Evasión fiscal
España recauda más que nadie con los Panama Papers pero sin sancionar a los evasores

El 6 de abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicaba uno de los mayores escándalos de la historia. Los conocidos como los Panama Papers, a los que luego les seguirían los Paradise Papers, desvelaban cientos de nombres de empresarios, políticos y personalidades de todo el planeta que usaban el bufete de abogados Mossack Fonseca –con sede en Panamá, para construir entramados fiscales a nivel mundial y evitar pagar impuestos o reducir la factura fiscal al mínimo usando paraísos fiscales y sociedades offshore en territorios opacos.

Las autoridades fiscales han recuperado más de 500 millones de dólares –418 millones de euros–, según la ICIJ, gracias a las investigaciones realizadas en base a la información filtrada en los Panama Papers. El Consorcio ha destacado que España ha sido capaz de recaudar 122 millones de dólares, 102 millones de euros, tras realizar investigaciones sobre residentes que habían acumulado dinero en sociedades y cuentas offshore en el extranjero. Según el propio ministro de Hacienda español, Cristobal Montoro, el ministerio inició 131 expedientes a 125 contribuyentes tras la publicación de las filtraciones.

Pero para el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, esta cifra que da el Ministerio es muy engañosa, ya que de esos 100 millones, casi 90 se recaudaron mediante declaraciones complementarias, lo que significa que los investigados tuvieron la oportunidad de realizarla esquivando las sanciones, que se elevan al 150% de lo defraudado, pagando un recargo del 20% y evitando ser condenados por delitos fiscales.

De los 100 millones recaudados, casi 90 fueron mediante declaraciones complementarias que libran a los evasores de mayores sanciones y de ser condenados por delitos fiscales

El problema, según Gestha, es que los pocos recursos que se dedican a la lucha contra este tipo de fraude fiscal hace que las investigaciones empiecen mucho tiempo después de que arranquen las comprobaciones preliminares, lo que da tiempo a los evasores para presentar estas declaraciones complementarias y así evitar las sanciones y condenas.

Según los inspectores, la Agencia Tributaria debería notificar de manera inmediata el arranque de las investigaciones a los evasores, lo que evita que se puedan presentar las complementarias al estar ya la persona en el proceso de ser investigada. 

No solo en España

La información recogida por el Consorcio ha sido extraída de las declaraciones hechas en 15 países de tres continentes pero, según ICIJ, existen muchos otros países que están realizando investigaciones y auditorías en base a las informaciones reveladas en dichos documentos.

En Canadá se están llevando a cabo 123 auditorías y varias investigaciones criminales basadas en estas filtraciones, según ha anunciado la Agencia Tributaria Canadiense. Corea del Sur también ha comunicado que ha recuperado 1.200 millones de dólares en impuestos en este año, pero no han especificado qué porcentaje es atribuible a los Panamá Papers.

Alemania anunció que su departamento de policía federal había comprado los datos completos de las filtraciones, lo que les ha llevado a realizar varias redadas y a congelar dinero en cuentas de personas y empresas sospechosas de evasión. Las autoridades fiscales danesas también adquirieron una parte de los datos de Panama Papers y están investigando 320 empresas y a más de 500 personas residentes o vinculadas a Dinamarca a través de los datos.

Detenciones y destituciones

En España, el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, dimitía solo nueve días después de que las filtraciones saltaran a los medios de comunicación. Soria había mantenido una empresa offshore con sede en Panamá. Tras negarlo en un par de ocasiones, los documentos liberados por la ICIJ le obligaron a dimitir y dejar el Ministerio.

Este mismo año, uno de los hechos más destacados causados por este escándalo fiscal ha sido la destitución del primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, mediante el voto unánime de la Corte Suprema del país por su relación y aparición en las filtraciones.

En cuanto a los abogados del bufete Mossack Fonseca, fueron arrestados por lavado de dinero a principios de este año, después de que las autoridades registraran la sede de la firma como parte de las investigaciones del mayor escándalo de soborno en Brasil, conocido como Lava Jato.

También se ha llevado una vida inocente

Los resultados de las investigaciones y de las filtraciones no han sido todos positivos. El 16 de octubre de este mismo año, la periodista maltesa de investigación especializada en corrupción, Daphne Caruana Galizia, era asesinada mediante una bomba colocada en su coche. Caruana había acusado al primer ministro de Malta, Joseph Muscat, y a parte de su equipo de ministros por la relación con los Panama Papers y el uso de sociedades offshore en paraísos fiscales. Las investigaciones todavía no han esclarecido quién asesinó a la periodista.