Extremadura
El PP compra el discurso de odio y racista de Vox para formar gobierno en Extremadura

La historia vuelve a repetirse más de cinco años después. El Partido Popular vuelve a pactar con la extrema derecha de Vox en una comunidad autónoma para poder gobernar. María Guardiola continuará como presidenta de Extremadura tras unas elecciones el pasado diciembre en las que no obtuvo la mayoría absoluta, gracias a ceder ante las peticiones de Vox.

Guardiola marca un precedente para las negociaciones en Aragón o Castilla y León, donde la gobernabilidad del Partido Popular también depende de la ultraderecha.

Atrás quedan las declaraciones de Guardiola, que en 2023 sostenía que la formación no dejaría entrar en su Gobierno “a aquellos que niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes y tiran la bandera LGTBI a la papelera”, una postura que ha ido fluctuando con los años.

Las medidas basadas en la “prioridad nacional” que expone la extrema derecha extremeña van en contra de la ley de extranjería vigente dentro del Estado español y la normativa de la UE.

Guardiola ha dado entrada a Vox al Gobierno extremeño con un pacto de 74 medidas impulsadas por la extrema derecha con puestos de poder para los ultras, que estarán a cargo de dos consejerías: la de Desregulación, Servicios Sociales y Familia y la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Dos de las temáticas en las que la extrema derecha enfoca su discurso de odio: los derechos humanos y el medio ambiente.

Medidas contra la inmigración

Las medidas en este sentido se centran en las peticiones populistas en torno a las personas migrantes que son el buque insignia de la formación de extrema derecha.

Entre los puntos se acuerda el retorno de los menores inmigrantes no acompañados, o como expresan en el documento “no más menas” y exponen que el Ejecutivo extremeño tendrá una postura de “rechazo frontal de la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez” y que se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

Extremadura también suprimirá las ayudas a ONG que asistan a personas extranjeras y prohibirá el burka y el niqab en espacios públicos. Además, la administración autonómica se negará a “habilitar plazas en centros de acogida”.

El Gobierno de Guardiola creará una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva para controlar los empadronamientos de personas migrantes y eliminar programas como el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Principio de prioridad nacional

En cuanto a la vivienda, el acuerdo insiste en implantar políticas discriminatorias como el establecimiento de un sistema de acceso a la vivienda protegida “inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos”. Es decir que pondrá trabas a la hora de acceder a este tipo de recursos a las personas migrantes y racializadas.

En torno a la vivienda, Vox saca a relucir en este acuerdo otra de sus obsesiones: las medidas contra la okupación fomentando los desalojos exprés y el apoyo a los propietarios.

Vulneración a la Ley de Extranjería y a la normativa de la UE

Muchas de estas medidas no podrán saltar del espacio de lo retórico a los hechos ya que exceden las competencias que tiene la Junta de Extremadura.

Las medidas basadas en la “prioridad nacional” que expone la extrema derecha extremeña van en contra de la ley de extranjería vigente dentro del Estado español que recoge en su art.14 la igualdad de acceso a las prestaciones y servicios del estado a los extranjeros residentes en España y la garantía de los servicios sociales básicos a las personas en situación administrativa irregular.

Además la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en su artículo 21 prohíbe las políticas discriminatorias en cuanto al acceso a los servicios institucionales de los países miembros.

En el documento que abre las puertas a la participación en los espacios de gobernanza extremeños a la ultraderecha exponen que ante la falta de competencias autónomas “se exigirá al Gobierno” a “modificar la ley y otras normativas que dificulten” la “prioridad nacional”.