Israel
Netanyahu acelera los planes de ocupación total de una Gaza diezmada por el hambre

El ejército israelí quiere movilizar a 30.000 reservistas para una nueva expansión de la ofensiva sobre Gaza. Las organizaciones dependientes de la ONU alertan de la hambruna y las enfermedades en un enclave en el que escasea el agua potable.
Exodo Gaza 2
Las fuerzas coloniales israelíes ordenaron a más de un millón de palestinos desplazarse hacia el sur en las primeras semanas de la guerra genocida contra Gaza. Más del 90% de la población de Gaza fue desplazada, muchos de ellos varias veces, en los últimos 15 meses. El 80% de los residentes de la Franja son refugiados de ciudades y pueblos despoblados en 1948 Youssef Zanoun/ActiveStills
6 may 2025 00:01

El gabinete de seguridad israelí ha aprobado un plan para intensificar la operación en Gaza, que incluye la captura o toma de áreas adicionales en todo el territorio costero de Palestina y la expansión de la zona controlada por las FDI. Miembros del Gobierno, como Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, ya usan el término “ocupación” para esclarecer los planes sobre Gaza.

Aunque el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no ha especificado qué parte del territorio forma parte de la nueva escalada, fuentes militares anónimas han asegurado que se trata de ocupar todo el territorio gazatí. La idea lanzada por el régimen sionista, en cualquier caso, es apoderarse del territorio y no devolverlo en el futuro. Hamás se ha negado a contemplar este plan y sigue buscando "un acuerdo integral que garantice la seguridad y la protección de nuestro pueblo”, ha comunicado uno de sus altos cargos.

El anuncio incluye la destrucción de “toda la infraestructura sobre y bajo la tierra”, según declaraciones del jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Israel, Eyal Zamir. La reunión seguía a las órdenes de movilización de 30.000 reservistas emitidas por las FDI el pasado sábado. Israel aumenta con ello la presión sobre Gaza en el mes que está prevista la visita de Donald Trump a Arabia Saudí, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, cuando el presidente de EE UU presentará sus planes de colonización, acordes con los deseos del régimen de Tel Aviv.

El plan constituye también un nuevo desplazamiento forzado de población palestina, cientos de miles de personas, hacia el sur del territorio gazatí. Está previsto que dure meses. El Gobierno del presunto criminal de guerra según la fiscalía de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Benjamin Netanyahu, cuenta dentro de Israel con el principal escollo del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, que ha protestado por lo que consideran priorizar la toma de territorios sobre la vuelta de los prisioneros capturados por Hamás el 7 de octubre.

59 personas permanecen como prisioneros por parte del Gobierno de Gaza, después de que Israel rompiese unilateralmente el alto el fuego el pasado 18 de marzo. El citado foro ha criticado las informaciones sobre la ocupación de Gaza en lo que consideran que se debería llamar el “Plan Smotrich-Netanyahu para el sacrificio de rehenes”, según publicaron en un comunicado.

La principal discusión del gabinete de seguridad se produjo con respecto a la apertura de vías para la entrada de ayuda humanitaria, vías que están cerradas desde comienzos de marzo, dos semanas antes de la ruptura de la tregua.

Según el periódico israelí Haaretz, el otro afectado por las órdenes de detención de la CIJ, Itamar Ben Gvir, abogó por mantener cerradas todas las vías: “No entiendo por qué tenemos que darles nada; allí tienen suficiente comida. Deberíamos bombardear las reservas de alimentos de Hamás”, cita el medio. Una idea que el jefe de Estado mayor consideró “peligrosa”. Según las mismas filtraciones, Ben Gvir abogó asimismo por “bombardear almacenes de alimentos y generadores”.

La Corte Penal Internacional ha recordado que el bloqueo de ayuda humanitaria puede constituir un crimen de guerra. El régimen israelí ha filtrado a prensa que en la nueva escalada se permitiría el paso de ayuda humanitaria a través de “organizaciones internacionales y contratistas de seguridad privada”.

El pasado domingo, 4 de mayo, el Equipo Humanitario de País (EHP), dependiente de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), denunció que durante nueve semanas, las autoridades israelíes han bloqueado la entrada de todos los suministros a Gaza: “Las panaderías y los comedores comunitarios han cerrado. Los almacenes están vacíos. Los niños pasan hambre”.

Dos días antes era Catherine Russell, directora Ejecutiva de Unicef, la que abundaba en la situación crítica que se vive en Gaza. “En el último mes, más del 75% de los hogares han denunciado mayores dificultades para acceder al agua. Las familias no tienen suficiente agua para beber, no pueden lavarse las manos cuando lo necesitan, y a menudo deben elegir entre ducharse, limpiar o cocinar”, dice Rusell en un comunicado. Unicef advierte también de la prevalencia de casos de diarrea líquida aguda, especialmente peligrosos en el caso de la infancia; “más de 9.000 niños y niñas han sido atendidos con tratamiento para la desnutrición aguda”, añade la organización.

A finales de abril, con motivo de las audiencias en la Corte Internacional de Justicia referente al caso de Sudáfrica con Israel, la responsable de Emergencias de Médicos Sin Fronteras, Claire Nicolet, declaró que “las autoridades israelíes no solo están utilizando la ayuda como moneda de cambio, sino como un arma de guerra”.

Desde el 7 de octubre de 2023, 52.567 palestinos han muerto y 118.610 han resultado heridos como consecuencia de los ataques de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza. 2.459 de esas víctimas mortales han sido asesinadas tras la ruptura del alto el fuego de marzo.

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