Galicia
Galicia elige el rumbo de la lucha contra Altri en las elecciones a la directiva de la plataforma Ulloa Viva

No es habitual que ocurra en las plataformas vecinales de personas afectadas. Sin embargo, la dimensión social que ha alcanzado la protesta contra la macrocelulosa de Altri y la Xunta de Galicia y las diferencias en las estrategias que han de tomarse a partir de ahora, han llevado a la Plataforma Ulloa Viva —punta de lanza de este movimiento social— a celebrar unas elecciones a su junta directiva sin una propuesta de consenso entre sus socias y socios.

En el proceso, que se celebrará este sábado día cinco de julio, concurren dos listas diferenciadas más en las formas que, a priori, en el objetivo, que seguirá siendo frenar este macroproyecto industrial. Así lo han explicado a esta redacción sendos representantes. Por un lado, concurre una candidatura continuista con la estrategia del primer grupo motor, con el asamblearismo y la sociocracia como base, hilvanadas con posiciones ecofeministas y horizontes alternativos enmarcados en la economía social y solidaria; y, por el otro, una alternativa que considera fundamental incorporar a la plataforma a personas de toda Galicia más allá de los territorios afectados, que es menos reticente a acercarse a las organizaciones sociales vinculadas al nacionalismo institucional y que está organizada a través de la democracia representativa.

Ninguna persona sobra y todas son necesarias. Ese podría ser el denominador común y positivo de los testimonios recogidos por El Salto de las personas que apoyan a una y otra opción. Además, obviamente, de que comparten fin. De hecho uno de los objetivos manifiestos en ambas declaraciones de intenciones es ampliar la base social movilizada —no las socias— y, para ello, ambas candidaturas recalcan que fomentarán su “carácter apartidista”.

Preservar la transversalidad que hasta ahora han mantenido no podría lograrse de otra forma. “Prueba de ello es la cantidad de donaciones anónimas que hemos recibido en la campaña de financiación para la estrategia judicial”, recordaba hace no mucho en una charla Adrián Gallero, una de las personas que estaba en aquel primer grupo de Whatsapp en el que empezó todo.

Dos enfoques diferenciados para lograr un mismo objetivo

Ambas candidaturas están accesibles, al igual que los estatutos, en la web de la plataforma. En primer lugar, la lista continuista la conforman María Soledad González Prieto, Marta Alvarez Quintero y Zoe Iriarte Costas como presidenta, secretaria y tesorera, respectivamente. Su propuesta de hoja de ruta se centra en el asamblearismo, en la organización horizontal alcanzada a través de las herramientas de la sociocracia: “Una metodología que ha demostrado ser extraordinariamente eficaz y que encaja a la perfección con nuestro espíritu”, explican. Un ejemplo paradigmático de este enfoque es que han sido la única organización que hizo público el expediente del macroproyecto que ahora es accesible para todo el mundo, algo ciertamente anómalo en este tipo de casos.

En la práctica, esta forma de trabajo se traduce en la creación de diferentes grupos de trabajo abiertos, “en los que cualquier socia interesada puede participar y aportar sus conocimientos”. “Cada uno de estos grupos está conformado por personas expertas en ese campo específico, que toman decisiones de forma independiente, basadas en su conocimiento, en la confianza mutua y en la corresponsabilidad para perseguir juntas un objetivo común”, desarrollan en sus bases.

Precisamente en este aspecto es donde, según su testimonio, reside una de las grandes diferencias con la otra candidatura. Entienden a la “directiva formal” solo como “las caras visibles de estos grupos de trabajo”. “En ningún caso pueden ser figuras de decisión verticales que impongan sus ideas sobre el trabajo colectivo”, señalan. Diferenciando el funcionamiento de nuestro sistema político, bajo este prisma, la directiva “no debe ser un órgano de poder que centralice las decisiones, sino un servicio a la plataforma, garantizando su operatividad legal y administrativa”.

Otro de las diferencias estratégicas de las candidaturas tiene que ver con cómo incorporar a la lucha a las grandes organizaciones del país y hasta dónde ampliar su base asamblearia. En este caso y teniendo claro que todas ellas son necesarias, la candidatura continuista aboga porque enormes organizaciones gallegas como la Confederación Intersindical Galega (CIG) —sindicato mayoritario en Galicia con alrededor de 90.000 afiliados— jueguen un papel de apoyo clave y casi que único por su dimensión en la facilitación de la red de apoyo, pero secundario en la elaboración de la estrategia política y discursiva en favor de la asamblea de personas afectadas. 

“La historia nos ha demostrado que, cuando los intereses vecinales se confunden con los intereses partidistas, la causa común suele salir perjudicada”, explican y añaden: “Es imperativo que la directiva rechace cualquier intento de instrumentalización por parte de agendas políticas que no sean las propias de vecinos y vecinas. Nuestra misión es defender el territorio, no servir de trampolín para intereses ajenos”, recalcan. Además, su dialéctica a lo largo de esta lucha se ha ido enmarcando en el feminismo y en el ecologismo como forma de habitar este conflicto, algo que también ha generado tensiones.

En conversación con este diario, desde esta candidatura insisten en que las grandes organizaciones “solo deben acompañar respetando las decisiones de vecinos y vecinas, dándoles prioridad, nunca marcando estrategia”. Desde hace unos meses, manifiestan su “intensa preocupación porque el movimiento se instrumentalice con un objetivo electoralista”. Comentan que desde que están activas en el movimiento y muchas organizaciones gallegas y nacionales participan, ven diferentes formas de apoyo: “Unas desde un apoyo incondicional y otras desde una postura más fiscalizadora. No tiene sentido que la cantidad de afiliación a una organización haga que esta tome decisiones por encima de la propia plataforma”.

Por último, remarcan que no son una plataforma “Altri Non, sino Ulloa Viva”. Es decir, una construcción en positivo: “Una plataforma que nace con una vocación de futuro para defender el territorio que habitan frente a miles de amenazas en forma de proyectos que pretenden acabar con los recursos naturales”.

La candidatura rupturista: incorporar a las grandes organizaciones y cambiar el relato

En la otra cara de la moneda, se encuentra la candidatura encabezada por Juan Pedro Sánchez Morcillo, Ana Otero Gómez y Serxio Núñez Martínez, como presidente, secretaria y tesorero, respectivamente, la lista más rupturista con el actual modelo. En conversación con El Salto, Serxio Núñez explica el objetivo prioritario será siempre frenar este macroproyecto. “Nosotros entendemos la plataforma como un lugar común para gente de diferentes ideologías y tradiciones. Por lo tanto, cualquier persona y organización que comparta nuestro objetivo es una aliada”, argumenta y añade que en cualquier caso reforzarán “el apartidismo de la plataforma sin hacer proselitismo de ninguna organización”. 

“Quizás donde más diferimos es en que esta plataforma tiene que abrirse a todo el país. Cierto, es vecinal, pero puede ser vecinal de cualquier lugar donde las personas se sientan aludidas por este proyecto”, reflexiona. El candidato a tesorero explica que una de las aspiraciones de su equipo es que todas las organizaciones se incorporen “sean de la cuerda que sean” y que “no se les corte ninguna iniciativa” y sentencia: “Entendemos que la plataforma no puede acaparar la lucha”.

Quizá este sea el punto de mayor fricción entre ambas propuestas: “Un conflicto que ocurre es que hay gente que considera que hay organizaciones que tienen demasiada prevalencia. En el caso de la CIG, que es una organización grandísima, con un nivel de movilización grande, hay gente que considera que puede ser un peligro para la plataforma. Nosotros creemos que no”. Núñez dice que “ha habido suspicacias” para vincularlos al nacionalismo y, en ese sentido, quiere ser claro: “Yo soy militante del BNG y delegado sindical de la CIG, pero eso es solo una parte de mi vida”. 

El candidato a tesorero argumenta que esa militancia no lo condiciona a “seguir las directrices de la organización” a la que pertenece y añade: “El gran matiz es que no vamos a hacer proselitismo de ningún tipo de ideología particular”. Y prosigue en su elaboración: “Yo podría hacerlo del nacionalismo y no lo voy a hacer. Otra gente habla del feminismo y el ecologismo y no es la finalidad de la plataforma, que no es ni ecologista ni feminista. Es una organización transversal”. “Creo que hay que combatir la demonización de que hagamos política”, concluye a este respecto señalando que formar parte de organizaciones políticas es una forma legítima de participar de la vida pública.

Por último, para los compañeros y compañeras de Serxio Núñez, es “una anomalía democrática” que se vaya a refrendar ahora a la directiva y dicen tener el apoyo de buena parte de los Grupos Vivos, pequeñas asambleas deslocalizadas fuera de A Ulloa, que “quieren tener un papel más relevante” en la plataforma. Como conclusión, Núñez resalta: “A pesar de que este enfrentamiento en la manera de ver la estrategia se dio hace bastante tiempo, el trabajo se hizo exactamente igual. Se hizo con responsabilidad y no se socializó, algo que nos hizo mantener la transversalidad y movilizar a mucha gente”. 

De hecho, esa es la declaración final de su candidatura: “Defender nuestro territorio. Por eso, gane quien gane, será fundamental seguir colaborando con el mismo espíritu colectivo, generoso y combativo que nos ha traído hasta aquí”.

Otros actores que han tomado partido

Uno de los gestos significativos que ha acontecido desde las grandes organizaciones que orbitan a este movimiento es la toma de posición de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) en el proceso, una de las más grandes asociaciones ecologistas de Galicia. Hace apenas unos días, Adega, más cercana a las posiciones de la segunda candidatura, envió un mail a todas sus personas socias en las que invitaba a participar: “Dada la relevancia de esta asamblea en el devenir de la movilización y de la reivindicación social y jurídica contra la macrocelulosa de Altri, es de vital importancia que todas las personas socias de Adega que también son parte de la plataforma Ulloa Viva participen en la asamblea general del próximo sábado”. Insistían en la importancia de acudir y ofrecían la posibilidad de organizar la delegación de votos, tanto para llevar los de otros socios y socias como para delegar el propio. Desde buena parte del resto de organizaciones ecologistas con presencia en el territorio lo han calificado, en conversación con El Salto, como “injerencia”, aunque Adega no ha llamado al voto a ninguna de los dos listas en concreto.

El punto clave ahora es la estrategia judicial

Sea cual sea el resultado del voto de los más de 1.500 socios y socias, que se sabrá en la tarde del sábado, lo que está en juego no es menor. Fundamentalmente, la orientación de la estrategia judicial que se llevará a cabo desde la plataforma contra el proyecto amparado por el Gobierno de Alfonso Rueda, la multinacional portuguesa Altri y la gallega Greenalia. Ambas candidaturas están de acuerdo en lo esencial y aspiran a trabajar juntas. 

Entre las principales acciones jurídicas previstas por la Plataforma Ulloa Viva se encuentra la impugnación de, al menos, tres actos administrativos clave: la captación de aguas, la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la declaración como Proyecto Industrial Estratégico (PIE).

En consecuencia, se interpondrán todos los recursos administrativos y judiciales que procedan. Esto incluye un recurso de alzada contra la AAI, así como recursos contencioso-administrativos y demandas judiciales ante los tribunales competentes: el juzgado correspondiente en el caso de la captación de aguas, y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respecto a la AAI y el PIE. Además, dentro de estos procesos judiciales se solicitarán medidas cautelares para paralizar las concesiones, autorizaciones y proyectos en cuestión, y se elaborarán informes periciales técnicos que respalden las impugnaciones.

Asimismo, si se llegasen a conceder subvenciones públicas, ya sea mediante fondos de descarbonización o como ayudas directas vinculadas a proyectos de interés comunitario, también se recurrirán legalmente.

Por último, en caso de que el procedimiento de la AAI no prospere y los fondos recaudados por la campaña legal no sean necesarios, la Plataforma se compromete a abrir un proceso participativo entre sus socios para decidir colectivamente a qué iniciativas del territorio se destinarán dichos recursos.