Opinión
La industria mueve los hilos del futuro químico de Europa

Se puede perdonar no haber oído hablar de la Alianza Europea de Productos Químicos Críticos de la Comisión Europea. Lanzado en enero de este año, este opaco proceso podría haber sido una oportunidad para abordar el impacto de la industria química en las crisis de contaminación química y climática. Pero, como deja claro un nuevo informede Corporate Europe Observatory (CEO) y la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB, por sus siglas en inglés), todo apunta a que acabará canalizando políticas públicas y financiación hacia el mantenimiento del statu quo de uno de los sectores con mayor poder de lobby en Bruselas.

La industria química, incluidos los productores de petroquímicos y plásticos derivados de combustibles fósiles, se encuentra en el epicentro de las crisis climática y de contaminación química. Es responsable de producir sustancias químicas y plásticos perjudiciales para la salud y el medio ambiente, incluidos los llamados “químicos eternos”, PFAS, que se encuentran en la sangre de prácticamente todos los ciudadanos de la UE, incluidos los responsables políticos. Al mismo tiempo, es también una enorme consumidora de combustibles fósiles. Estos combustibles se utilizan tanto como fuente de energía para la producción química como materia prima, y deben abandonarse progresivamente en la medida de lo posible con carácter urgente.

Pero esta industria es también uno de los lobbies más poderosos que operan actualmente en Bruselas. Su llamada “Declaración de Amberes” (Antwerp Declaration) ha contribuido a marcar la agenda de la segunda Comisión Von der Leyen y su principal asociación empresarial, el Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC), es el lobby que declara un mayor gasto de todos los inscritos en el Registro de Transparencia de la UE.

La industria ocupa cuatro de los ocho puestos de liderazgo dentro de los grupos de trabajo que impulsan la actividad diaria de la Alianza Europea de Productos Químicos Críticos

Por ello, quizá no debería sorprendernos que un proceso europeo poco conocido como la Alianza de Productos Químicos Críticos, encargado de identificar qué moléculas químicas y centros de producción son considerados “críticos” para la economía europea y, por tanto, merecedores de apoyo mediante políticas públicas y financiación, parezca encaminado a acabar respaldando a la industria química existente y sus actuales líneas de producción.

Cuando el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, lanzó la Alianza de Productos Químicos Críticos en enero de 2026, lo hizo tras varios años de presión por parte de gobiernos de Estados miembros —con Francia a la cabeza y el apoyo de España— y de la propia industria.

Quizá no resulte sorprendente, por tanto, que el mandato, la estructura y la gobernanza de la Alianza estén diseñados alrededor de los intereses a corto plazo de la industria existente. Como muestra el informe, grandes grupos empresariales de lobby como CEFIC y Plastics Europe tienen un puesto en el Consejo Directivo de la Alianza; la industria ocupa cuatro de los ocho puestos de liderazgo dentro de los grupos de trabajo que impulsan su actividad diaria; y cuenta con una mayoría estructural, superando a las voces de la sociedad civil en una proporción de 16 a 1 en la composición total de la Alianza.

Entre los miembros corporativos de la Alianza se encuentran la Federación Empresarial de la Industria Química Española y el productor petroquímico Repsol, junto con el Gobierno español, que forma parte del Consejo Directivo de la Alianza.

La necesidad de reducir la producción y el uso de sustancias químicas peligrosas está completamente ausente de la Alianza de Productos Químicos Críticos

La Oficina Europea de Medio Ambiente puede dar fe del dominio de la industria, ya que participa en la Alianza como representante de la sociedad civil. Según explica, las organizaciones sociales han sido excluidas de puestos clave de liderazgo, han tenido dificultades para acceder a documentos relevantes antes de las reuniones y se han sentido marginadas durante todo el proceso. Además, expresan una gran preocupación por los posibles resultados de la iniciativa.

El dominio estructural de las empresas se refleja también en la orientación política y el trabajo de la Alianza. La necesidad de reducir la producción y el uso de sustancias químicas peligrosas —la llamada “desintoxicación” del sector— está completamente ausente de la Alianza de Productos Químicos Críticos. Resulta especialmente preocupante que algunas de las sustancias químicas que se preparan para recibir la etiqueta de “críticas” sean petroquímicos y/o sustancias estrechamente vinculadas con cánceres de la sangre, utilizadas para producir poliestireno, perjudicial para el medio ambiente, o el problemático PVC, o que sean precursores de los PFAS.

Además, algunas de estas sustancias ya han sido priorizadas para su regulación dentro del marco de las normas REACH sobre productos químicos. No está nada claro cómo se va a reconciliar la necesidad de regular estas sustancias peligrosas con la concesión de una etiqueta de “criticidad”. Parece evidente que los productores químicos están utilizando este proceso para intentar garantizar que sus propias sustancias y centros de producción sean considerados “críticos”, independientemente del daño que puedan causar a la salud o al medio ambiente.

La sociedad civil ha reclamado a la Comisión que redefina qué significa que un producto químico sea “crítico”: deberían ser aquellos que resulten esenciales para cubrir las necesidades de la sociedad

Mientras tanto, la Alianza promueve “falsas soluciones” frente a la crisis climática, como el reciclaje químico o el hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles, que no permitirán reducir de forma significativa el uso de combustibles fósiles del sector. Y teniendo en cuenta que el 40% de los plásticos de la UE se destinan a envases, resulta increíble que este proceso pueda acabar impulsando una mayor producción de plásticos en lugar de reducirla.

Frente a este enfoque liderado por la industria, la sociedad civil ha reclamado a la Comisión que redefina qué significa que un producto químico sea “crítico”: deberían ser aquellos que resulten esenciales para cubrir las necesidades de la sociedad. Esto abriría la puerta a la desintoxicación y descarbonización del sector químico. Pero para lograrlo será fundamental que no se conceda financiación pública sin condiciones estrictas que garanticen avances reales frente a las crisis climática y de contaminación.

Ha llegado el momento de que la Comisión Europea y los Estados miembros hagan frente al poder de la industria química y desarrollen una política industrial que conduzca hacia entornos más seguros y saludables para la ciudadanía y los trabajadores, y hacia una industria química más limpia y sostenible.

La semana pasada, más de 30 organizaciones escribieron a la Comisión para exigir una reforma fundamental. La pregunta es: ¿escuchará la Comisión?