El martes 9 de junio se celebró en el Parque da Ponte de Ourense una asamblea abierta que reunió a decenas de personas pertenecientes a distintos colectivos sociales y vecinales, preocupados por la escalada de tensión y los discursos de odio que se han venido registrando en las últimas semanas en barrios como A Ponte. La convocatoria, impulsada por Espazo Veciñal Ourense (EvOu), constituyó un encuentro para el diagnóstico colectivo, la escucha activa y la propuesta de acciones frente al auge de la extrema derecha y los intentos de criminalizar la pobreza y a las personas en situación de vulnerabilidad.

Ourense está viviendo una deriva preocupante: el intento de normalizar discursos de odio y miedo que promueven prácticas violentas y el señalamiento público de personas en situación de exclusión como amenazas para la convivencia. Bajo el seudónimo de Acción Ciudadana Ourense, este perfil lleva semanas difundiendo vídeos de personas en situación de calle o de drogodependencia, sin su consentimiento y acompañados de mensajes anónimos que llaman a su expulsión de los espacios públicos.

Muchas de estas imágenes están descontextualizadas o muestran simplemente a personas durmiendo o ocupando la calle. Contenidos que alimentan un clima de tensión, deshumanizan y presentan a las personas excluidas como ajenas al barrio, promoviendo su rechazo como falsa solución para la seguridad.

Detrás de esta aparente iniciativa ciudadana —que en un primer momento se presentaba como “apolítica”—, se destapó la implicación directa del Frente Obrero, movimiento abiertamente de extrema derecha encabezado por el “influencer” Roberto Vaquero. Reforzado con el apoyo de militantes de otras ciudades como Madrid, este grupo busca introducirse en el debate público de Ourense aprovechando el miedo y la preocupación de la vecindad para colar su discurso de odio y estigmatización, presentándose como una supuesta solución rápida a un problema que es de fondo social y estructural.

Bajo el discurso del “orden”, estos días ya se han producido varias agresiones con total impunidad por parte de las “patrullas vecinales” a personas que viven o piden ayuda económica en la calle

Para la Coordinadora Vecinal, “frente a las respuestas simplistas que promueven la exclusión y el conflicto, es necesaria una intervención seria, colectiva y profunda, basada en los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de las personas afectadas”. Bajo el discurso del “orden”, estos días ya se han producido varias agresiones con total impunidad por parte de las “patrullas vecinales” a personas que viven o piden ayuda económica en la calle; alguno de los casos se ha puesto en conocimiento de la Policía, pero existe el temor de que estas agresiones aumenten si no hay medidas reales de protección. Desde EVOu recalcan que “las agresiones físicas son el caso más extremo, pero no el único de la violencia real que se está produciendo”.

En la mañana del 5 de junio se activó un operativo policial desproporcionado en el barrio de Covadonga, ampliamente cubierto por los medios locales con tono sensacionalista. Esa misma tarde, sectores próximos al Frente Obrero —conocidos por sus discursos racistas y antifeministas— convocaron una reunión abierta en el barrio. Vecinas preocupadas acudieron a ese encuentro para ofrecer una visión alternativa, basada en la dignidad, los derechos y la salud pública como base de la respuesta social. Señalaron la falta de políticas públicas y la necesidad de soluciones estructurales, pero fueron interrumpidas de forma constante, entre insultos y frases como “si tan buena eres, llévatelos a tu casa”.

A esta atmósfera de criminalización y control se suman grupos de WhatsApp y redes sociales que difunden mensajes de odio y amenazas. Ante esta situación, la Coordinadora Vecinal convocó esa misma semana una primera asamblea con las diferentes entidades y organizaciones del ámbito social, para tratar este problema desde un punto de vista que consideran “más dialogante, respetuoso y que busca soluciones reales”. La necesidad urgente de construir conjuntamente un contradiscurso que confronte las ideas fascistas y genere un impacto real en los barrios llevó a convocar el martes 10 de junio en el parque da Ponte a toda la vecindad y colectivos sociales en una nueva reunión abierta al barrio, con la que continuar organizando respuestas conjuntas y solidarias. La próxima asamblea será el martes 24 de junio.

Un conflicto enquistado, utilizado como arma política

Vecinas y vecinos del barrio, activistas, personas afectadas, representantes de diferentes organizaciones sociales… Las sofocantes temperaturas de esos días en Ourense no impidieron que más de 50 personas, de diferentes contextos y edades, acudieran al encuentro. “Tenemos que proponer acciones conjuntas, pedir responsabilidades institucionales y, sobre todo, proteger a las personas vulnerables”, comenzaba una intervención en la ronda abierta. La convocatoria, que reunió voces de diversos espacios y sensibilidades, señaló claramente que la situación de exclusión social que vive Ourense, especialmente en los barrios populares, no es nueva, sino consecuencia de un proceso prolongado de desmantelamiento de los servicios públicos.

“Hay responsables directos. Estamos hablando de la eliminación paulatina de recursos de intervención social, de vivienda pública, de apoyo comunitario”, señalaba una de las asistentes. Para ellas, lo que está ocurriendo en los barrios de A Ponte, Covadonga y O Vinteún lleva gestándose desde hace tiempo. Es fruto de años de abandono institucional por parte de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de Ourense, que han desmantelado servicios sociales clave y dejado sin alternativas a muchas personas en situación de vulnerabilidad. Programas públicos y concertados para la atención a personas con drogodependencias, problemas de salud mental o sin hogar —como los que se ofrecían desde la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) u ONG locales— fueron desapareciendo, dejando un vacío que solo puede llenar la desesperación y el conflicto.

En el encuentro, varias personas también denunciaron la creación deliberada de una “percepción de peligro” amplificada por los medios de comunicación locales, las fuerzas policiales y la inacción institucional, con un claro objetivo de estigmatizar a determinados colectivos —especialmente personas en busca de hogar o con drogodependencias—, en vez de poner los medios para garantizar una intervención sociosanitaria adecuada. “Nos han convertido en un barrio de sacrificio”, criticó uno de los participantes.

A lo largo de la asamblea, se recogieron múltiples testimonios que muestran la complejidad y profundidad del problema. Muchas de ellas apelaron a la responsabilidad colectiva y a la necesidad de romper con el relato de la criminalización, primero escuchando y recogiendo lo que tienen que decir las vecinas y vecinos de los barrios afectados, ya que no todas están a favor de estas actuaciones violentas promovidas por el grupo de ultraderecha. “A partir de aquí hay dos posibilidades: cada uno de nosotres tiene que decidir en qué lugar de la historia quiere posicionarse para resolver este conflicto”, explicaba una joven en su intervención.

Acuerdos y propuestas de futuro

En la asamblea del 10 de junio se acordó iniciar acciones inmediatas, entre ellas la participación en eventos vecinales como el “Frei Canedo de Verán”, previsto para el sábado 14 de junio. El objetivo es establecer espacios de diálogo con la vecindad y buscar, de forma conjunta, respuestas inclusivas a los problemas detectados en los barrios. Las personas asistentes coincidieron en que, pese a la visibilidad de los grupos de ideología ultra, su presencia es limitada y responde a dinámicas oportunistas. No obstante, preocupa que parte de la vecindad esté adoptando estos discursos simplistas que no ofrecen soluciones reales.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la apuesta por una respuesta fundamentada en la intervención social y comunitaria, contando con el saber y la experiencia de profesionales del ámbito social y sanitario, así como de las propias personas afectadas por la exclusión. Se entiende que cualquier propuesta de futuro debe partir de la realidad de los barrios y del acompañamiento a quienes viven en situación de vulnerabilidad.

Durante la asamblea también se reflexionó sobre la “coincidencia” entre el aumento de la hostilidad contra personas sin hogar o con adicciones, y el avance de procesos de gentrificación, la escasez de vivienda accesible y las obras de revalorización urbanística en zonas como A Ponte. La lectura compartida es que estas dinámicas responden a un modelo de ciudad que prioriza el valor económico del suelo frente al derecho a vivir de sus habitantes.

Se señaló además la responsabilidad directa de las administraciones públicas, en particular del Ayuntamiento de Ourense y de la Xunta de Galicia, titulares de las competencias en servicios sociales y sanidad. La falta de atención a la salud mental, las adicciones y el sinhogarismo, consecuencia de los recortes en los servicios públicos, está en la base de este conflicto. También se apuntó a la responsabilidad de ADIF, RENFE y la Xunta por la construcción de una estación intermodal sobredimensionada, sin planificación social que acompañe el incremento de tránsito y movilidad que ha generado.

Adicionalmente, se denunció la inacción o permisividad de las autoridades policiales y judiciales respecto al narcotráfico, señalando que las redadas mediáticas recientes no ofrecen soluciones de fondo, sino que responden a una lógica de espectáculo y control. Según la Coordinadora Vecinal: “El refuerzo policial, la represión, el hostigamiento y la violencia sobre el estrato más desfavorecido de nuestra sociedad, nunca han servido para resolver, ni siquiera paliar, el problema. Las vecinas que viven en la calle y aquellas que son víctimas de las redes del narcotráfico necesitan posibilidades para salir de la marginalidad y vivir sus vidas, no incrementos presupuestarios para los cuerpos represivos del Estado”.

Como línea de trabajo inmediato, la asamblea se estructuró en grupos para diseñar campañas y movilizaciones en las próximas semanas, con el objetivo de presionar a las instituciones y reclamar recursos y políticas públicas eficaces. Entre las demandas prioritarias figuran el refuerzo de los servicios sociales y sanitarios, la creación de espacios seguros para personas sin hogar, y la apertura de un debate informado sobre la despenalización o legalización de las drogas, como vía para reducir el narcotráfico y garantizar abordajes más eficaces.

La próxima asamblea está convocada para dos semanas después (finales de junio), en el Parque da Mariña (barrio de A Ponte), con el objetivo de dar continuidad al proceso de organización colectiva y seguir fortaleciendo el tejido social y comunitario. Esta nueva convocatoria confirma la voluntad de muchas personas y colectivos de pasar de la denuncia a la acción, apostando por la solidaridad, el cuidado mutuo y la movilización. La respuesta que se busca articular es estructurada, firme y sostenida en el tiempo, frente a la violencia, el abandono institucional y la estrategia de división promovida por grupos de ideología neofascista. La lucha por la dignidad, desde el barrio y para el barrio, continúa.