Frontera sur
Los líderes de la UE ajustan cuentas con Sánchez tras la crisis de Ceuta, que suma 67 muertos

A falta de un análisis crítico del papel de Marruecos en la mayor crisis fronteriza de la historia de la frontera de la ciudad autónoma de Ceuta, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por señalar a sus socios europeos. Este sábado, el presidente ha enviado una carta a Ursula Von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al irlandés Micheál Martin, presidente rotatorio de la UE, protestando por la “reacción egoísta, polarizadora e ilegal” de algunos Estados miembros.

No pone nombres, pero el ramillete de gobernantes que han aprovechado los hechos del 30 de julio es extenso, desde la Italia de Giorgia Meloni y su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, hasta los gobiernos de Finlandia y Dinamarca, las reacciones han puesto en evidencia la frágil cohesión política de una Unión Europea cuyas costuras han vuelto a saltar por las aires.

Hasta 22 representantes de la UE han aprovechado la crisis para criticar la política del Gobierno español en materia de migración, apuntando a la regulación extraordinaria de trabajadores de origen extranjero en una carta enviada a Von der Leyen, Costa y Martin antes de la carta de Sánchez. Los gobiernos de Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, los Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia se han sumado al banquete.

Utilizando la palabra 'híbrida', tan de moda en el vocabulario belicista de la UE actual, los 22, encabezados por el canciller alemán Friedrich Merz y por la propia Meloni denunciaban un proceso perfectamente legal como la regularización: “No podemos permitir cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas que creen la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea es posible”.

Mientras, en la ciudad autónoma continúa la búsqueda de cadáveres en el espigón que funciona como “zona de sacrificio” entre Ceuta y Castillejos, es decir entre los reinos de Marruecos y España. A lo largo del viernes se recuperaron decenas de cadáveres y la cifra está situada oficialmente en 67 víctimas mortales. Se espera que en las próximas horas se añada más información sobre los muertos apilados en el Servicio Marítimo de Ceuta. En el contenido de su carta a las instituciones europeas, Sánchez no ha hecho referencia a las personas fallecidas en la frontera.

El Gobierno ha llevado a cabo la instalación de una barrera neumática de una longitud aproximada de medio kilómetro junto al Tarajal. Con esa medida, pretende impedir la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo que se esgrime como “causa” de la afluencia masiva de personas, en su gran mayoría marroquíes, durante el pasado jueves.

La información del Gobierno indica que la mayor parte de las aproximadamente 50.000 personas que cruzaron la frontera han sido desalojadas de Ceuta. El Ejecutivo intenta contener la campaña de la extrema derecha internacional contra Sánchez y sus “políticas proinmigración”, que han unido a los gobiernos de Estados Unidos, Israel y, para sorpresa de nadie, a los representantes políticos de Partido Popular y Vox.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha cargado las tintas sobre el Gobierno con una acusación de extrema gravedad. Según Feijóo “se conocía esta amenaza”, un extremo que ha repetido: “Tenemos derecho a que se esclarezca qué ha ocurrido, a que el Gobierno nos diga por qué no actuó sabiendo lo que iba a pasar”. Eso sí, Feijóo ha evitado también acusar a Marruecos de responsabilidad en los hechos del 30 de julio y se ha quedado en palabras vagas: “Hay cosas que no se deben de hacer y si se hacen, deben de tener una respuesta contundente”.

Sánchez ha vuelto la cara a los Estados de la UE solicitando en su carta a la presidenta de la Comisión Europea una “reunión urgente” de los ministros del Interior de la UE. Esa respuesta “ilegal” a decir del presidente del Gobierno incluyó una solicitud de que España fuera excluida de la zona Schengen de libre circulación, extremo que no se llevó a término —ningún país puede ser expulsado de ese sistema y, de hecho, Ceuta no se considera espacio Schengen— pero que pone en evidencia la debilidad del acuerdo en que se basa la UE. El presidente del Gobierno ha apostillado en su carta que los flujos migratorios hacia Italia han sido superiores a los que se han dirigido a España en el último lustro.