Italia
El gobierno de Meloni usa las raves como excusa para limitar la protesta

El primer decreto de la era de los Hermanos de Italia en el Gobierno es una modificación del artículo 434 del Código Penal añadida al calor de una polémica rave y que amenaza con limitar el derecho a la desobediencia no violenta.
Rave Toscana
Rave en la frontera entre Lazio y Toscana, agosto de 2021.

El mecanismo no es nuevo, pero no por ello resulta menos eficaz. Un evento es mediatizado hasta la exasperación, mucho más allá de su nivel real de noticiabilidad, llegando a convertirse en la primera noticia del telediario de la televisión de todos. Una vez aumentada la percepción de inseguridad en la opinión pública, se legisla de forma exprés no solo sobre el hecho específico (lo cual sería ya grave), sino incluyendo también una serie de casos relacionados con la libertad de reunión, dando amplia discrecionalidad a las autoridades policiales para prevenir y perseguir prácticas que forman parte de la normal dialéctica de la protesta. El evento en este caso podría haber sido el encuentro neofascista que tuvo lugar en Predappio (pueblo natal de Benito Mussolini y actual museo al aire libre de su régimen) para celebrar el centenario de la Marcha sobre Roma pero, por algún motivo, el gobierno ha preferido utilizar una rave organizada en un edificio abandonado de las afueras de Módena.

Se trata del primer decreto aprobado por el gobierno de Giorgia Meloni, que amplia la legislación vigente sobre distintos temas. Entre ellos, añade un párrafo al artículo 434 del Código Penal para modificar la definición de “invasión de terrenos o edificios”, la cual pasa a consistir en “la invasión arbitraria […], cometida por un número de personas superior a cincuenta, con el objetivo de organizar una concentración, cuando de ésta pueda derivarse un peligro para el orden público, la incolumidad pública o la salud pública”. El decreto incrementa también las penas previstas para este tipo de delito: “Cualquier persona que organizara o promoviera [una invasión de terreno o edificio] será sancionada con una pena de reclusión de entre tres y seis años, y con una multa de entre 1.000 y 10.000 euros. Por el mero hecho de participar en la invasión, la pena será menor”. Por último, en el nuevo artículo se establece que “se ordenará siempre la confiscación de los objetos que […] hayan sido utilizados para cometer el delito descrito anteriormente, además de aquellos utilizados en esos mismos casos para llevar a cabo la finalidad de la ocupación”.

Una persona acusada de haber organizado una fiesta en un lugar abandonado podría ser condenada a una pena mayor que otra persona acusada de haber robado de las arcas pública en beneficio propio

Desde distintos lugares se han alzado fuertes críticas contra este decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 31 de octubre, y por tanto ya vigente. En primer lugar, diversos juristas han señalado que la formulación es demasiado amplia, haciendo aplicable el artículo 434 a concentraciones o eventos de tipo político. En segundo lugar, ha llamado la atención la severidad de las penas. Para hacernos una idea, las leyes italianas prevén una pena de entre uno y seis años de prisión para el delito de corrupción. Así, una persona acusada de haber organizado una fiesta en un lugar abandonado podría ser condenada a una pena mayor que otra persona acusada de haber robado de las arcas pública en beneficio propio. Además, al situar la pena máxima en los seis años de prisión, la ley permite automáticamente las interceptaciones durante la fase de investigación, algo que ha hecho reaccionar a diversos grupos de juristas y abogados de corte garantista, incluidos algunos internos a la mayoría parlamentaria de derechas.

“Quiero asegurar a todos los ciudadanos que no negaremos a nadie la posibilidad de expresar posiciones críticas”. Las declaraciones de Giorgia Meloni en la presentación del decreto no han convencido, recibiendo críticas por parte de todos los partidos de la oposición parlamentaria, a excepción de los liberales de Matteo Renzi y Carlo Calenda (que probablemente esperan aún conseguir algún tipo de colaboración directa con el gobierno). Algunos periodistas especializados han indicado que todo apunta a que el texto será modificado en su conversión en ley, cuya tramitación se inició ayer en el Senado.

No obstante, la preocupación es creciente, especialmente en los ambientes antagonistas y de lucha social. No es para menos. Por como ha sido reescrito, el artículo podría aplicarse a multitud de contextos de protesta y cultura alternativa: institutos, universidades, fábricas, luchas ecologistas en ámbito rural, centros sociales ocupados, etc. Casi cualquier evento que implique a más de cincuenta personas podrá ser objeto del artículo 434, bastará que las autoridades competentes (prefecturas y cuesturas locales) consideren que una concentración puede representar un peligro “para el orden público, la incolumidad pública o la salud pública”. Así, la policía dispondrá de mayor legitimidad legal para reprimir eventos como una ocupación universitaria o una manifestación no autorizada de trabajadores en huelga, por no hablar de cualquier tipo de fiesta autoorganizada.

Una última modificación incluida en el decreto ya conocido como “antiraves” ha pasado más de puntillas en el encendido debate mediático. Se trata del añadido de una línea para que se puedan aplicar las “medidas de prevención” contenidas en las leyes antimafia a las personas acusadas del delito de “invasión de terrenos o edificios” tipificado en el artículo 434. Esta equiparación legal entre crimen organizado y protesta social no es algo nuevo en el panorama italiano. Su origen se remonta al denominado “código Rocco”, un conjunto de normas penales aprobadas en 1931 por el régimen de Mussolini que formalizaba una concepción del Estado fuertemente autoritaria. Un ejemplo representativo son las órdenes de alejamiento de una ciudad o área específica (foglio di via) de personas consideradas socialmente peligrosas, una medida prevista también en la Ley de vagos y maleantes española (establecida en 1933 por la Segunda República y extendida ampliamente durante el régimen franquista). El decreto aprobado por el Consejo de Ministros encabezado por Giorgia Meloni transforma en doctrina legal los principios aplicados en diversas operaciones llevadas a cabo en los últimos meses por la policía italiana.

En el debate mediático de estos días, han sido escasas las voces de ravers. Una de éstas ha sido la de Dj Orz, miembro de la crew romana Kernel panik, activa desde hace más de 25 años. En una entrevista a Il Manifesto, declara que “siempre hemos sido perseguidos, y así seguirá siéndolo, pueden parar un sound [system] o diez, pero siempre estaremos preparados para volver […] Tampoco la confiscación de instrumentos es una novedad […] Los periódicos repiten siempre las mismas cosas, me hace casi gracia, porque la realidad es que los hijos de esa clase dirigente acaban viniendo a nuestros eventos. Las raves no se pararán y estas nuevas normas no nos dan miedo, creo que es más humo en los ojos que otra cosa”.

En suma, el decreto “antiraves” representa una profundización —no una novedad— en la represión por parte del Estado de formas culturales fuera del mercado y de formas de protesta que a menudo ponen en jaque su capacidad de gestión de la sociedad. Además, podría interpretarse la nueva norma como una herramienta de control de comportamientos y formas de organización típicos de una juventud cada vez más movilizada.

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