Italia
El gobierno de Meloni construirá una cárcel italiana para personas migrantes en Albania

Antes de la próxima primavera entrarán en funcionamiento dos estructuras: una para identificar y otra para retener a las personas migrantes. El nuevo protocolo italoalbanés introduce un elemento innovador: bloquear y deportarlas antes de que estas lleguen a poner un solo pie en suelo italiano.
Giorgia Meloni, retrato
Giorgia Meloni, presidenta del consejo de ministros italiano. Foto de la presidencia ucraniana.

El pasado 7 de noviembre saltaba la noticia de que Giorgia Meloni había firmado un acuerdo con el primer ministro de Albania, Edi Rama, para construir un enclave italiano en territorio albanés destinado a “alojar” a personas migrantes “salvadas” en el mar. 

En la presentación del proyecto realizada por ambos dirigentes se informó de que antes de la próxima primavera entrarán en funcionamiento dos estructuras: una en el puerto de Shengjin, dedicada a la recepción, identificación y distribución; y otra en el área de Gjadër, a 20 kilómetros de la costa, dedicada a la retención, por un máximo de 18 meses, tanto de personas que hayan solicitado el asilo en Italia como de aquellas para las que haya sido decretada la expulsión. El acuerdo contempla que la financiación y gestión de ambos centros quedarán a cargo del Estado italiano, mientras que el gobierno albanés deberá garantizar la vigilancia externa.

El acuerdo contempla que la financiación y gestión de ambos centros quedarán a cargo del Estado italiano, mientras que el gobierno albanés deberá garantizar la vigilancia externa

El texto, que consta de catorce artículos y dos anexos, no se dio a conocer hasta hace pocos días, y solo tras una carta conjunta de los principales partidos de la oposición italiana al presidente del Senado. En la introducción del acuerdo se indica que el protocolo tiene como objetivo “reforzar la cooperación bilateral entre las partes en materia de gestión de los flujos migratorios provenientes de terceros países, en conformidad con el derecho internacional y europeo”. Un registro aséptico e institucional que maquilla lo que este acuerdo representa en perspectiva, desde un punto de vista político: un paso más en la batalla contra las personas migrantes y empobrecidas que el Estado italiano mantiene desde hace décadas, transversal a los muchos y diferentes gobiernos que se han sucedido en el país transalpino durante la Segunda República. Un proyecto que la actual primera ministra ha demostrado que está más que decidida a continuar y profundizar. 

De los primeros CIEs a una cárcel para migrantes en Albania

La gestión estatal de los flujos migratorios es uno de los ámbitos en los que los denominados “centroderecha” y “centroizquierda” italianos han seguido una línea común a lo largo de los años. La historia de los “centros de retención para migrantes” —actualmente denominados CPRs (Centros Permanentes para la Repatriación)— es paradigmática en ese sentido. Los primeros CIEs  —Centros de Identificación y Expulsión, predecesores de los CPRs— fueron creados en 1998, poco después de la entrada efectiva del país transalpino en el área Schengen y fruto del trabajo parlamentario de Livia Turco y Giorgio Napolitano (militantes del partido sucesor del viejo PCI).

En aquel texto se establecía la retención forzosa de personas extranjeras no identificadas o a la espera de su expulsión por un máximo de 30 días. Años después, se duplicaría ese tiempo con la ley 189/2002, escrita y propuesta al parlamento por Umberto Bossi y Gianfranco Fini (líderes de la Liga Norte y de la neofascista Alianza Nacional, respectivamente), que introducía además el delito de no cumplimiento de la orden de expulsión. Este último se transformaría en 2009, durante el cuarto gobierno encabezado por Silvio Berlusconi, en el actual delito de clandestinidad.

En 2017, los entonces titulares de Interior y Justicia, Marco Minniti y Andrea Orlando, ambos miembros del Partido Democrático, consiguieron que se aprobara una ley que reforzaba la red de CPRs, estableciendo la construcción de uno de estos centros en cada región del país. Matteo Salvini aportó su granito de arena en 2018 como ministro de Interior por la Liga, extendiendo las funciones de los CPRs a otros lugares (hotspots, comisarías, áreas de espera y tránsito, etc.) y alargando hasta los 180 días el tiempo máximo que las personas migrantes pueden permanecer encerradas en estas estructuras.

La aportación a esta historia del actual gobierno está consistiendo en reforzar notablemente la militarización en la gestión de los flujos migratorios. Recientemente, el ejército ha sido encargado de la construcción de nuevos CPRs como parte de un dispositivo de “seguridad nacional”,  mientras que el reciente acuerdo con Albania otorga nuevas competencias a la Marina y la Guardia di Finanza —ambos cuerpos militares—, que pasarán a realizar, junto con  la Guardia Costera, redadas en el mar, transportado posteriormente a las personas migrantes capturadas —supuestamente, a excepción de menores, mujeres embarazadas y personas “frágiles”— al nuevo enclave balcánico.

El actual gobierno está reforzando la militarización en la gestión de los flujos migratorios: el acuerdo con Albania otorga nuevas competencias a la Marina y la Guardia di Finanza

Actualmente, la actividad de rescate en el mar la llevan a cabo principalmente los barcos fletados por distintas ONGs, cuya acción los partidos del actual gobierno de coalición han intentado obstaculizar de forma sistemática en los últimos años. No obstante, en el nuevo acuerdo se especifica que las personas rescatadas por barcos civiles no serán transportados al nuevo centro extraterritorial. 

Además de profundizar en la militarización, el nuevo protocolo italoalbanés introduce un elemento terriblemente innovador: bloquear y deportar a las personas migrantes antes de que estas lleguen a poner un solo pie en suelo italiano.

Externalizar las fronteras

El acuerdo firmado entre los gobiernos italiano y albanés formaliza la línea “externalizadora” en el ámbito de las políticas migratorias, inaugurada cuando la UE empezó a financiar en Libia los denominados “centros de detención para migrantes” —auténticos campos de concentración— y a la supuesta Guardia Costera del país norteafricano, que ha conseguido limitar el número de migrantes que alcanzan las costas europeas aumentando el número de personas que mueren ahogadas en el mar. El plan albanés afinaría ese sistema, trasladando los mecanismos de deportación ya activos en Italia fuera de sus fronteras, construyendo y gestionando directamente lo que podría considerarse una auténtica cárcel para personas migrantes (más que un CPR, considerando la regulación jurídica excepcional que regulará su funcionamiento, inclusive un tiempo máximo de permanencia de año y medio). Una Ellis Island a la italiana, cuyos costes previstos alcanzarán los 36 millones de euros anuales. 

“El auténtico objetivo es una versión penitenciaria del derecho de asilo […] La defensa [de la persona migrante] a distancia sería poco más que un simulacro. Es una materia delicada que requiere el contacto directo con las personas”, respondía Maurizio Veglio del ASGI (Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración) en una entrevista con il manifesto respecto a la legalidad que efectivamente podría hacerse respetar en el nuevo enclave italiano.

Una de las ventajas de la externalización para el gobierno italiano es que dificulta aún más el control ciudadano de las violencias que se cometen sistemáticamente sobre los cuerpos de las personas migrantes

A nadie se le escapa que una de las ventajas de la externalización para el gobierno italiano es que dificulta aún más el control ciudadano de las violencias que se cometen sistemáticamente sobre los cuerpos de las personas migrantes. Si el enclave llega a construirse, será prácticamente imposible que los reclusos puedan comunicarse con abogados y activistas italianos, como sí sucede ahora a pesar de las muchas dificultades. 

En una entrevista a Radio Blackout, el abogado y copresidente del Legal Team Italia, Gianluca Vitale, explicaba hace unos días que “a pesar de que en la presentación del proyecto se haya dicho que en el CPR extraterritorial la jurisdicción será italiana, no se entiende, aun echándole mucha imaginación, cómo sería posible que eso sucediera […] ¿Qué ocurrirá en caso de que las personas encerradas quieran denunciar violencias? ¿Lo juzgarán jueces italianos? […] Ocurrirá como ocurre ya en los consulados o las embajadas, que nadie puede intervenir realmente […] Probablemente la idea del gobierno [italiano] no es solo escapar al control jurídico-legal, sino también al control social, eliminando la posibilidad de cualquier tipo de intervención desde abajo”.

Albania, motivaciones y reacciones

En la misma introducción del acuerdo se reconoce que una de las motivaciones principales para su implementación es “la perspectiva de adhesión de Albania a la Unión Europea” (en julio de 2022 se celebró la primera Conferencia Intergubernamental entre representantes europeos y albaneses). “Albania no es un miembro de la UE, pero es Europa. Es un Estado europeo y vemos el mundo como europeos”, explicaba el primer ministro Rama en la presentación conjunta del proyecto. En el caso de Croacia, país cercano y miembro comunitario desde principios de este año, su capacidad para funcionar como frontera europea —filtrando violentamente a las personas migrantes en tránsito hacia el Norte— durante sus años como país país candidato ha representado un importate criterio a la hora de dar el visto bueno a su entrada en la Unión. 

“No puede tratarse de [una deportación de migrantes] hacia un país que es candidato a entrar en la Unión Europea”, respondía la primera ministra italiana ante las acusaciones recibidas. Giorgia Meloni declaraba además que “[con este acuerdo] podrán entrar en Italia 36.000 personas al año desde Albania”, con una fórmula legal parecida a la que se utiliza ya para regular el número de ciudadanos extracomunitarios que pueden entrar en el país transalpino por motivos laborales (principalmente para trabajar como temporeros en los campos del sur). Una cuestión relevante para Albania, desde cuyo territorio emigran desde hace décadas miles de personas hacia el otro lado del Mar Adriático en busca de trabajo.

A pesar de estos beneficios, la oposición parlamentaria albanesa ha rechazado el acuerdo. El líder del Partido Democrático del país balcánico, Lulzim Basha, ha anunciado que estudiarán un posible recurso al Tribunal Constitucional, además de haber denunciado la falta de colaboración parlamentaria para un acuerdo tan relevante en el ámbito de la política exterior. 

La acogida del acuerdo por parte de la burocracia europea

Aludiendo a las muchas normas que el acuerdo parece violar, diversas voces han sugerido que el acuerdo representaría más un intento de romper ciertos obstáculos legales y tabúes de imaginario que un plan ejecutable a corto plazo. Algo parecido a lo que ha ocurrido en Reino Unido, con el intento del gobierno de deportar a Ruanda a solicitantes de asilo, proceso que se encuentra temporalmente suspendido tras sentencias in extremis del Tribunal de Apelación británico y del Tribunal de Estrasburgo. El argumento principal de estas sentencias ha sido la consideración de Ruanda como país “no seguro”, juicio no del todo claro en el caso de Albania.

En cualquier caso, los primeros contactos del acuerdo entre Italia y Albania con el aparato burocrático europeo han generado pocas fricciones. Este martes, el mismo día que el parlamento albanés ratificaba el acuerdo, Ilva Johansson, comisaria europea de Asuntos de Interior, comunicaba la opinión de su departamento jurídico. Aun con un lenguaje ambiguo y subrayando que era “preliminar”, Johansson dejó claro que la evaluación no había sido en absoluto negativa. Según la representante europea, el acuerdo entre Italia y Albania se encuentra “fuera del derecho comunitario”, pero “no viola el derecho comunitario […] El derecho comunitario no es aplicable fuera del territorio de la UE […] Sabemos que el derecho italiano es coherente con el derecho comunitario y, según el acuerdo, en Albania se aplicará el derecho italiano”. Una apelación a la propiedad transitiva que fue corroborada al día siguiente por un portavoz de la Comisión Europea: “Las reglas comunitarias en materia de asilo se aplican al territorio de los Estados miembros, incluidas sus aguas territoriales. [Por tanto] no resulta incoherente con el derecho comunitario que un migrante, recogido en aguas internacionales, pueda ser trasldado a Albania en base a un acuerdo entre Italia y Albania”.

Los primeros contactos del acuerdo entre Italia y Albania con el aparato burocrático europeo han generado pocas fricciones y si el proyecto consiguiera seguir caminando el ejemplo podría cundir en el panorama europeo occidental

Este primer espaldarazo europeo al plan del gobierno italiano ha sido recibido con satisfacción por parte del ministro de Asuntos Europeos, Raffaele Fitto: “Palabras claras que acallan todas las polémicas”. No obstante, representantes de la mayor parte de partidos de la oposición han exigido la celebración de un debate parlamentario específico: “El artículo 80 de la Constitución indica que los acuerdos internacionales de naturaleza política que prevean modificaciones profundas a nivel judicial, territorial o financiero han de ser sometidos a la ratificación del parlamento” .

Si el proyecto consiguiera seguir caminando sin demasiados obstáculos, el ejemplo podría cundir en el panorama europeo occidental, desatando una carrera a la búsqueda de países favorables a recibir la externalización de los mecanismos de represión y deportación de personas migrantes. En ese sentido, la mera presentación del proyecto funciona ya como propaganda, hacia dentro y hacia fuera, de la misma forma que lo fue la declaración de estado de emergencia con el pretexto de gestionar los flujos migratorios del pasado abril

Está por ver si la base normativa del acuerdo entre Italia y Albania consigue superar hasta el final la oposición de las áreas más progresistas de la justicia y la política italianas y europeas, o bien cuánto les cuesta a sus promotores superar esos escollos. 

Por otro lado, el abogado Gianluca Vitale considera que desde el mundo activista y militante en el ámbito de las migraciones “hay que mantener alta la guardia […] Resulta muy difícil reaccionar, por la velocidad con la que llegan este tipo de intervenciones, porque estás pensando en cómo reaccionar a un decreto ley y te encuentras con que quieren construir un campo de concentración en Albania […] Ese es precisamente uno de sus objetivos: lanzarnos de todo encima para que no podamos seguir luchando […] Pero hay que seguir luchando, todos los días, en todos los frentes”.

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