Fiscalidad
Creciente redistribución y progresividad de la renta con suficiencia fiscal

La economía española lleva 4 años de crecimiento económico. Seguramente, el año 2017 se cerrará con un aumento del PIB anual próximo al 3%. Será el cuarto año consecutivo de subida. En los anteriores tres creció entre el 2,1 y el 3,3%, superando a su vez la recesión de los seis años anteriores. Pero la percepción ciudadana es que no llegan los resultados a la gente. Y así es. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, la pobreza no sólo no baja, sino que tiende a incrementarse: está en el entorno del 22% y los hogares con dificultades económicas para terminar el mes son más de un 1/3 del total. Hay un cúmulo de estadísticas expresando lo mismo: salarios devaluados, precariedad laboral, desocupación, pobreza energética, número de becarios, pensiones a la baja, dependencia, etc.

Si el Estado no redistribuye la renta generada, el crecimiento económico no llegará nunca a los excluidos. Pero la reasignación de los recursos a través del Estado tampoco llegará a los ciudadanos más débiles sino hay suficiencia fiscal y tributaria para financiar el gasto social. Y, en tercer lugar, no habrá efectos sociales del crecimiento si recaudación de los ingresos públicos no se hace de forma más justa: lo más ricos, en patrimonio e ingresos paguen un porcentaje mayor de los impuestos.

El análisis económico convencional equipara conceptualmente los ingresos del trabajo y las rentas del capital con el argumento de que ambos, trabajadores y empresarios son, los dos, agentes de la economía. Hay quien considera socialmente justa una economía dónde la renta nacional se reparta por igual entre trabajadores y empresarios. Por ejemplo, los Pactos de la Moncloa de 1977, que fundamentaron los acuerdos sociales y económicos de la transición democrática, consideraron apropiado establecer como objetivo macroeconómico a conseguir en los años siguientes una distribución del ingreso al 50% entre los agentes económicos. Sin embargo, desde el inicio de la crisis de la gran recesión en 2008 la participación de los asalariados en la renta nacional ha caído del 51,6% en dicho año al 47,8% en 2016, casi 4 puntos porcentuales: pasó en términos absolutos de 561.000 millones a 535.000 millones de euros: 26.000 millones menos para el bolsillo de los que sólo viven de las rentas del trabajo. No es justo que la mayoría social de este país, que son los trabajadores, no sean perceptores de una proporción mayor de la tarta de la renta nacional. Seguramente la explicación de la regresión del trabajo asalariado, en términos de participación en el ingreso, una parte, está en la devaluación salarial. Los importes medios de los que cobran los trabajadores en 2016 no alcanzan a lo que cobraban en 2009.

En cualquier caso, la capitalización en innovación tecnológica impulsada por la crisis redujo coste de producción, expulsó a trabajadores de la producción y los reemplazo por máquinas. Esto hizo descender la masa de asalariados en la economía y redundó en un aumento de la productividad cuyo beneficiario exclusivo ha sido los empresarios. La gran recesión se sumó y agravó cíclicamente la redistribución negativa de la renta de los españoles impulsadas por las políticas económicas regresivas del Gobierno.

Las reformas estructurales impulsadas en la economía española después de la crisis iniciada hace 10 años, en 2008, sólo resultaron eficaces para el rescate de la quebrada banca privada, 100.000 millones, las ruinosas autopistas de pago, 5.500 millones y el lucro del capital privado, el excedente de explotación entre 2010 y 2016 creció en 26 mil millones. En cambio, como hemos señalado más arriba impactaron negativamente en los trabajadores españoles, las familias en situación de exclusión social, los jóvenes y los ciudadanos dependientes. Es decir, sólo estructuraron, o mejor dicho reestructuraron el flujo de la actividad económica a favor de los intereses del capital en detrimento de los trabajadores con las con los resultados de un incremento severo de la pobreza de las familias españolas. 

El mantra de las reformas se ensañó en recortes, con aquellos gastos públicos y subvenciones que las familias necesitan complementariamente para vivir con un mínimo de dignidad

Además, el mantra de las reformas se ensañó en recortes, con aquellos gastos públicos y subvenciones que las familias necesitan complementariamente para vivir con un mínimo de dignidad: la salud y la dependencia significativamente. El deterioro, con todo, llego a todos los rincones de los presupuestos sociales alcanzando a las infraestructuras y personal: tenemos menos médicos, enfermeras, docentes, becas, peores instalaciones hospitalarias y educativas; la calidad de todos los servicios se ha visto intensamente dañada. Todos estos ajustes fueron demoledores para la mayoría social. Las reformas estructurales en el ámbito del Estado van en el mismo sentido que el argumentado más arriba: cargarse el gasto social. El gobierno lo considera improductivo porque no lucra privadamente. Postula beneficiar al capital con reducción de cotizaciones, exenciones y amnistías fiscales al capital y al patrimonio, precarización de los contratos laborales y un largo etcétera, siempre en la misa dirección. El equilibrio presupuestario en el que fundamentan el austericidio es una excusa. No tienen límite cuando endeudan al estado para salvar las cuentas de los bancos y las constructoras. Y las inversiones atraídas por los regalos fiscales ni se ven, ni el mercado de trabajo las registra. 

Nunca de esta forma llegará el crecimiento a beneficiar a la que hemos llamado mayoría social o ciudadanía excluida: uno porque la tendencia del sistema es reducir la presencia del trabajo humano en la actividad productiva y la renta de los asalariados y los expulsados de la actividad económica, dos porque el ajuste se centra en el recorte severo de los gastos sociales y tres por reforzar la inequidad de los tributos cargando la fiscalidad en los más débiles y exonerando a los poderosos impunemente permitiendo la evasión y las amnistías fiscales.

Un aumento de la inclusión social derivado del crecimiento de esta economía sólo puede producirse si se hace lo contrario: se redistribuye las rentas de la economía a favor de los más precarios y garantizando los ingresos y el bienestar a los ciudadanos mediante prestaciones sociales: sanidad, educación y dependencia; a través del acceso a los servicios básicos: agua, energía y saneamiento e invirtiendo en infraestructuras y capital social. La suficiencia de recursos impositivos para financiar todo esto es imprescindible y la forma democrática de recaudarlos sobre los que más tienen fundamental. Conclusión: fortaleza tributaria y fiscal, redistribución de los ingresos y gastos públicos para que el crecimiento económico pueda llegar a beneficiar a la mayoría social y excluida.