Iglesia católica
España investigará la pederastia clerical con la oposición de PP, Vox y la Conferencia Episcopal

España finalmente se suma a países como Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, Holanda y Bélgica para investigar el sistemático silenciamiento durante décadas de la Iglesia católica a sus depredadores sexuales. Las víctimas de Navarra demandan que expertos formen la comisión de investigación.
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Siete de los nueve miembros de la Asociación de Víctimas de Abusos en centros religiosos de Navarra durante las jornadas sobre pederastia que organizaron en Pamplona. Ione Arzoz

Una comisión independiente reveló el pasado 5 de octubre que en Francia obispos y sacerdotes abusaron sexualmente de 216.000 niños entre los años 1950 y 2000. La cifra asciende a 330.000 si se incluyen las agresiones de miembros laicos de la Iglesia francesa. España fue una dictadura nacionalcatólica entre 1950 y 1975. Luego experimentó una época de transición y formó una monarquía parlamentaria. En ningún momento, el país realizó un proceso de memoria histórica y de reparación a los represaliados por el fascismo, por lo que el sentimiento de impunidad en diversas instituciones españolas se mantuvo. No es descabellado, por tanto, especular que el número de víctimas en España sea proporcionalmente mayor al del país vecino. 

La comisión francesa se creó en 2018 a instancias de los máximos representantes de la Iglesia católica francesa, y le encomendaron coordinar la investigación al exmagistrado de la Corte Suprema Jean-Marc Sauvé. 

El 8 de noviembre del pasado año, un mes después de que Sauvé presentara el devastador informe, la Conferencia Episcopal de Francia anunció que indemnizará a las víctimas de la pederastia clerical. Para ello, venderá propiedades y pedirá préstamos. No aceptará para este cometido donaciones de sus feligreses. 

La Iglesia católica francesa anunció que venderá parte de su patrimonio y pediría préstamos para indemnizar a las víctimas; en EE UU, las indemnizaciones se estiman en un mínimo de 3.200 millones de dólares

España es otro cantar. La Iglesia católica sigue anclada en postulados reaccionarios y emocionalmente devastadores para sus víctimas. La Asociación Víctimas de Abusos de Navarra considera que en la Iglesia católica “existe un negacionismo sobre los abusos de antaño, pero también sobre el nacionalcatolicismo, transición y democracia burguesa del ahora”. Agradecen públicamente que las formaciones políticas Unidas Podemos EH Bildu y ERC solicitaran la semana pasada la creación de una comisión independiente en el Congreso de los Diputados, tras las repetidas negaciones por parte de varias Diócesis —solo 9 de 31 están investigando: Barcelona, Madrid, Ávila, Bilbao, Cartagena-Murcia, Orihuela-Alicante, Zamora, Santiago de Compostela y Teruel—. Ayer martes, en un día histórico para miles de víctimas de pederastia clerical, la Mesa del Congreso votó a favor de su creación, con los votos en contra del PP y Vox. En dos semanas, el Gobierno deberá proponer la composición de la comisión: si será parlamentaria o de expertos. 

Su creación cuenta con el aval de los letrados del Congreso. Paralelamente, la Fiscalía del Estado solicitó ayer a los 17 fiscales superiores de España que le remitan todas las denuncias y querellas actualmente en tramitación sobre pederastia en las instituciones religiosas. Les ha dado un plazo de diez días. 

Durante todos estos años, y también ahora, la Confederación Episcopal Española (CEE) ha torpeado cualquier intento oficial y extraoficial de investigación de pederastia. Solo la Asociación Víctimas de Abusos de Navarra lo ha conseguido. Llevan empujando desde 2019 al Arzobispado de Navarra para que asuma los abusos que les rompieron la vida —a uno de ellos, que terminó suicidándose, se la arrebataron—. El pasado junio, el arzobispo les pidió perdón, sin decir el nombre y apellidos de su agresor y sin utilizar la palabra pederastia, explica Jesús Zudaire, miembro de la asociación. Para ellos, ambas condiciones son imprescindibles para aliviar su dolor. 

La Asociación Víctimas de Abusos de Navarra considera que en la Iglesia católica “existe un negacionismo sobre los abusos de antaño, pero también sobre el nacionalcatolicismo, transición y democracia burguesa del ahora”

Comisión de expertos independientes

Entre 1958 y 1974, el director del Colegio Diocesano del Puy de Estella-Lizarra, José San Julián Luna, abusó de entre 700 y 1.000 niños, según la comisión “semiindependiente”, recalca Zudaire, formada en aquella ocasión. El Arzobispado participó en la elección de sus integrantes. Zudaire espera y desea que la del Congreso no esté compuesta por parlamentarios, sino por expertos, como la francesa. Y que dichos expertos no sean designados por la Iglesia, porque, a diferencia de Francia, la iglesia española no ha mostrado intención de conocer el alcance de los abusos. También ha desoído al Papa actual que, a diferencia de sus antecesores, ha solicitado que se investigue. 

“Nuestros casos están prescritos legalmente”, añade Zudaire, “ni siquiera nos tienen en cuenta en la nueva Ley del Menor, pero las secuelas están ahí. Queremos verdad, justicia y reparación. Como asociación, pensamos que esta colaboración llega tarde y mal ya que han tenido mucho tiempo para modificar o hacer desaparecer los expedientes que pudieron tener, tal y como ocurrió en nuestro colegio”, agrega. 

Según la comisión francesa, el 80% de las víctimas eran niños de entre 10 y 13 años. “El abuso fue sistemático”, aseguró el exmagistrado Jean-March Sauvé. El primer caso de pederastia clerical lo dio a conocer el diario Boston Globe, que destapó cómo la Iglesia tapaba una y otra vez a todos los agresores, cambiándoles de centro, donde volvían a reproducir los abusos. La película Spotlight lo explica. En el Estado español, El País ha investigado los abusos, sistematizando y recopilando 945 casos. La semana pasada publicó una entrevista al escritor Alejandro Palomas. El impacto social consiguió atraer la reacción del presidente Pedro Sánchez, que por fin se comprometió a investigar un escándalo que la Iglesia no desea airear. 

Agresiones sexuales
La herida abierta de la pederastia clerical en Navarra

El caso de José Luis Pérez, que en febrero de 2019 hizo públicos los abusos sexuales que sufrió en el centro escolar Padres Reparadores de Puente la Reina, ha originado una cascada de denuncias de abusos sexuales en la infancia en entornos religiosos en Navarra.

PP, Vox y el portavoz de los obispos

“Estamos agradecidos y agradecidas de que por fin una parte importante del arco parlamentario acometa de manera seria una investigación oficial, pese a que la Conferencia Episcopal se escude en el Concordato y sus prebendas, sin derogar, debido a que dicho Concordato tiene rango de Ley y es necesaria una mayoría de tres cuartos de la Cámara para poder anularlo o modificarlo”, recalca la Asociación navarra. 

Según cálculos del grupo BishopAccountability.org, en Estados Unidos las indemnizaciones de la Iglesia a las víctimas superan los 3.200 millones de dólares, una cifra que la propia organización considera “subestimada”

El PP ha votado en contra de crear la comisión y ha argumentado, como dijo en su día el Arzobispo de Navarra, que los abusos infantiles no deben investigarse solo en ámbitos eclesiásticos. Por su parte, el portavoz de los obispos españoles, Luis Argüello, declaró el pasado noviembre que la pederastia eclesiástica “solo son pequeños casos”. Ayer añadió: “Nos parece especialmente doloroso que se pudiera utilizar, incluso, la situación de las víctimas en la disputa política, en la confrontación propia del Parlamento o de la vida social y política española”. Como Pablo Casado, el portavoz de los obispos se preguntó “¿por qué se pone el foco solo en la Iglesia católica? Hay casos en federaciones deportivas, ¿se ha pedido una investigación general al COE o a la FIFA?”. 

Algunas congregaciones han empezado a realizar sus propias investigaciones. Una investigación independiente encargada en 2019 —por presión social desatada en los medios de comunicación catalanes— determinó que el monje Andreu Soler, responsable durante 40 años del grupo de scouts fue un “depredador sexual” entre 1972 y 2000.

No son pocas las escuelas del Estado español que siguen estando bajo manos eclesiásticas, ni grupos de ocio infantil y juvenil.

“¿En qué otra institución podrías tener 500 delincuentes y no ser imputados?”, se preguntó Tim Lennon, presidente de la Red de Supervivientes de Víctimas de Abusos de Sacerdotes en Pensilvania (EE UU)

La pederastia clerical en el mundo

En Europa, Alemania lleva años investigando la pederastia clerical. Polonia impulsó una comisión parlamentaria para supervisar las comisiones nacionales sospechosas de ocultamiento de casos. En 2010, Bélgica, uno de los primeros países en presentar un informe, reconoció 450 víctimas entre 1960 y 1985. Trece se suicidaron. En 2011, Holanda expuso que entre 10.000 y 20.000 niños y niñas habían sufrido abusos sexuales tras identificar a 800 autores. En 2012, Australia constituyó la Comisión Real, que determinó abusos a 4.500 niños cometidos por 1.800 eclesiásticos entre 1980 y 2015. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia abrió una investigación sobre el abuso sexual contra menores cometido por sacerdotes en Pensilvania.

“¿En qué otra institución podrías tener 500 delincuentes y no ser imputados?”, se preguntó Tim Lennon, presidente de la Red de Supervivientes de Víctimas de Abusos de Sacerdotes, quien aseguró que fue violado por un sacerdote católico cuando era niño. Cuatro grandes jurados del estado de Pensilvania identificaron a unos 500 presuntos depredadores sexuales entre clérigos o exclérigos católicos.

Según cálculos del grupo BishopAccountability.org, en Estados Unidos las indemnizaciones de la Iglesia a las víctimas superan los 3.200 millones de dólares, una cifra que la propia organización considera “subestimada”. Uno de los acuerdos más grandes se cerró en 2007 en Los Ángeles: 660 millones de dólares para 508 víctimas.

En España, la modificación del expresidente José María Aznar (PP) del reglamento hipotecario permitió a la iglesia inmatricular 35.000 bienes entre 1998 y 2015, de los cuales solo ha reconocido que “un millar” fueron inmatriculaciones “irregulares”. Si la Iglesia española optara como la francesa por resarcir económicamente a sus víctimas, dispone de un amplio y variado catálogo de bienes robados para conseguir fondos económicos.

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