Opinión
La Granja, autogestión y futuro de las ‘free parties’

El pasado domingo llegué a La Granja, un pequeño municipio cacereño en el que desde el miércoles anterior se celebraba una rave que había reunido a unas 3.000 personas y alrededor de un millar de vehículos. La Guardia Civil mantenía un dispositivo en los accesos para impedir que siguiera entrando gente y los titulares hablaban ya de “macrofiesta ilegal”, drogas, asistencias sanitarias y algún detenido. Nada especialmente inconcebible en una concentración legal de varios miles de personas durante varios días, salvo por esa capacidad que tiene la palabra “ilegal” de convertir cualquier incidente que ocurre dentro en una característica explicativa del conjunto.

Dentro había otra cosa. Había puestos de comida y bebida, furgonetas, tiendas de campaña, grandes vías para desplazarse y caminos más pequeños que conducían hacia las zonas donde dormía la gente. Había puntos de basura repartidos por todas partes y personas agachándose para recoger colillas y pequeños trozos de plástico que ni siquiera habían tirado ellas. Después de varios días de fiesta, el terreno estaba sorprendentemente limpio. Tampoco parece que esto haya pasado desapercibido para quienes viven allí. El alcalde, Óscar Martín, ha reconocido públicamente que recibieron la rave cargados de prejuicios y que el comportamiento de quienes llegaron estaba siendo, en algunos aspectos, “mucho mejor que los de aquí”. Una vecina me contaba algo parecido: otras mañanas sale temprano hacia el pueblo donde trabaja y encuentra espacios utilizados durante la noche llenos de basura; estos días le sorprendía el cuidado de un terreno ocupado por miles de personas.

La pregunta es por qué, después de tanto tiempo, seguimos necesitando imaginar que aquello que no ha sido organizado desde arriba debe ser necesariamente un caos

No descubrí nada especialmente nuevo. He pasado suficientes años recorriendo teknivales y raves en España, Francia, Italia, Marruecos y distintos lugares de Europa del Este como para conocer la cultura que existe detrás de estas fiestas y la enorme distancia entre su representación exterior y muchas de las cosas que suceden dentro. Precisamente por eso, mientras caminaba por La Granja, la pregunta que me rondaba no era cómo podían organizarse miles de personas sin que una empresa o una administración dirigiera la fiesta. Eso lleva décadas sucediendo y lleva también décadas siendo estudiado. La pregunta es por qué, después de tanto tiempo, seguimos necesitando imaginar que aquello que no ha sido organizado desde arriba debe ser necesariamente un caos.

La socióloga Anne Petiau estudió las free parties y teknivales franceses precisamente como prácticas desarrolladas en los márgenes del mercado y del Estado. Su análisis resulta especialmente útil porque rompe la división convencional entre quienes organizan y quienes consumen una fiesta: la free party, explica Petiau, es experimentada como una producción colectiva en la que quienes participan contribuyen de diferentes maneras, desde las aportaciones económicas hasta ayudar a montar o limpiar el espacio, intervenir artísticamente o sencillamente bailar. No existe una comunidad milagrosamente virtuosa que haya descubierto cómo convivir sin conflictos, sino una cultura construida durante décadas que transmite códigos, conocimientos, responsabilidades y determinadas formas de relacionarse con lo común.

No hubo un protocolo empresarial ni una autoridad central encargada de decidir qué hacer, pero sí una comunidad capaz de identificar un comportamiento contrario a sus códigos y actuar frente a él

Esos códigos tampoco se limitan a recoger la basura. Hace años conocí el caso de una mujer que sufrió una agresión sexual en una rave. Evidentemente, aquello demuestra justamente que estos espacios no son inmunes a la violencia machista, como tampoco lo es ningún otro espacio social. Lo significativo fue la respuesta: cuando otras personas supieron lo ocurrido, se organizaron para protegerla y expulsaron al agresor. No hubo un protocolo empresarial ni una autoridad central encargada de decidir qué hacer, pero sí una comunidad capaz de identificar un comportamiento contrario a sus códigos y actuar frente a él. Esos mecanismos pueden funcionar mal, resultar insuficientes o incluso fracasar, pero su existencia permite distinguir algo que confundimos con demasiada facilidad: carecer de regulación formal no significa carecer de normas.

En el imaginario popular persiste, sin embargo, una vieja identificación entre anarquía y caos que poco tiene que ver con la tradición política anarquista. La ausencia de una autoridad jerárquica no implica necesariamente ausencia de organización; puede implicar que las normas, las responsabilidades y los mecanismos de cooperación se produzcan de manera horizontal. No hace falta convertir por ello a toda free party en una experiencia anarquista para reconocer en esta cultura algunos de esos principios: autogestión, responsabilidad compartida, códigos comunitarios y formas informales de sancionar aquello que los vulnera. Las sociedades, al fin y al cabo, llevan organizándose mucho más tiempo del que llevan solicitando licencias.

Después de décadas de cultura free party, de investigaciones que describen sus mecanismos de organización y de experiencias ¿por qué seguimos representándola fundamentalmente mediante el lenguaje del desorden?

Howard Becker planteó hace más de medio siglo otra cuestión que aquí resulta especialmente pertinente: la desviación no reside únicamente en el comportamiento de quien incumple una norma, sino también en el poder de determinados grupos para crear las reglas, aplicarlas y decidir quién queda situado fuera de ellas. Mirada desde ahí, la experiencia de La Granja permite invertir la pregunta habitual. Después de décadas de cultura free party, de investigaciones que describen sus mecanismos de organización y de experiencias en las que incluso quienes esperaban encontrarse el desastre reconocen públicamente sus prejuicios, ¿por qué seguimos representándola fundamentalmente mediante el lenguaje del desorden?

Quizá porque el estigma cumple una función. Si una rave puede ser presentada como un problema de suciedad, drogas, incivismo y caos, no necesitamos discutir la cuestión políticamente bastante más incómoda que plantea: quién puede utilizar un espacio, bajo qué condiciones y qué formas de organización colectiva estamos dispuestas a reconocer como legítimas. Cuando el comportamiento esperado no aparece y hasta el alcalde termina diciendo que algunas de estas personas se comportan mejor que quienes viven allí, queda mucho más desnudo el conflicto original: están haciendo algo que no ha sido autorizado.

Eso tampoco significa que estas fiestas existan fuera del capitalismo. Dentro de La Granja circulaba dinero, había numerosos puestos de comida y bebida, se consume combustible y los equipos cuestan cantidades importantes. Pero la estructura económica de una fiesta libre y la del macrofestival contemporáneo son difícilmente equiparables. Christine Griffin, Andrew Bengry-Howell, Sarah Riley, Yvette Morey e Isabelle Szmigin analizaron precisamente esa diferencia al estudiar conjuntamente festivales musicales y free parties. Los primeros constituyen hoy un sector fuertemente comercializado que vende incluso la propia idea de libertad como parte de la experiencia; las segundas permanecen como espacios mucho menos mercantilizados, donde libertad y regulación se producen de otra manera. Las autoras describen el festival comercial como una suerte de “transgresión autorizada”: un espacio perfectamente delimitado en el que compramos durante unos días la experiencia de sentir que hemos escapado de las normas.

En una free party la finalidad de la fiesta no consiste en extraer el máximo beneficio económico posible de ellas. Lo difícil de integrar no es la música: es la autonomía

El capitalismo no tiene ningún problema con el techno ni con decenas de miles de personas bailando hasta el amanecer. De hecho, ha aprendido a hacer muchísimo dinero con ambas cosas. Puede vender la entrada, la pulsera, la cerveza, el agua, el alojamiento, la zona VIP y hasta una estética cuidadosamente diseñada para hacernos sentir fuera del sistema mientras cada centímetro de nuestra experiencia está organizado como una oportunidad de consumo. Una free party no está libre del mercado, pero desafía parcialmente esa lógica porque quienes llegan no ocupan únicamente la posición de clientela y la finalidad de la fiesta no consiste en extraer el máximo beneficio económico posible de ellas. Lo difícil de integrar no es la música: es la autonomía.

Por eso resulta significativo que varias personas con las que hablé en La Granja compartieran la sensación de que las grandes free parties como esta tienen cada vez menos espacio para existir. Italia introdujo en 2022 una reforma penal conocida como ley anti-rave, dirigida específicamente contra determinadas concentraciones realizadas mediante la ocupación de terrenos o edificios. Francia, donde estas fiestas llevan años sometidas a un régimen particular de declaración, tramita en 2026 un nuevo endurecimiento de su regulación y de las sanciones relacionadas con encuentros no declarados. No existe todavía una prohibición general de las free parties francesas y sería incorrecto presentarlo así, pero sí un movimiento político hacia un control mayor de unas prácticas que, por definición, difícilmente sobreviven intactas cuando deben hacerse completamente administrables.

Regular riesgos reales es una obligación pública. Una concentración de miles de personas plantea problemas de incendios, emergencias sanitarias, impacto ambiental, ruido y violencias que ninguna retórica sobre la autogestión debería ocultar. Otra cosa es asumir que la única forma posible de producir seguridad y convivencia consiste en transformar progresivamente estas prácticas hasta hacerlas reconocibles para el sistema: terreno autorizado, responsable jurídico, entrada, horarios, seguridad contratada y, finalmente, una estructura cada vez más parecida a la de cualquier festival.

Cuando estuve en La Granja, la gente seguía bailando, cocinando, durmiendo, recogiendo basura y sosteniendo colectivamente una fiesta que ninguna promotora había organizado para ella. Después de más de treinta años de cultura free party, su capacidad para producir normas, cuidados y formas propias de organización debería haber dejado de resultar sorprendente. Quizá la pregunta esté ya en otro lugar: por qué un orden construido colectivamente sigue siendo leído como desorden cuando no adopta las formas que el mercado y las instituciones reconocen como legítimas.