Galicia
El Constitucional avala la ley gallega con la que la Xunta se atribuye las competencias en la costa

El Tribunal Constitucional ha emitido un veredicto unánime respaldando la ley gallega de litoral, tras un recurso presentado por el Gobierno central que llevó a una suspensión parcial de dicha legislación. La sentencia, redactada por el magistrado César Tolosa Tribiño y aprobada por unanimidad, ha rechazado la mayoría de las impugnaciones planteadas por el Gobierno central el pasado 11 de octubre. Se ha argumentado que la legislación gallega no contradice las competencias estatales en materia de litoral, según lo estipulado en el Estatuto de Autonomía de Galicia.

La nueva ley del litoral gallego, aprobada en julio de 2023 con el respaldo del Partido Popular y la abstención del Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista de Galicia, incluye la transferencia de competencias en la gestión del espacio marítimo terrestre a la Xunta.

En su fallo, el Tribunal Constitucional ha argumentado que la regulación de los instrumentos de ordenación del litoral y los usos específicos en el mismo no contravienen las disposiciones de la legislación estatal de preservación del dominio público marítimo terrestre. Además, se han destacado las salvaguardas en la ley gallega para garantizar el cumplimiento de las normas estatales sobre costas.

No obstante, se ha declarado inconstitucional ciertos aspectos, como la ocupación del dominio público marítimo-terrestre por sistemas de tratamiento de aguas residuales, que violan la legislación estatal, así como el trato preferencial a las embarcaciones gallegas.

El proceso judicial fue aplazado en dos ocasiones debido a su complejidad, reconociéndose su importancia como precedente para futuras decisiones relacionadas con la gestión del litoral gallego.

María Luisa Balaguer, aunque coincide con el fallo, ha emitido un voto concurrente señalando la insuficiente cobertura estatutaria de las competencias autonómicas y los posibles riesgos ambientales a largo plazo.

El conflicto entre el Gobierno gallego y el central ha girado en torno a la interpretación de las competencias definidas en el Estatuto de Autonomía. Mientras el Gobierno central argumentaba una invasión de competencias estatales por parte de la ley gallega, la Xunta defendía su legalidad. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha respaldado las competencias autonómicas en este ámbito.