfermedad de órgano terminal, paciente con escala clínica de fragilidad (CFS) de 8-9 (esto es, totalmente dependientes pero sin riesgo de morir, cerca del final de su vida o enfermo terminal), paciente con demencia moderada-grave, paciente con cáncer en fase terminal o paciente con cualquier enfermedad y una expectativa de vida inferior a un año.

Esta es la historia de los padres de Francisco, un vecino de Vallecas, quien en noviembre de 2024, y como publicó El Salto, interpuso una demanda ante Fiscalía. Denuncia que sus progenitores enfermaron de covid y no consiguió su traslado hospitalario inmediato pese a insistentes llamadas. Ambos fallecieron sin recibir asistencia médica a tiempo. Su padre iba en silla de ruedas y enfermó el 17 de marzo. Relata que después de 15 días de llamadas continúas al Centro de Salud Mirasierra y al Servicio Urgencia Médico (SUMMA 112) “sin respuestas de atención médica”, finalmente consiguió que una médica acudiera al domicilio quien le comunicó que ya no se podía hacer nada, su padre se estaba muriendo.

En un primer momento se publicó que la demanda había sido admitida a trámite conforme a la información recibida, pero fuentes del Consejo de Europa desmienten tal extremo.

Aseguran que el Comité se pronunciará sobre la admisión a trámite o no de esta reclamación colectiva en una futura reunión, y publicará su decisión (únicamente sobre su admisión a trámite o no). “Si la admitiese a trámite en una de sus futuras reuniones, se pronunciaría sobre el fondo en una fecha aún posterior”, añaden.