La Guardia Civil registra las sedes en Barcelona de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium

El juez Llarena ha ordenado el registro de las sedes de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium cuando se cumplen 100 días del encarcelamiento de sus líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, lideres de Omnium y Asamblea Nacional Catalana
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, lideres de Omnium y Asamblea Nacional Catalana, en una manifestación.
24 ene 2018 11:45

Cuando se cumplen 100 días del encarcelamiento de sus líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, las sedes en Barcelona de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y Òminum Cultural están siendo registradas por efectivos de la Guardia Civil.

En los registros, ordenados por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, los agentes están buscando información relativa a la organización del referéndum del 1 de octubre.

La Guardia Civil también ha entrado en la sede del Centre de Telecomunicacions de Catalunya para requisar documentación sobre los preparativos para la votación.

En su cuenta de Twitter, Òmnium ha asegurado que la situación “es de absoluta tranquilidad” y ha solicitado que nadie se desplace hasta allí.

Por su parte, la ANC ha agradecido las muestras de apoyo y solidaridad y también ha pedido que nadie se persone allí.La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, también se ha pronunciado en su cuenta de la red de microblogging, señalando la coincidencia de que estos registros se produzcan el mismo día que se cumplen 100 desde el encarcelamiento de los dirigentes de las dos asociaciones promotoras del referéndum.Asimismo, el depuesto president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha mandado un mensaje en el que destaca los “cien días de infamia, injusticia, indefensión, escarnio y venganza” y ha calificado la situación de los jordis como una “abominación del concepto de justicia”.El 12 de enero, el juez Pablo Llarena, que investiga el Govern de la Generalitat por el referéndum y la declaración de independencia, abrió una pieza separada que declaró secreta durante 15 días.

Esta pieza separada tendría la función de investigar si se financió el referéndum con dinero público, en el contexto del delito de malversación que incluye en su acusación la Fiscalía, por lo que las operaciones de registro ordenadas hoy podrían enmarcarse en ella.

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