Filipinas
Las claves de la orden de arresto de Rodrigo Duterte

El exmandatario filipino se enfrenta a una acusación por crímenes de lesa humanidad
Concentración apoyo Duterte
Concentración en apoyo a Rodrigo Duterte en la Corte Penal Internacional, en La Haya.

Ayer tuvo lugar en La Haya la primera audiencia de Rodrigo Duterte. El expresidente filipino, acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes de lesa humanidad, fue arrestado el pasado martes después de llegar con su familia desde Hong Kong al aeropuerto internacional de Manila. 

Desde primera hora, decenas de filipinos y filipinas hicieron guardia ante las puertas de la CPI con carteles que rezaban “We stand with Duterte” (Estamos con Duterte) y “God bless the Philippines” (Dios bendiga a Filipinas). Durante toda la mañana corearon canciones a favor del país y mostraron su apoyo al expresidente.

Tras su detención, Duterte negó haber ordenado ejecuciones extrajudiciales, pero en una segunda aparición dijo que iba a “asumir las responsabilidades"

En esta primera audiencia, que empezó a las dos de la tarde, los jueces informaron al exmandatario filipino, de 79 años, sobre los crímenes de los que se le acusa. La CPI mantiene que Duterte es “sospechoso de asesinatos calificados como crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019”. El organismo internacional también tiene en el punto de mira su gestión al frente de la alcaldía de la ciudad de Davao, en la isla de Mindanao. Duterte estuvo también al mando del Escuadrón de la Muerte en la ciudad que gobernó durante más de os décadas. 

Tras su detención, Duterte negó haber participado u ordenado ejecuciones extrajudiciales, pero en una segunda aparición a través de un mensaje de vídeo en sus redes sociales dijo que iba a “asumir las responsabilidades" de lo que se le acusa.

Los Marcos y los Duterte, enfrentados

Uno de los hechos que más ha llamado la atención de la detención de Duterte esta semana es la postura del actual presidente de Filipinas, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., hijo del dictador con el mismo nombre e Imelda Marcos, a quien Duterte ayudó a subir al poder y con quien hasta hace relativamente poco mantenía unas relaciones excelentes. Sin embargo, la alianza de los dos clanes para mantenerse en el poder ha hecho aguas.

“Interpol solicitó ayuda y cumplimos porque tenemos compromisos con Interpol que debemos respetar. Si no lo hacemos, no nos ayudarán con otros casos que involucren a fugitivos filipinos en el extranjero. No hicimos esto porque viniera de la CPI. Lo hicimos porque Interpol nos lo pidió”, dijo Marcos durante una comparecencia el martes. Fue el propio Duterte quien retiró al país, en 2019, del Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI, por eso Bongbong Marcos reiteró que su Gobierno no estaba colaborando con la CPI, sino con la Interpol.

Uno de los motivos de la actitud de Marcos respecto a Duterte tiene su origen en el enfrentamiento de este con la vicepresidenta del país, Sara Duterte e hija del exmandatario. La vicepresidenta fue destituida el pasado mes de febrero acusada de complot para asesinar a Bongbong Marcos y toda su familia y de corrupción a gran escala. También se la acusa por sus posiciones cercanas a China en referencia a la disputas entre ambos países por el Mar de China Meridional. El actual presidente Marcos prefiere el abrigo de Estados Unidos. Estos días, Sara Duterte, cuyo juicio político está previsto que se celebre en julio (de momento, a pesar de haber sido destituida se mantiene en el cargo), se encuentra con su padre en La Haya.

Sara Duterte, hija del exmandatario y vicepresidenta del país, fue destituida en febrero acusada de complot para asesinar a Bongbong Marcos y de corrupción a gran escala

La guerra abierta entre los dos clanes, antaño aliados con el objetivo de concentrar el poder, empezó a finales de 2023. Estas hostilidades podrían complicar la frágil estabilidad política del país, ya que tanto los Marcos como los Duterte gozan de mucha popularidad. Si nada cambia, las próximas elecciones generales, en las cuales se contaba con la candidatura de Sara Duterte, están previstas para mayo de 2028.

La “guerra contra las drogas”, una ofensiva hacia los sectores más pobres

Según las cifras oficiales, durante el tiempo que Rodrigo Duterte estuvo en el poder (2016-2022) murieron de manera extrajudicial y a manos de la policía unas 6.200 personas; sin embargo numerosas organizaciones de derechos humanos aseguran que esta cifra no es correcta, y que podría haber hasta 30.000 víctimas. 

También se produjeron decenas de miles detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos de diferente naturaleza. Duterte empezó su represión mucho antes de convertirse en mandatario del país asiático: durante 22 años fue el alcalde de Davao, una de las principales ciudades de Filipinas. Sin embargo, los crímenes investigados solo abarcan el periodo 2016-2019, cuando el país aún estaba adherido al Estatuto de Roma.

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La guerra sin cuartel de Rodrigo Duterte, enmarcada en una “guerra contra las drogas”, se cebó con las regiones más pobres y los barrios más desfavorecidos y marginados de las principales ciudades filipinas, pero también con las minorías del país, como los lumads, la población indígena.

Esta minoría, que hace años que pide más autodeterminación, no solo tuvo que enfrentar las embestidas de un Gobierno que los consideraba terroristas, sino también las amenazas de la industria minera y otras corporaciones internacionales extractivistas que quieren quedarse con sus tierras. De hecho, en 2019, cuando Duterte aún estaba en el poder, Filipinas ostentaba el primer puesto en la lista de países más mortíferos para agricultores y personas originarias, según la organización de derechos humanos PAN Asia Pacific (PANAP).

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Otra de las ofensivas que usó Duterte durante el tiempo que estuvo en el poder para acallar cualquier voz disidente fue el red-tagging, una acusación que el Ejecutivo usaba para señalar a sus opositores y que respondía al sinónimo de comunista y/o terrorista.

Tras el arresto por parte de la CPI, Rodrigo Duterte, que se había registrado como candidato para las elecciones municipales que se celebran este año en el país asiático, se ha convertido en el primer exmandatario de un Estado asiático en ser juzgado en el Tribunal de La Haya.

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