Grecia
Una veintena de trabajadores humanitarios afrontan posibles condenas de 20 años por ayudar a migrantes

Se trata del “mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa” en palabras del propio Parlamento Europeo, y tiene como protagonistas a 24 defensores de los derechos humanos y rescatistas, entre los que destacan la siria Sarah Mardini y el irlandés Seán Binder. 

Ayer empezó su juicio en Mitilene, en la isla griega de Lesbos, y están acusados de permitir la entrada ilegal de personas migrantes —tráfico de personas— y de otros delitos, como la pertenencia a organización criminal. Se trata de delitos que comportan largas penas de cárcel: entre 20 y 25 años. Donde las organizaciones internacionales humanitarias ven una “farsa” y un caso claro de criminalización, el Estado griego ve el asunto como un caso de “seguridad fronteriza”.

En Grecia, que el pasado mes de julio suspendió temporalmente la tramitación de las solicitudes de asilo de las personas que llegan desde el norte de África, cualquier persona que ayude a personas en tránsito a llegar a la costa puede enfrentar cargos como los que enfrentan estas personas.

Cuando ayudar es delito

En 2015, cuando a las costas griegas llegaron casi un millón de personas, la gran mayoría procedentes de una Siria devastada por la guerra, en busca de refugio, decenas de voluntarios y voluntarias se trasladaron a los epicentros de las llegadas para ayudar a estas personas. Uno de estos epicentros fue la isla de Lesbos, unas de las más cercanas a Turquía y uno de los enclaves que todavía hoy continúa siendo destino de llegada de las personas que intentan alcanzar suelo europeo por mar. 

En 2018, a pesar de que el porcentaje de llegadas había disminuido, aún eran decenas de personas las que se encontraban en la isla para intentar ayudar a las personas que llegaban en busca de refugio. Fue entonces, y bajo el gobierno de Syriza, cuando Sarah Mardini, Seán Binder y otras veintidós personas fueron detenidas y acusadas por el gobierno griego de una serie de delitos, todos ellos relacionados con la supuesta “seguridad” de las fronteras. Algunas de ellas pasaron varios meses en la cárcel.

La ex nadadora Sarah Mardini era conocida, ya entonces, por haber remolcado a nado, junto a su hermana Yusra Mardini, el bote en el que ellas mismas viajaban intentado llegar a Europa y haber salvado a las personas a bordo. La historia de estas dos hermanas, que finalmente recalaron en Alemania, quedó inmortalizada en la película Las nadadoras, dirigida por Sally El Hosaini. 

En 2023 ya se inició un juicio contra estas personas, pero en aquel momento, el tribunal de llevaba el proceso reconoció que había errores de procedimiento, lagunas y faltas de consistencia considerables, por lo que las acusaciones fueron rechazadas y devueltas a la Fiscalía para subsanar los problemas de forma. Además de estos errores, también hubo dudas respecto a la interpretación del Código Penal griego y fallos de traducción importantes. Ese año se retiraron, eso sí, los cargos de espionaje y otros cargos menores, pero se mantuvieron los de tráfico de personas y pertenencia a organización criminal, que son los que se juzgan estos días. 

La ex nadadora Sarah Mardini es conocida por haber remolcado a nado, junto a su hermana Yusra Mardini, el bote en el que ellas mismas viajaban intentado llegar a Europa y haber salvado a las personas a bordo

Ahora, siete años después, Mardini y Binder, que en aquel momento trabajaban como voluntarios en Emergency Response Centre International (ERCI), junto a otros trabajadores humanitarios, se enfrentan a un juicio que las organizaciones humanitarias internacionales vigilan de cerca por ser uno de los casos más paradigmáticos de la criminalización de la ayuda humanitaria y una estrategia gubernamental que persigue infundir miedo entre las organizaciones y los y las trabajadoras del sector.

Desde Amnistía Internacional (AI), que ha enviado a 11 observadores a seguir el procedimiento, o Human Rights Watch (HRW) llevan años instando a las autoridades griegas a retirar los cargos contra las personas que ahora enfrentan el juicio. “La absolución de los acusados ​​será el único final justo para un proceso perverso que nunca debió haber comenzado”, aseguran desde HRW. “Este juicio nunca debió haberse celebrado y pedimos que se retiren todos los cargos”, explica Wies De Graeve, director de Amnistía Internacional Bélgica y observador en el juicio, donde están de cuerpo presente 14 de los 24 acusados.

Wies De Graeve (AI): “Este juicio nunca debió haberse celebrado y pedimos que se retiren todos los cargos”

Durante la mañana de ayer, se escucharon los argumentos de la defensa y durante el día de hoy se dará paso a los testigos: hay trabajadores de Acnur, de la Policía helena o de la Guardia Costera. Desde Amnistía Internacional se espera que el juicio termine lo antes posible, ya que “los acusados llevan siete años con la vida en vilo”. Aunque tienen pocos motivos para mostrarse “optimistas”, tienen la esperanza de que “se haga justicia”, explica De Graeve para El Salto.

Un aviso y un caso que abre la puerta a otros similares

Este juicio es importante, y no solo para Grecia, sino para todo el continente europeo, ya que abre la puerta a juicios similares en otras fronteras y supone un aviso para las organizaciones de ayuda humanitaria que trabajan con personas migrantes.

“Claramente, el objetivo es sentar un precedente y que esto tenga un efecto disuasorio en Europa y en las organizaciones. Es preocupante que esto haya funcionado, porque actualmente ya no hay ninguna ONG de búsqueda y rescate trabajando en Lesbos; también las operaciones de búsqueda y rescate se han reducido en el mar Mediterráneo”, explica De Graeve, en referencia a las medidas administrativas impuestas a una serie de barcos de ayuda humanitaria en Italia.  

Ciertamente, en Grecia existe, hoy en día, un clima de intimidación visible hacia las ONG por parte de las autoridades, que las amenazan constantemente con quitarles el registro. “Estas personas que se juzgan hoy aquí enfrentan penas de hasta 20 años de cárcel. Si son condenadas, supondrá una injusticia flagrante, pero lo peor es que enviará un mensaje a las personas que se preocupan y que ayudan a otras personas. [Una condena] supondría una mancha reputacional importante no sólo para Grecia, sino también para el resto de Estados europeos que siguen el ejemplo”. concluye De Graeve.