Opinión
Techo, tierra y trabajo: huelga general

Llegamos al último trimestre de 2026. Este verano hemos vivido en el Estado español 32 grandes incendios, uno de ellos con catorce víctimas mortales en Almería. En Francia, una ola de calor extremo que dejó 8.124 muertes, y en todo el globo temperaturas récord. Lo hemos sufrido en carne propia, lo hemos visto por las noticias y lo hemos comentado con una impotencia generalizada, como quien asume un destino al que solo cabe adaptarse. No debemos alienarnos bajo esa sensación: no somos espectadores de un destino, sino víctimas de un modelo. Y los modelos pueden y deben disputarse.

Esta sensación abrumadora de incapacidad para responder, ya sea individual o colectivamente, aunque guarda relación con la realidad, no es metafísica. Es el resultado de un proceso estructural que nos ha traído hasta aquí y que ha colonizado nuestro imaginario, por eso es necesario dar voz a muchas de las herramientas que existen para dar la vuelta a este proceso. 

La precariedad nos ata a un sistema que pone en riesgo nuestras vidas

Desde mediados de los años 70 del siglo pasado, las grandes empresas se fueron desprendiendo de cada vez más costes laborales, sociales y ecológicos a golpe de deslocalización y subcontratación. En el Estado español, grandes fábricas adoptaron cadenas de subcontratas y el trabajo estable cedió terreno ante los empleos temporales de logística, servicios y turismo. La reforma laboral de 2012 abarató el despido y facilitó tanto la rebaja de salarios como el cambio de turnos; hoy, el 15 % del empleo asalariado es temporal. 

Esta precariedad, sumada a la hegemonía de un sindicalismo mayoritario pactista, ha ido dificultando la capacidad de sindicalización, de acción colectiva y la identidad de clase. Pero, además, nos ata a un sistema que pone en riesgo la habitabilidad del planeta: sin seguridad ni alternativas, las plantillas se ven muchas veces obligadas a aferrarse a empleos inseguros o contaminantes por miedo a un escenario peor. Y el encarecimiento de la vida y los requisitos para lograr un techo nos atan aún más a la necesidad de un contrato laboral estable. 

Nos han ido quitando la capacidad de unirnos, pero lo que se deshizo se puede rehacer

La desindustrialización, por su parte, no solo debilitó a la clase trabajadora: si no que desmontó parte de las infraestructuras y competencias técnicas territoriales y, al concentrarse la comercialización en grandes operadores, dejó a muchos territorios con menor capacidad material e institucional para poder decidir cómo producir, distribuir y usar la energía. Además, si bien la desindustrialización ha contribuido a reducir las emisiones dentro de nuestros territorios, nos ha vuelto más dependientes de los mercados globales, donde se externalizan emisiones, impactos ambientales y extractivismo hacia las regiones más pobres. 

Lo importante ahora es comprender que no nacimos impotentes ni condenados a la catástrofe climática. Nos han ido quitando la capacidad de unirnos, pero lo que se deshizo se puede rehacer.

Alguien que ingrese treinta mil euros en rentas de alquiler pagará de media una cuarta parte de los impuestos que un asalariado que reciba esa cantidad anual por su trabajo

Frente a esta impotencia ante la actual distopía tecno-oligárquica, conviene también hacer el esfuerzo de pensar cómo se nos presentaría el panorama sin todas las conquistas sociales heredadas y las ganadas en la última década. Pienso en los riders, en las Kellys, en las trabajadoras del hogar, en las Jornaleras de Huelva: ¿cómo se les presentaría la catástrofe climática y la ofensiva de la patronal sin las conquistas que han logrado en los últimos años? Aunque, si bien hace falta recordarlas, también debemos ser honestos con el alcance de esas victorias. Hemos ido ganando derechos y compensaciones, pero decidir qué se produce, cómo y para quién sigue estando muy lejos de nuestro alcance. 

La planificación de la economía sigue estando en manos del mercado

Los fondos Next Generation, concebidos para la transición verde y digital y la cohesión social, han terminado en gran parte en manos de grandes empresas, de grandes propietarios de vivienda o de proyectos temporales sin impacto real. Con las políticas de vivienda observamos un proceso muy parecido.

El Bono Alquiler Joven solo alcanzaba al 0,6 % de las personas jóvenes, y los colectivos de vivienda ya advertían de que ayudas así, sin regulación de precios ni cuestionamiento de la propiedad, acaban en manos de los de siempre. Un informe de 2021, que repasó la evidencia de siete países, concluyó que en Francia, el Reino Unido o Finlandia los propietarios absorbieron una parte considerable de los subsidios. La Ley de Vivienda de 2023 reconfiguró el incentivo: reducciones del 50 % y hasta el 90 % en impuestos sobre los propietarios sin ninguna medida real de bajada de precios. Y los últimos decretos siguen la misma línea: alguien que ingrese treinta mil euros en rentas de alquiler pagará de media una cuarta parte de los impuestos que un asalariado que reciba esa cantidad anual por su trabajo.  

Muchos vivimos hoy esa misma sensación de impotencia y de incapacidad de incidir tanto con la crisis climática como con el acceso a la vivienda

Como vemos, esta lógica del gotero de suero actúa igual en ambos escenarios: se transfieren recursos públicos a quienes poseen, con la esperanza de que el mercado haga el resto. Así, se trata tanto la transición ecológica como el derecho a la vivienda con políticas que se limitan a dar incentivos a empresas, en lugar de garantizar derechos. Es decir, no es que no existan recursos, de hecho estamos viviendo desde la pandemia una de las cuatro grandes olas de inversión pública de los últimos 100 años, sino que estos recursos se usan para servir al capital. El Estado pone el dinero, asume el riesgo y acompaña la inversión privada, mientras las decisiones continúan en los consejos de administración de empresas energéticas, inmobiliarias y últimamente también las militares. 

Con el planeta al límite, tener la capacidad de decidir a dónde se destinan estos recursos nos resulta crucial. Recordemos la DANA en el País Valencià el pasado 2024: la Unitat Valenciana d'Emergències, creada en febrero de 2023, fue suprimida en noviembre de ese año por el Gobierno del PP y Vox, y su presidente, Carlos Mazón, presumía de haber acabado con aquel chiringuito. Hubo decisiones y responsables: la catástrofe no cae sola del cielo sino que se gestiona según un modelo u otro. Lo mismo ocurre con los desahucios de Olga, Maricarmen y los más de ocho mil lanzamientos que llevamos en lo que va de año;  ejemplos de un sistema que evita a toda costa interferir en las leyes del mercado y que no duda en utilizar sus cuerpos de seguridad para quitar derechos.

Una huelga para recuperar la vida

Muchos vivimos hoy esa misma sensación de impotencia y de incapacidad de incidir tanto con la crisis climática como con el acceso a la vivienda. Tener un techo depende de unas rentas y de una especulación que escapan al control de quienes lo necesitamos. En este contexto, las reivindicaciones del movimiento por la vivienda no son sólo una tabla mínima de medidas para garantizar el derecho a tener una casa digna, sino que son un pulso claro a un Estado que se ha negado una y otra vez a intervenir el mercado para proteger derechos básicos. La huelga general del 11 de noviembre habla de vivienda, pero también habla de recuperar el control sobre nuestras vidas y de planificar la economía para que no nos cueste la vida. Una economía que necesite reducir en una gran parte su gasto de energía y materiales no puede quedar en manos de quien nos niega algo tan básico como el derecho a un techo. 

Una vivienda digna es una vivienda asequible y también eficiente, y un parque público de vivienda puede ser a la vez un derecho y una fuente de empleo para la transición: rehabilitar, aislar, descarbonizar, etcétera

Si para resolver el problema de la vivienda no valen parches, para atajar la crisis de la carestía de la vida, tampoco. Exige planificación democrática: decidir colectivamente qué se produce, con qué energía y para quién. Por eso es importante que las propuestas sindicales de transformación industrial bajo lógicas decrecentistas o ecosocialistas que muchos de los sindicatos laborales impulsores de la huelga llevan tiempo defendiendo estén también presentes en esta huelga.

Aquí está el hilo que queremos defender en este artículo. Una vivienda digna es una vivienda asequible y también eficiente, y un parque público de vivienda puede ser a la vez un derecho y una fuente de empleo para la transición: rehabilitar, aislar, descarbonizar, etc. Luchar por una cesta de la compra asequible es también luchar por unos sistemas alimentarios y energéticos que no estén en manos de los grandes oligopolios. Y un modelo productivo que no nos cueste la vida, también es un modelo que transita hacia sectores necesarios socialmente e incorpora cláusulas ecosociales de movilidad y prevención de riesgos durante emergencias en sus convenios colectivos. 

Que el movimiento por la vivienda use la forma sindical y la herramienta de la huelga marca el camino que, a mi entender, la lucha climática debería seguir

Cada alquiler y factura que suben son, en el fondo, el precio de depender de un modelo productivo que ya no da más de sí. Esta huelga por la vivienda es también una huelga para decidir qué se construye, con qué energía y para quién.

Luchas organizadas sindicalmente, políticamente ecosociales y tácticamente huelguistas

Si echamos la vista atrás, vemos como el movimiento por la vivienda ha ido adoptando la fórmula sindical, y los sindicatos laborales combativos también se acercan cada vez más a los movimientos sociales. De hecho, la convocatoria de huelga se venía gestando mucho antes de los acontecimientos de este otoño. No fueron ni las cúpulas de la burocracia sindical ni los aparatos del PSOE, esta huelga la impusieron los colectivos de vivienda, la presión de la calle y los sindicatos laborales combativos. En Catalunya, por ejemplo, la campaña ‘Ens costa la vida’ agitaba desde mayo las calles hacia una huelga general por la vivienda y el aumento generalizado de precios. 

Que el movimiento por la vivienda use la forma sindical y la herramienta de la huelga marca el camino que, a mi entender, la lucha climática debería seguir. De hecho, en los últimos años han surgido propuestas muy interesantes como la huelga de compra convocada recientemente por  Justicia Alimentaria. Este retorno de la herramienta de la huelga nos recuerda que lo que hoy damos por hecho no cayó del cielo. La jornada de ocho horas se arrancó con huelgas como la de La Canadiense, en 1919; en 1976, el Lucas Plan demostró que las plantillas podían proponer reconvertir la producción militar en bienes socialmente útiles; y en 2019, la tercera huelga mundial por el clima convocó movilizaciones en más de 160 ciudades. Sin esas luchas, entre muchas otras, viviríamos peor y la crisis ecosocial nos alcanzaría con menos derechos, menos tiempo y menos fuerza.

Por eso celebramos que se recupere la huelga como la herramienta principal de la clase trabajadora para aplicarla en nuevos frentes. No es un gesto: es la única herramienta que interrumpe el flujo de quien vive especulando con el techo y con el futuro. Parar la producción para parar su negocio. El próximo día 11 de noviembre dejaremos claro que la catástrofe climática y la precariedad habitacional no son un destino inapelable. Paramos por una vivienda digna y para empezar a darle la vuelta a todo.