Guinea Ecuatorial
Guinea Ecuatorial muestra su xenofobia

Los extranjeros, que nunca habían tenido ninguna consideración en Guinea Ecuatorial, viven ahora un pequeño holocausto desde que comenzaran a ser controlados por supuesta falta de documentación. La gran mayoría de ellos, procedentes de África occidental, apenas pueden salir a hacer sus negocios. Y los que sí, se exponen a tener que dárselo todo a los policías, como cuenta un ciudadano senegalés, René, propietario de un restaurante en el barrio Alcaide de Malabo. “El día que comenzó ese control, entraron aquí ocho policías, con armas. Nos dieron a elegir, a mi hermano y a mí entre llevarnos presos o pagarles sesenta mil francos. Y tuvimos que pagar”. Y pagaron sesenta mil francos teniendo toda la documentación en regla, lo cual deja en evidencia que el problema de fondo no es la falta de documentación que alega el Ejecutivo de Malabo. O, al menos, no existe ley alguna que castigue los abusos policiales.

El pasado noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Simeón Oyono Esono, en un encuentro con varios embajadores acreditados en Guinea Ecuatorial, dijo que el Gobierno había habilitado un período de tres meses para que los extranjeros pudieran “regularizar su situación”. Sin embargo, no han pasado dos semanas y los policías ya exigen documentación a los extranjeros: “¿No sabes que debes tener la documentación en regla cuando estás en un país ajeno?”, le pregunta un policía de tráfico a un expatriado, en la entrada del hospital general de Malabo. Y quien tenga mala suerte, queda detenido, tenga o no los papeles, como relata Abou, un ciudadano chadiano, propietario de un puesto de comida en la zona hospitalaria: “Mis hermanos y yo tenemos documentación, pero no les importa. Vienen, te detienen y te llevan, para confirmar en su sistema que tengas documentación. Si la tienes, te dejan tirado en la calle. Y si no, te repatrian directamente”.

“Mis hermanos y yo tenemos documentación, pero no les importa. Vienen, te detienen y te llevan, para confirmar en su sistema que tengas documentación. Si la tienes, te dejan tirado en la calle. Y si no, te repatrian directamente”

O, al menos, se les lleva al estadio de Malabo, donde les tienen apiñados, sin medicación ni servicios de asistencia básica. El Gobierno de Malabo, consciente de las condiciones inhumanas en que les tienen, sabe usarles para encubrirlo todo: “Aquí nos tratan bien. Tenemos de todo”, dijeron muchos de ellos ante las cámaras de la Televisión guineana. Sin embargo, son ciudadanos de a pie y colectivos de la sociedad civil los que, con maniobras, hacen llegar materiales sanitarios y alimentos a los extranjeros a espaldas de los cuerpos de la seguridad.

Otro caso alarmante fue el de una supuesta trata de personas atribuida a una ciudadana beninesa. Esta vez, la Televisión Nacional fue el perfecto escaparate para encubrir las violaciones del Gobierno de Obiang: “Guinea Ecuatorial es conocida como un país que ejerce la trata de personas. Sin embargo, son los extranjeros los que la practican en nuestro país, manchando el nombre de nuestro Gobierno”, decía el periodista en los informativos.

No obstante, la ciudadana beninesa señalada, la señora Rose, muy conocida por los estudiantes de Malabo, ofrecía después su relato de los hechos: “A mi niña la detuvieron y la tuvieron encerrada durante dos semanas. Cuando fui a la comisaría a preguntar, llamaron a la tele, diciendo que practico la trata de personas”. Una explicación incomprensible, pero que, casi llorando, pudo confirmar la misma niña: “Mi madre me mandó a comprar panes. Me vieron los policías y me llevaron en su coche. Y llevaba encima la documentación”, aseguraba la pequeña Wuda.

Los extranjeros son mano de obra barata

¿Podría decirse que ningún guineano es capaz de levantar un edificio, cargar arena o hacer de guardián de ningún solar, ni sería capaz de mantener una carpintería o un taller de mecánica?

Muchos de los extranjeros que se encuentran en Guinea Ecuatorial fueron traídos por muchos de nuestros miembros de Gobierno, pero ¿con qué objetivo llegaron realmente a Guinea Ecuatorial?

Como ya lo recogió el informe Trafficking In Persons, del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el 2017: “Guinea Ecuatorial no ha logrado salir de la lista negra. Si por un lado es un país emisor de mujeres y chicas víctimas de explotación sexual, por el otro es destino de personas vulnerables de caer en las redes del trabajo forzado, sobre todo en los sectores de la construcción”. 

Nuestros ministros, en sus estafas millonarias al Estado, necesitan construir sus mansiones. Saben bien que no pueden contratar mano de obra nacional. Les costaría un poco más la factura. Así que los extranjeros son el gancho perfecto donde colgarse. Fueron traídos por ellos, sin documentación alguna, y no hablan español. Por lo que pueden perfectamente trabajar durante quince horas seguidas sin descanso. No tienen cómo ni dónde denunciar. Muchos de ellos ni siquiera saben que son explotados. Y así es como se ha levantado la gran mayoría de los edificios públicos de Guinea Ecuatorial, con extranjeros trabajando de sol a sol. Una práctica que viola indudablemente el primer principio de ACNUR, del que Guinea Ecuatorial es parte: “Tratar a todos los refugiados y a las otras personas de interés con imparcialidad, respeto y dignidad”.

Nuestros ministros, en sus estafas millonarias al Estado, necesitan construir sus mansiones. Saben bien que no pueden contratar mano de obra nacional. Les costaría un poco más la factura.

Los policías juegan un papel clave

¿A qué podría decirse que se refiere realmente el presidente Obiang cuando dice que los cuerpos policiales deben garantizar la seguridad ciudadana?

El Ejecutivo de Malabo, en estos últimos años pretende rectificar su estrategia de traer a inmigrantes irregulares, ofreciéndoles puestos de trabajo en albañilería, carpintería, etc. Ahora se les atribuye, entre otros “delitos”, la usurpación de puestos de trabajos. “Se llevan nuestro dinero. Vienen aquí, se afincan más de cincuenta en un pequeño cuarto, y no pagan ni impuestos”, decía reiteradas veces Teodorín Nguema Obiang durante su campaña de reparto de chapas en el año 2012.

Y así, son constantes las persecuciones que sufren los expatriados, tanto que, por lo sistemáticas y silenciosas que son las detenciones, muchas veces se les tiene recluidos en condiciones inhumanas. Manfred Nowak, relator de la ONU sobre la tortura, ya mostró su preocupación: “La tortura y los malos tratos suelen ocurrir en situaciones de ocultamiento”.

Muchas de esas detenciones se llevan a cabo en las noches, y en zonas donde no hay alumbrado público. Así, no es nada raro ver a militares haciendo de policías de tráfico durante las noches. Y si el coche es de un expatriado, mejor. No faltará billete para nuestros policías.

“Hay lugares de Malabo donde no paso por las noches. Tengas o no documentos, te detienen. Lo único que buscan es dinero”, considera Sinnior, ciudadano informático togolés, que lleva tiempo trabajando con la línea de farmacias Farmatural.

La repatriación, una violación de Tratados internacionales

Guinea Ecuatorial reconoce en su decreto Ley de visados de estancia que el visado de negocio “se expide a toda persona que acredite que realiza actividades empresariales y que desea viajar a Guinea Ecuatorial con fines de inversión y/o intercambio comercial con empresas ecuatoguineanas o con sede social en la República de Guinea Ecuatorial, u Organismos Públicos. El tiempo de permanencia será de 90 días prorrogables por otros 90 días”, sin embargo, ha mostrado la otra cara de la moneda en ese mismo decreto, otorgando a los ministerios de Exteriores y de Seguridad Nacional la potestad de anular cualquier visado, incluso sin previo aviso, como ya declaró el presidente Obiang en el EPU, en el año 2014: “Los cuerpos de seguridad y orden del Estado deben garantizar estos derechos y velar por la seguridad de toda la ciudadanía”, y al parecer poco le importa la repatriación a expatriados, ya que eso no repercute para nada en el nivel de vida de sus ciudadanos, por cuyas vidas dice velar.

Con la adhesión de Guinea Ecuatorial a ACNUR y la Convención de Kampala en el 2019, el gobierno de Obiang ha afirmado su responsabilidad de proteger, ayudar y proporcionar soluciones para los desplazados; la misma convención que le exige al Ejecutivo de Malabo acciones nacionales y regionales para prevenir el desplazamiento arbitrario; sin embargo, se ha tomado la arbitrariedad de repatriar a expatriados, con el pretexto de garantizar la “legalidad”.